Los municipios y grupos políticos más divididos si cabe tras la votación

El Gobierno se aferra a encontrar fórmulas que contenten a los ayuntamientos

Algunos echan en cara que el Gobierno debería haber dejado en suspenso la Ley de Estabilidad Presupuestaria, como está previsto para situaciones de crisis como lo es la pandemia, y como ha hecho Bruselas con el Pacto de Estabilidad

Archivado en: 

El alcalde de Alicante (segundo por la derecha) junto al de Madrid en las proximidades de las Cortes.

Después de que el Congreso de los Diputados haya derogado este jueves el decreto ley de los remanentes municipales que había aprobado previamente el Gobierno, con el rechazo de toda la oposición, perdiendo la votación sobre la convalidación de esta fórmula para que los ayuntamientos pudieran usar su superávit acumulado, el Ministerio de Hacienda podría buscar nuevas vías para alcanzar un nuevo acuerdo, tal y como le ha pedido la oposición.

“El Gobierno no puede permitirse decir que no hay segundas oportunidades”, ha dicho Gerardo Pisarello, diputado de En Comú. Incluso algunos de sus socios de investidura le han animado a derogar el artículo 135 de la Constitución y la Ley de Estabilidad Económica y Presupuestaria impulsada en su día por el PP, también conocida como ‘Ley Montoro’.

Si bien el diputado de Junts, Ferran Bel ha defendido que se pueden alcanzar soluciones sin cambiar ese artículo 135 de la Carta Magna, y ha animado a Montero a “tragarse el orgullo” y a aprobar un nuevo texto eso sí “con garantías de ser convalidado”. “No hace falta modificar el artículo 135 para que los ayuntamientos puedan incorporar sus remanentes sin que les afecte a la estabilidad presupuestaria, es posible técnicamente”, ha concretado el también profesor de Hacienda Pública.

Cabe recordar que la fórmula arbitrada por el Ministerio de Hacienda para sortear el impedimento legal de que los municipios gasten ese dinero sin incurrir en un déficit posterior en sus cuentas, fue que cediesen los remanentes de manera voluntaria al Ejecutivo, y que este se los devolvería después en dos fases. Así entre este año y el siguiente recibirían un 35% de los primeros 5.000 millones, y el resto, hasta 15.000, en los próximos 15 años.

joan-baldoví

Joan Baldoví

La propuesta que no contó con consenso en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y se aprobó con el voto de calidad de su presidente, fue también criticada porque dejaba fuera a los ayuntamientos que no tenían ahorros o no querían cederlos. A pesar de las nuevas compensaciones previstas y de los esfuerzos de la Ministra Mª Jesús Montero –al establecer que un fondo perdido de 5.000 millones se distribuyera, en un 60%, siguiendo criterios de población, lo que permitiría financiar también a los ayuntamientos que no tuvieran ahorro acumulado o se negaran a cederlo, y en un 40% sobre la base de los remanentes–, no ha contado con el apoyo necesario del Congreso que ha tumbado el texto.

El presidente del PP de la provincia de Valencia, Vicente Mompó, ha defendido el derecho a “mantener la autonomía financiera de los entes locales” frente a la pretensión del Gobierno “de confiscar” el superávit y el remanente de tesorería de los ayuntamientos.

A su juicio es necesario “abrir un proceso de diálogo con el Ministerio de Hacienda para que los ayuntamientos reciban ayudas estatales para hacer frente, entre otras cuestiones, a las dificultades económicas derivadas de la pandemia”, al tiempo que ha recordado que el Gobierno ya ha dado ese paso con las Comunidades Autónomas creando un fondo de 16.000 millones para repartirlo entre todas.

Así, coincidiendo con Isabel Bonig que ha pedido a Puig una línea específica para los ayuntamientos en los PGV, ha destacado la necesidad de impulsar una nueva financiación local en la que se contemple también un fondo específico para ayudar a sufragar el transporte municipal.

Mompó ha reclamado igualmente “la ampliación del plazo de las inversiones financieramente sostenibles, así como la eliminación de la regla de gasto, al menos, para los dos próximos años”.

 

Unas medidas que ha concretado el alcalde de Alicante de su mismo partido, Luis Barcala que se ha desplazado este jueves hasta el Congreso junto a otros alcaldes: “La eliminación de la regla de gasto para los años 2020 y el 2021, libertad para el uso de los remanentes (en cuanto al objeto al que destinar el gasto), generar un fondo para cubrir el déficit del transporte y ampliación de los plazos de ejecución de las Inversiones Financieramente Sostenibles de 2018 y 2019”.

Luis Barcala ha remarcado que “la única alternativa es que el Gobierno apruebe en Consejo de Ministro un nuevo Real Decreto Ley, que recoja nuestras reivindicaciones”.

Otra de las fórmulas posible que ha recordado el alcalde citando al propio Cristobal Montoro es que el Gobierno debería haber dejado en suspenso la Ley de Estabilidad Presupuestaria, como está previsto para situaciones de crisis como lo es la pandemia, y como ha hecho Bruselas con el Pacto de Estabilidad, y haber dejado de aplicar la regla de gasto y la limitación del déficit.

Sin embargo, el alcalde de Elda y presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Rubén Alfaro, ha lamentado la falta de altura de miras de algunos alcaldes para que los ayuntamientos pudieran haber atendido necesidades básicas de sus vecinos.

remanentes

Congreso de los Diputados.

No minar al municipalismo

Opina que esta ha sido una estrategia de desgaste al Gobierno “con una consecuencia lamentable para los ayuntamientos” “y que genera más incertidumbre si cabe a la gran incertidumbre social, económica y sanitaria que vivimos”, “en ninguno de los borradores que ha habido, el bloque que se ha opuesto ha planteado fórmulas alternativas”, ha puesto de relieve Alfaro.

La ilustración del PP de que el “padre le quita los ahorros a sus hijos”, es interpretada por Alfaro como una filosofía que mina el municipalismo, pues a su juicio cabe defender el mismo nivel administrativo que el de las CCAA y la administración central, “y no tratar a los ayuntamientos como menores de edad que hay que tutelar”.

Los 5.000 M integros por población

El diputado valenciano Joan Baldoví, de Compromís, que ha votado en contra en el Congreso, ha criticado que se forzara un “acuerdo con forceps” en el seno de la FEMP y ha reprochado a Montero su intento de “culpabilizar a la oposición”, exigiendo al Gobierno que deje de “negociar a última hora y con nocturnidad”. “Aprendan que tiene aliados, no palmeros”, ha enfatizado. “A decreto muerto, decreto puesto, si negociamos seguro que podemos encontrar soluciones”, se ha mostrado optimista.

En declaraciones a Economía 3 ha lamentado que solo se les diera una alternativa, cuando su formación entiende que de esos 5.000 millones “no se le podía privar ni un solo euro al conjunto de los ciudadanos”: “un ciudadano no tiene la culpa de vivir en un pueblo que no tiene remanentes o tiene deuda y por tanto no podría entrar en el reparto”.

Demandan de este modo un fondo municipal  –que empiece por esos 5.000 millones– y se reparta en función de la población, pues consideran que es lo más justo.

“Si el Estado tiene realmente la voluntad de liberar esos remanentes improductivos que tienen los ayuntamientos y no se pueden dedicar a combatir los efectos de la crisis, hay otras maneras de hacerlo posible, no solo esta la alternativa del préstamo“, ha dicho Baldoví a este medio. Según Baldoví: “hay otras maneras porque estamos en una situación inédita y en situación extremas pueden haber alternativas y medidas más imaginativas”.

En los aspectos que sí se habían alcanzado acuerdos, como en el fondo de compensación para el Transporte municipal, Baldoví cree que se puede aprobar en el consejo de ministro del próximo martes un decreto que los recoja.

Suscríbete a nuestra newsletter