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Fernando Móner, presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU)

Móner (CECU): “La guerra de precios alimentaria perjudica más que beneficia”

Fernando Móner, presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), reflexiona en la tercera y última parte del ‘Especial alimentación’ de Economía 3 acerca del papel del consumidor en la cadena alimentaria.

Además, Móner pone sobre la mesa otras cuestiones como las ventajas y desventajas de la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, la llamada ‘guerra de precios’ o los beneficios para el consumidor.

La reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria: ¿ventaja o desventaja?

– En vuestra opinión, ¿cuáles son las ventajas y desventajas que incluye esta nueva reforma de la ley de la Cadena Alimentaria? ¿Beneficia o perjudica al consumidor?

Tanto la ley como su reforma tienen un objetivo de transparencia en las relaciones comerciales y sus diferentes eslabones. Por eso, merecen una valoración general positiva. Aunque necesitado de algunas modificaciones, el marco legal –la teoría–, podría parecer la adecuada, pero será la práctica la que nos permita verificar que ningún eslabón de la cadena puede imponer sus intereses al resto, que todos los derechos estén a salvo, especialmente los de los consumidores.

En los últimos meses se ha puesto en valor la cadena alimentaria por su trabajo y responsabilidad en tiempos de pandemia. Debemos trabajar para que eso se mantenga en el tiempo.

– ¿Piensan que sigue siendo caro el viaje de los alimentos del campo a la mesa?

El consumidor no está pagando precios bajos y, además, estamos intentando generar cambios en sus hábitos de consumo hacia productos de proximidad y estacionales para coadyuvar en términos de sostenibilidad. El problema no son tanto los precios como la transparencia en la cadena, los intermediarios y los márgenes de unos y otros. La Innovación, la eficiencia… Son términos por los que se debe apostar para que ese viaje no sea caro o barato, sino justo.

Agricultura

En busca de “precios justos

– ¿Consideráis que esta nueva ley es una herramienta eficaz para conseguir precios justos para todos?

Es difícil saber si tras la reforma y después de unos años se conseguirá que todos los eslabones esbocemos una sonrisa. Lo primero a determinar es qué es un precio justo y qué factores lo determinan. Para nosotros, algo es justo si es sostenible en el tiempo para todos los eslabones de la cadena. También, si se salvaguarda en todo el proceso de fijación los derechos de los consumidores.

Para ello es imprescindible que las organizaciones de consumidores formen parte del proceso. El artículo 51 de la Constitución nos reconoce el derecho a ser oídos en las cuestiones que afecten a los consumidores y no vamos a hacer dejación de ese derecho.

– La nueva Ley no marca una serie de precios mínimos. El Ministerio de Agricultura publicará índices orientativos de precios para distintos productos. ¿Cómo valoráis esta cuestión?

Si tenemos unas leyes de competencia y unos órganos que velan por ella parece lógico que no se puedan fijar precios mínimos. La clave es mejorar en el conocimiento del proceso de fijación de precios según el coste de producción, transformación y distribución.

De esa manera, como consumidores tendremos más elementos de juicio que nos permitirán una elección más responsable, racional y eficaz con el mercado agroalimentario, optando por apoyar a los que potencian la equidad, la responsabilidad, la solidaridad, el respeto al medioambiente…

Agricultura. Tractor. Cultivos.

La ‘guerra de precios’

– La ‘guerra de precios’ llevada a cabo por parte de algunas cadenas de supermercados, ¿cómo repercute en el consumidor? ¿Se resuelve esta situación con la nueva Ley?

Las guerras de precios a medio y largo plazo nos perjudican más que benefician, al igual que unos precios que están por debajo del coste. Lo que verdaderamente beneficia a los consumidores es la competencia sana y leal, respetuosa con sus derechos, escrupulosa en las obligaciones de cada parte e impecable en la relación calidad-precio.

También, que haya eficiencia en los procesos y logística, unos precios justos y adecuados que faciliten el acceso a los productos a todas las capas de población, junto con grandes dosis de transparencia e información clara y veraz. Si la reforma de la ley va a resolver esta situación lo veremos con el tiempo.

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