La viabilidad presente y futura de las industrias electrointensivas con sede en la Comunitat Valenciana está en duda. El resultado de las subastas de interrumpibilidad para el primer semestre de 2020 ha supuesto, según las asociaciones de siderurgia y de empresas con gran consumo de energía, un «duro mazazo» para estas compañías.

Estas subastas son una herramienta de la Red Eléctrica de gestión de la demanda para dar una respuesta rápida y eficiente a las necesidades del sistema eléctrico de acuerdo a criterios técnicos y económicos. El director general de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), Fernando Soto, y el director general de la Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid), Andrés Barceló, explican qué supone el resultado de la subasta.

En concreto, Fernando Soto ha apuntado que la Comunitat cuenta con varias empresas del sector de gases industriales, como ArcelorMittal en Sagunt (Valencia), y cinco plantas en total. «A todas ellas les afecta, porque eran empresas prestadoras de servicio interrumpido y la merma en sus ingresos de prestación de servicio es total», apunta. En este contexto, critica que en tres años la retribución ha pasado de ser de más de 500 millones de euros a los 4,38 millones para el primer semestre de 2020. «Se ha quedado en la mínima expresión», lamenta.

Fernando Soto, director general de AEGE | E3

«Es un duro mazazo para la viabilidad presente y futura de las empresas. Sobre todo porque no se ha aprobado el Estatuto de Consumidores Electrointensivos como medida compensatoria. Recogía medidas que tienen otros países para estas industrias y aquí la ausencia de gobierno impide que eso haya sido posible. Al no haber Estatuto y no tener Presupuestos Generales del Estado (PGE), otra vía para incluir medidas compensatorias, la incertidumbre que hay es muy elevada», subraya Soto.

En este sentido, destaca que estas industrias son básicas y están muy arraigadas en las comarcas donde se implantan las fábricas. Además, apunta que esta situación puede llevar a EREs, como es previsible que ocurra en alguna fábrica de la cornisa cantábrica. «La industria necesita tener certidumbre», asevera.

Copiar modelos extranjeros

Para alcanzar esa certidumbre, considera que es necesario copiar los modelos de fuera, en concreto de Francia y Alemania. Así, Soto señala que estos países tienen contratos bilaterales a precios competitivos que están por debajo de los precios mercado, que es una línea de acción prevista en el Estatuto. Además, añade que la potenciación de contratos a largo plazo con energías renovables puede ser una buena medida, pero cree que «difícilmente podrá implantarse en 2020, sino entre 2023 y 2024, con las nuevas subastas de renovables». «Hay medidas que suponen muchos euros de descuento, que franceses y alemanes gozan y aquí no se tienen», sostiene.

Soto: «Hay medidas que suponen muchos euros de descuento y aquí no se tienen»

Respecto a la variación que se ha producido este año en la subasta, apunta que el Gobierno les ha informado que los cambios han sido por «presiones de la Comisión Europea para reducir la potencia». Estas variaciones pueden provocar que las electrointensivas españolas dejen de ser competitivas. «Si no eres competitivo, se merman tus ventas y, si no tienes ingresos, hay una deslocalización silenciosa. Si no hay rentabilidad suficiente, se invierte menos en las plantas y la deslocalización está llamando a la puerta», advierte el director general de AEGE.

Sin embargo, expresa que tienen las esperanzas puestas en el primer semestre de 2020 y, concretamente, en enero. Así, espera que el escenario expuesto se ahuyente cuando se forme Gobierno. «Se deben adoptar decisiones rápidas y urgentes, que entren en vigor inmediatamente para reducir la incertidumbre de la industria. En las primeras semanas de enero, esto puede dar un cambio radical», apunta Soto.

«Complicada» vida de la siderurgia

Por su parte, el director general de Unesid, Andrés Barceló, lamenta que la subasta es “una ruina, una tragedia y un disparate”. Además, señala que el único factor de la industria electrointensiva para compensar los costes era la interrumpibilidad, un servicio que, precisa, no es gratuito. “Las empresas, para darse de alta y acceder, tienen que prestar ese servicio y estar dispuestas a que se les corte la luz y se para la producción en un momento. Eso supone que tienen que preparar sus instalaciones para eso”, indica. En este contexto, lamenta que en enero de 2020 la luz “va a hacer la vida muy muy complicada” a la siderurgia.

Barceló: «El Gobierno prefiere que el ajuste se haga con ciclos combinados; eso produce CO2»

Respecto a las diferencias que ha habido en esta subasta, señala que antes eran 2.400 MW los que salían, mientras que en esta ocasión han sido 1.000, un 60 % menos. Además, añade que en la anterior había dos escalones, uno para empresas que ofrecían bloques de 40MW y otro de 5MW. En esta subasta, han desaparecido los bloques de 40.

De esta forma, afirma que el único factor de ajuste que tendrá el operador de red serán los pagos por capacidad que, según precisa, «en general, son instalaciones de gas, centrales de ciclo combinado”. Así, considera que el Gobierno, según los hechos, “prefiere que el ajuste o la seguridad se haga por la vía de los ciclos combinados”. “Eso produce CO2”, asevera.

Respecto al Estatuto, Barceló afirma que el Gobierno «no ha considerado que merecía la pena» y añade que la interrumpibilidad «se ha ido por la alcantarilla». Sin embargo, precisa que en siderurgia no son adalides de este sistema, sino que les interesa el precio final. «Si el Gobierno nos da otro mecanismo donde el precio final del año 2020 sea similar o más barato, estupendo; pero ahora mismo no lo tenemos. En enero de 2020, la luz nos va a costar más cara, eso es lamentablemente cierto», puntualiza.

Andrés Barceló, director general de Unesid | E3

Industria de Francia y Alemania

En la misma línea que Soto, el director general de Unesid apunta que quieren un tratamiento similar a la industria en Francia y Alemania. «Ellos dos no tienen una posición competitiva mejor que España, pero tienen sistemas regulatorios donde los gobiernos son conscientes de que se requiere mantener una importante base industrial», asegura.

Reclaman un tratamiento similar al que recibe la industria en Francia y Alemania

Como soluciones, Barceló cree que lo primero que se necesita es voluntad, algo que «hasta ahora» no ha visto. Además, aboga por «sentarse con cifras y ver soluciones para ya». «Creíamos honestamente que lo razonable era haber mantenido el sistema de interrumpibilidad sin modificar este año y dar tiempo a hacer algo, para no hacer saltos en el vacío. Estamos sufriendo una parsimonia en la adaptación de los costes regulados del gas por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)», sostiene.

«Aquí, en menos de un mes, se cambian por completo las reglas del juego y se reduce drásticamente el pago por el servicio de interrumpibilidad. No es de recibo. Ahora mismo, las perspectivas para el segundo semestre no son muy buenas, pero hay que ser optimistas, hay que esperar que haya Gobierno. Nosotros lo necesitamos mañana, porque en enero vamos a producir y vender y necesitamos saber cuáles van a ser nuestros costes», asevera Barceló.