El pasado 15 de noviembre entró en vigor la Ley 7/2020, de 13 de noviembre, para la transformación digital del sistema financiero. Dicha ley contempla un conjunto de medidas para tratar de acompañar la transformación digital del sistema financiero y facilitar el proceso innovador. Se busca lograr un desarrollo más equitativo mediante un mejor acceso a la financiación y captación de talento en un entorno tecnológico altamente competitivo, con la garantía de que las autoridades dispongan de instrumentos adecuados para seguir cumpliendo óptimamente con sus funciones en este nuevo contexto digital.

La Ley regula un entorno controlado de pruebas, o “sandbox”, que permita llevar a la práctica proyectos tecnológicos de innovación en el sistema financiero con pleno acomodo en el marco legal y supervisor. Para ello se aprobarán proyectos innovadores de base tecnológica en el ámbito financiero, con usuarios reales, bajo el control y supervisión de la autoridad competente durante un periodo de tiempo determinado y con unos requisitos específicos.

Desde que se anunciara en febrero de este año en el Consejo de Ministros la aprobación del Proyecto de Ley, esta iniciativa ha sido recibida de manera muy positiva por el sector financiero, las fintech y las insurtech. Todo ello teniendo en cuenta la experiencia de Reino Unido, país pionero, que desde 2015 cuenta con un marco regulatorio que le permite tener uno de los sandboxes más exitosos a nivel mundial.

Al Sandbox accederán los proyectos que aporten una innovación de base tecnológica aplicable en el sistema financiero

Actores que intervienen y procedimiento

Al espacio controlado de pruebas podrán acceder todos aquellos proyectos que aporten una innovación de base tecnológica aplicable en el sistema financiero, promovidos por un promotor (persona física o jurídica que individual o colectivamente solicite la iniciación de un proyecto piloto propio). En relación con el estado del proyecto piloto, la Ley señala que el proyecto debe encontrarse suficientemente avanzado, es decir, aquellos que presenten un prototipo que ofrezca una funcionalidad mínima para comprobar su utilidad y una potencial utilidad o valor añadido sobre los usos ya existentes.

La Secretaría General del Tesoro establecerá semestralmente, mediante resolución, una fecha límite para la admisión de solicitudes, que deberán ser presentadas por los promotores interesados. Las solicitudes recibidas se trasladarán a las autoridades supervisoras que resulten competentes por razón de la materia del proyecto (Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores o la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones), a fin de que puedan efectuar la evaluación y emitir un informe motivado que deberá incluir una calificación del proyecto como favorable o desfavorable.

Dentro de los tres meses siguientes a la publicación de la evaluación previa favorable, se deberá suscribir un protocolo de pruebas entre el promotor y la autoridad o autoridades supervisoras designadas responsables del seguimiento del proyecto. Dicho protocolo y la Ley constituyen el régimen jurídico aplicable a las pruebas que se realicen en el “sandbox”.

Además, teniendo en cuenta que las pruebas se realizan con usuarios reales, la Ley prevé un régimen de garantías y protección de los participantes, tales como: consentimiento informado y protección de datos personales; derecho de desistimiento; responsabilidad exigida al promotor; garantías que cubran la responsabilidad por daños y perjuicios en los que pudiera incurrir dicho promotor; confidencialidad; seguimiento del supervisor durante todo el proceso; y la posibilidad de interrumpir las pruebas en el caso de que existiese incumplimiento del régimen jurídico aplicable a las pruebas o del deber de buena fe del promotor durante la realización de las pruebas.
Se espera entonces que este “sandbox” facilite la colaboración entre entidades del sector bancario y “fintechs” en beneficio de los usuarios.