La consellera de Justicia Gabriela Bravo ha instado al conjunto de operadores jurídicos -y en especial a jueces- a que potencien la mediación pues esta forma alternativa a los tribunales de resolución de conflictos es «un 76 % más barata y cinco veces más rápida que los procesos judiciales normales».

Bravo se ha expresado así en la apertura de la jornada informativa sobre mediación intrajudicial familiar, civil y penal organizada por el Consejo General del Poder Judicial y la Generalitat en la Ciudad de la Justicia de València.

Bravo ha explicado que existen muchos pleitos que no llegan a los tribunales y se resuelven por otras vías, los denominados métodos alternativos de solución de conflictos, que incluyen alternativas como la mediación, la negociación, la conciliación y el arbitraje.

Sin embargo, algunos de los que sí llegan pueden derivarse hacia este método si los jueces, magistrados, fiscales y letrados de la Administración de Justicia tienen la confianza suficiente en la mediación y la garantía de que el problema no les será devuelto sin resolver unos meses después.

Para ello, según la consellera, «la Comunitat Valenciana cuenta con su propia Ley de Mediación y, el año que viene, estará listo el reglamento que contempla su desarrollo normativo».

De esta forma, los operadores jurídicos «podrán depositar su entera confianza en el sistema para derivar a él aquellos casos que cumplan con los requisitos, con todas las garantías que emanan de nuestro Ordenamiento Jurídico».

Según Gabriela Bravo, la mediación no solo supone un ahorro en tiempo y dinero, «sino que también facilita las soluciones a medida de los interesados porque si el proceso judicial puede frustrar las expectativas de una o de las dos partes enfrentadas, la mediación asegura que los conflictos pueden resolverse si todos los protagonistas quedan satisfechos con la solución».

A lo largo de la semana se repetirán sesiones en las sedes judiciales de Alicante, Castellón y Elche sobre el desarrollo de la Ley de Mediación como una vía que respeta los principios de confidencialidad, imparcialidad, neutralidad y cooperación con la Administración de Justicia.