El Servicio Provincial de Costas ha notificado a la mercantil Princesol que tiene el plazo de un mes para iniciar la demolición de las obras no autorizadas del hotel de Arenales del Sol y un plazo máximo de tres meses para su finalización. De no llevar a cabo dichas obras de demolición, Costas procederá a su ejecución subsidiaria a costa de la mercantil.

La notificación de la Audiencia Nacional la ha dado a conocer el Ayuntamiento de Elche. “Esta resolución es muy importante porque es el principio del fin de los restos de este antiguo hotel. Llamamos la atención sobre el hecho de que ordena la demolición de las obras no autorizadas. Tengo que recordar que, además, Pricesol solicitó en marzo de 2017 licencia al Ayuntamiento para la demolición de la parte antigua, luego tienen licencia concedidas”, señalan desde el consistorio ilicitano.

“Ha habido también en relación con esa licencia un procedimiento judicial que llegó al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que daba la razón a Costas sobre las condiciones impuestas para el derribo. Conectando ambas informaciones, Princesol tiene licencia para demoler la parte antigua y una orden de Costas notificada esta misma semana para derribar la parte nueva”, informa el concejal de Desarrollo Turístico, Carles Molina.

Punto final

En conclusión, el alcalde de Elche Carlos González ha explicado que “consideramos que es necesario poner punto final inmediato a esta situación porque el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional han sentenciado que el proyecto del hotel es inviable jurídicamente y que por lo tanto no se puede llevar a término”.

“Entendemos como absolutamente legítimo que la empresa defienda sus intereses económicos, pero debe hacerlo sin perjudicar los intereses de los ciudadanos y de Elche y de Arenales del Sol. Por ello, voy a pedirle a la mercantil que acate inmediatamente la resolución y que inicie de inmediato el derribo de este adefesio que genera no solo una pésima imagen para nuestra playas, sino que también entraña un grave riesgo para los ciudadanos, como ellos mismos pusieron de manifiesto cuando solicitaron la licencia de derribo al Ayuntamiento”.