Hasta el 19 de marzo personas, entidades, organizaciones o asociaciones podrán hacer llegar al Ministerio de Asuntos Económicos, observaciones, comentarios y propuestas (consultaleyempresas@economia.gob.es) a la consulta pública lanzada en su web de cara a la elaboración de un proyecto de Ley de impulso a la creación y crecimiento empresarial y mejora del clima de negocios.

En este sentido el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha propuesto eliminar el requisito de capital mínimo de 3.000 euros para la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada, permitiendo su constitución con 1 euro de «capital funcional»

Abaratar costes

Tal y como explica el documento, uno de los costes de creación de una empresa es el capital social, que en el caso de una sociedad de responsabilidad limitada (SRL) debe ser como mínimo de 3.000€.

Para facilitar la creación de sociedades, la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, introdujo el régimen de formación sucesiva con un capital social inferior a los 3.000€.

Sin embargo, este régimen ha tenido una escasa utilización: de las 93.546 SRL constituidas en 2019, únicamente 126 fueron sociedades en régimen de formación sucesiva.

Lo cierto es que la reforma busca promover la creación de empresas al abaratar el coste de constitución de SRL y eliminar las distorsiones que la exigencia de un importe de capital mínimo lleva aparejadas, permitiendo su constitución con 1€ de capital (funcional).

Esta modificación se introduciría mediante una reforma del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital que llevaría asociada la supresión del régimen de formación sucesiva de SRL.

Prioridad telemática

Por otra parte, en un contexto crecientemente digital, resulta preciso establecer procedimientos que permitan la creación de empresas de forma enteramente digital.

En efecto, la Directiva de digitalización (Directiva 2019/1151) obliga a los Estados miembros a que una SRL pueda registrarse online en su totalidad en un plazo máximo de 10 días, sin necesidad de comparecencia física del constituyente cuando sea un ciudadano de la Unión Europea.

Adicionalmente, introduce otras medidas, como las dirigidas a garantizar que las sociedades puedan presentar a lo largo de toda su vida la información al registro mercantil en formato electrónico, o la obligación de que los registros estén en disposición de responder a requerimientos sobre las empresas en formato electrónico.

En cuanto a las cargas administrativas, el Gobierno entiende como preciso analizar una mayor reducción de cargas administrativas para las empresas en forma de una mayor sustitución de autorizaciones o sistemas de control ex ante de la actividad económica por declaraciones responsables.

Por ejemplo, la Ley 12/2012 ya estableció que, para una serie de actividades que se prestan en establecimientos de menos de 750 metros cuadrados, debían sustituirse las licencias de actividad por declaraciones responsables.

Ley de Morosidad

Otra parte de la consulta atañe a las condiciones de pago reales entre los negocios, ya que no siempre se cumplen los plazos máximos de pago generales de 60 días entre empresas, fijados en la normativa. Esta situación entiende el Gobierno que genera tensiones financieras en el tejido empresarial de nuestro país, especialmente en las pymes.

Opina que se constata un desequilibrio de poder entre grandes y pequeñas empresas; al entender que las empresas más pequeñas tienen una probabilidad más alta de aceptar unos plazos de pago más largos o de que les sean impuestos por parte de empresas más grandes, debido al temor a deteriorar las relaciones comerciales.

Es por ello que en caso de incumplimiento, la mayoría de las empresas no exigen las penalizaciones previstas en la normativa, como la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago.

El Gobierno prepara el cambio hacia una “cultura de pago sin demora” mediante directrices en materia de publicidad y transparencia de los plazos de pago, potenciando mejores prácticas empresariales y reforzando el cumplimiento de la normativa nacional a través del establecimiento de: un sistema de incentivos, un sistema de infracciones y sanciones o de un sistema extrajudicial de resolución de conflictos.

No obstante, desde la Asociación Española de Factoring (AEF) rechazan multar a empresas que paguen fuera del plazo y alertan que muchas irán a concurso.

En este sentido la AEF defiende fórmulas como la cesión de facturas, un método por el cual el cliente puede tener liquidez inmediata, sin esperar a que el proveedor realice el pago.

La futura ley es una de las reformas contempladas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y responde a las recomendaciones específicas de los organismos internacionales para mejorar el marco regulatorio, el clima de negocios y los mecanismos de financiación para aumentar la escala, la eficiencia y la productividad del tejido empresarial español.