La Sindicatura de Comptes ha alertado del incremento del déficit respecto al ejercicio anterior en el Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat Valenciana correspondiente al ejercicio 2018. De esta forma, se rompe la tendencia experimentada en los tres años anteriores, debido a un mayor aumento en los gastos que en los ingresos, ha señalado.

La Sindicatura de Comptes ha entregado este lunes a las Corts este informe. El president de las Corts, Enric Morera, lo ha recibido de manos del síndic major, Vicent Cucarella, en el Salón de los Espejos del Palau de Benicarló. Cucarella también tiene previsto reunirse con el president de la Generalitat, Ximo Puig, para comunicarle los resultados del documento.

En cuanto a la situación patrimonial de la Generalitat, el informe destaca el «importante desequilibrio patrimonial» de la Administración de la Generalitat a 31 de diciembre de 2018. En este sentido, los fondos propios son negativos por 30.096,6 millones de euros y la deuda financiera ha ascendido hasta los 46.782,6 millones. No obstante, muestra que el endeudamiento en porcentaje del PIB se ha reducido por segundo año consecutivo.

Además, el órgano fiscalizador llama la atención por el aumento del déficit respecto al ejercicio anterior, lo que rompe la tendencia experimentada en los tres años anteriores, debido a un mayor aumento en los gastos que en los ingresos. A su vez, la Sindicatura recuerda que en el presupuesto solo deben incluirse las previsiones de ingresos que se espera obtener de manera razonable, a pesar de los anuncios periódicos sobre la modificación del modelo de financiación autonómica, en relación a la partida reivindicativa de 1.325 millones de euros a cuenta de la nueva financiación.

Asimismo, alerta de las consecuencias negativas que el actual sistema de financiación autonómica tiene sobre la Comunitat en forma de falta de equidad horizontal y vertical. A su vez, advierte que la elevada deuda pública «condicionará negativamente el desarrollo futuro de los servicios públicos valencianos, salvo que se adopten medidas de resarcimiento de la infrafinanciación autonómica padecida durante los últimos años».

Las cuentas cumplen los principios contables, con salvedades

El informe incluye las auditorías de las cuentas anuales de la Administración, la contratación y los gastos de personal, así como el control formal de los entes del sector público autonómico valenciano y el seguimiento de las recomendaciones e incidencias incluidas en los informes de los últimos tres años.

Asimismo, señala que, en general, las cuentas de la Generalitat cumplen con los principios contables y la normativa aplicable, con algunas salvedades. En su análisis, los auditores no han encontrado situaciones en las que pudieran concurrir las características de la responsabilidad contable.

Entre las salvedades, se encuentran que en los contratos de concesión administrativa para la prestación del servicio de asistencia sanitaria integral, quedan 38 liquidaciones anuales pendientes de aprobación o en trámite de elaboración, por lo que «no es posible determinar los efectos que tendría su adecuado reflejo contable sobre la Cuenta de la Administración de 2018».

Además, la Sindicatura insiste en que «sigue habiendo dificultades para estimar de forma razonable las obligaciones que tendrá que reconocer la Generalitat por las ayudas que la administración adeuda en materia del Plan de Vivienda». En la misma línea, a la vista del «gran número de procedimientos judiciales en curso» de los que podrían derivarse responsabilidades a cargo de la Generalitat, observan un «defecto de provisión para su cobertura superior a los 75 millones de euros».

Acuerdos con Departamento de La Ribera y Fundación IVO

Por otro lado, el Informe también destaca que los gastos contraídos sin cobertura presupuestaria (cuenta 409) vulneran lo dispuesto en la normativa, aunque señalan que existe la posibilidad de convalidar las obligaciones de ejercicios anteriores mediante autorización expresa del Consell. En este sentido, en el ejercicio 2018, se han tramitado 384 expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto, por un importe conjunto de 1.422,4 millones de euros.

En la misma línea, no se atiene a las disposiciones legales el acuerdo transaccional suscrito con la concesionaria del servicio de asistencia sanitaria integral del Departamento de Salud de La Ribera, por el cual se revisan las liquidaciones de los ejercicios 2013 a 2015. Tampoco lo hacen los dos acuerdos transaccionales suscritos con la Fundación IVO, en virtud de los cuales se reconoce la deuda derivada de las prestaciones de asistencia oncológica integral realizadas en el periodo comprendido entre enero y octubre de 2017, así como la derivada de los servicios prestados durante el periodo 2012 a 2016 a pacientes provenientes de departamentos de salud gestionados mediante contratos de concesión administrativa.

El informe ha observado que las consignaciones presupuestarias son insuficientes para atender las subvenciones que se debieron haber concedido durante el ejercicio y constatan niveles de pago «muy bajos» en algunas líneas de subvenciones. En materia de contratación, ha identificado algunos incumplimientos comunes en varios de los expedientes analizados, como son que la fórmula matemática no permita de manera razonable la efectividad de la importancia relativa de la oferta económica, la falta de garantía respecto el principio de no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos o la falta de concreción en el objeto del contrato o en el precio.

Otros aspectos de carácter puntual que destaca la Sindicatura en la contratación tienen que ver con la insuficiente justificación de la necesidad e idoneidad del contrato y con los indicios de fraccionamiento del objeto contractual en los ‘pagos directos’ por adquisiciones de productos de farmacia y material sanitario sin consignación presupuestaria.

«Debilidades» en Sanidad

Con respecto a la auditoría financiera de los gastos de personal, en general se muestran de acuerdo con el marco normativo aplicable en los aspectos significativos, con algunas salvedades por determinadas provisiones insuficientes.

La Sindicatura también ha detectado «debilidades significativas» en el grado de control existente en la gestión de los controles básicos de ciberseguridad de la Conselleria de Sanidad relacionados con los gastos de personal, así como una elevada temporalidad del personal estatutario de esta Conselleria.

Además, la institución fiscalizadora recuerda dos retos que deben afrontar la economía y el sector público: atenuar el cambio climático y adaptarse al declive de la energía procedente de los combustibles fósiles. «Ambos hacen necesaria una transición social y sistémica que nos acerque a posiciones compatibles con una menor dotación energética y respetuosa con la capacidad de carga de la biosfera, en un entorno sin crecimiento económico en el que el sector público deberá aumentar su eficacia y eficiencia», sostiene.

El informe también recopila la fiscalización de entidades específicas de la administración valenciana, cuyos informes individuales ya han sido publicados a lo largo del segundo semestre de 2019. Se trata de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, Aeropuerto de Castellón SL, Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana SA, Ciudad de la Luz SA, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos SA, Fundación para la Investigación del Hospital Universitario La Fe de la Comunitat Valenciana y el Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana.