A la entidad financiera valenciana, Caixa Popular parece no afectarle la contracción que sigue viviendo el sector financiero, con el anuncio continuado del cierre de oficinas. Es más, considera que “siempre hay clientes a los que llegar”, consciente de que existe una mayor “sensibilidad” por parte de los ciudadanos y las empresas “por trabajar con entidades valencianas pegadas realmente al terreno”. Y de esas, ya quedan pocas.
Es por ello, que la cooperativa de crédito, tal y como ha confirmado su director general, Rosendo Ortí, durante la actualización del estudio sobre los “Factores Dinamizadores de la Comunitat Valenciana como Plaza Financiera” realizado por la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros con el apoyo de Caixa Popular y el Ayuntamiento de València, tiene previstas tres nuevas aperturas a corto plazo que se sumarán a las 73 oficinas que mantiene en la provincia de Valencia fundamentalmente, aunque tres de ellas están ya en Alicante, con la reciente apertura en Villena.
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Una se ubicará en l’ Eliana, y otras dos en València: la primera, ya firmada, estará en Amadeo de Saboya, en un local que hasta ahora ocupaba Caixabank y la otra, pendiente de firma, sustituirá a una antigua CCM.
Y esto no es todo, de aquí a 2022, cuando la entidad tiene previsto alcanzar los 22 millones de euros de beneficio (según la proyección del nuevo plan estratégico), se abrirán cada año dos oficinas de media, y hasta tres en dicho ejercicio.
Desde 2008, mientras el sector se desapalancaba en inversión, Caixa Popular viene acumulando un ritmo de crecimiento de la inversión sostenido del 12-13%.
Pero si crecen las inversiones y el activo también tiene que crecer el capital, para que los ratios de solvencia no se resientan. El ratio regulatorio se establece en un 11,88% pero la entidad se sitúa ya en el 13,20 y el objetivo es llegar al 14% a final de año.
Por ello, está prevista una ampliación de capital de 6 millones de euros de aquí a final de año, 3,5 millones se destinarán al colectivo de empresas, 1,5 millones a socios trabajadores y clientes y un millón más a cooperativas.
En estos momentos, el 80% del capital está en manos de socios trabajadores y cooperativas, entre ellas las 150 cooperativas más importantes del territorio, y el resto se reparte entre 32 empresas y 270 clientes particulares (estos últimos con una inversión de entre 15.000 a 60.000 euros).
En lo que llevamos de año se han sumado al proyecto 12 nuevas empresas con un capital mínimo de 50.000 euros y un tope de 300.000 euros, ya que la entidad no quiere perder los órganos de gobierno en favor de ninguna compañía con un peso más relevante.
Aunque comprar capital de Caixa Popular es un producto financiero que entraña riesgos, tal y como ha recordado Ortí, lo cierto es que los partícipes han sido remunerados este año con una rentabilidad del 3,07%.
El capital debe permanecer en la entidad como mínimo un año, y a partir de entonces se abren ventanas de órdenes de venta: «para poder venderse el capital, alguien lo tiene que comprar», ha matizado Ortíz; pero dado que el ahorro está lejos de ser remunerado, es una buena opción de inversión a largo plazo, según el directivo que confía en los números de la entidad.
Baja los tipos de interés del pago aplazado de sus tarjetas
De hecho, este año el banco cooperativo espera ganar 14 millones de beneficio bruto, a 31 de agosto alcanzaba ya los 8,5 millones.
A más largo plazo, aunque la operativa se hace complicada por la estrechez de los márgenes, Ortí considera que el negocio les seguirá acompañando, apoyándose en una clientela que percibe su diferenciación con “un ADN social muy arraigado”. En coherencia con esta política y valores, la entidad acaba de bajar el tipo de interés del pago aplazado de las tarjetas de crédito.
Mientras el mercado lo grava con un tipo de entre el 1,7 al 1,9% al 26% TAE, Caixa Popular se sitúa en al 0,95% con un TAE del 12%, lo que impactará ya este año en medio millón de euros en la cuenta de explotación. Un millón a ejercicio completo. “Son peajes que tenemos que pagar confiando en que las actuaciones éticas a la larga reporten más negocio”, reconoce Ortí, quien además, pone de relieve que una parte de las comisiones por el uso de esas tarjetas las destinan a una ONG.
El director general de la entidad financiera ha ido desgranando las distintas claves que han hecho de su modelo, un modelo “de éxito” tal y como ha subrayado.
Entre otras, ha mencionado su cultura de empresa (que se define por el hecho de que el 95% de los empleados sean universitarios, las bandas salariales se muevan entre 1-4,5%, la total transparencia informativa y la implicación del personal –todos pueden participar en los procesos de reflexión estratégica–), y su cuidada atención al cliente (con el horario de atención presencial más amplio del mercado).
“Tenemos precios competitivos pero nuestro factor de competencia no es el precio”, ha destacado Ortí como otra de las claves; así como su política de alianzas a través de la Asociación Española de Cooperativas de Crédito y Caja Rurales.
De esta forman parte 29 entidades que comparten economías de alcance y de escala, además de un fondo de solidaridad dotado con 300 millones para ayudar a las entidades del grupo que en su momento pudieran tener problemas. A través del Banco Cooperativo Español, el Grupo suma 64.000 millones de activo, 2.800 oficinas, 7 millones de clientes y un beneficio de 350 millones en 2018, así como un ratio de solvencia medio del 16%. La participación de Caixa Popular en este conglomerado es del 3%.
Se crea la oficina Valencia Investment Office
Durante el acto de presentación de este estudio, Manuel Illueca, presidente de Afín SGR y director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), ha destacado la venta de un paquete de activos de la entidad avalista y la rebaja su deuda bancaria a 17 millones.
Por su parte, Pilar Bernabé, concejala de Innovación en Sectores Económicos y Empleo, del Ajuntament de València ha asegurado que “estamos viviendo un periodo de transición para asentar las bases de un modelo nuevo de crecimiento para la ciudad de València” y ha añadido que “se trabaja mucho desde las instituciones valencianas en promocionar la ciudad para atraer turismo, potenciar la innovación y la tecnología”.
En esta apuesta ha destacado el papel que debe desempeñar la plataforma VLC Tech City, dentro de la cual se contempla la creación de una oficina de inversión -Valencia Investment Office– que trabajará en la promoción de la ciudad en todo el mundo como lugar para invertir en el ámbito tecnológico. En este sentido, ha recordado Bernabé que València cuenta ya con 25.000 metros cuadrados en la Marina, destinados al conocimiento y la innovación, con especial incidencia en áreas como la náutica, y que «se van a destinar otros 50.000 metros cuadrados más también en la Marina (Tinglados 4 y 5, las bases 1 y 2, el edificio Docks y la propia bocana de la Marina)».
Igualmente, se ha referido a espacios como el Centro de Innovación Las Naves o La Harinera, como otros espacios que puedan atraer a pequeños y grandes inversores, por ejemplo en sectores como el de los videojuegos, así como a los más de 2.000 metros cuadrados en el barrio de Velluters, «que albergarán espacios para el desarrollo del diseño».
Por último, Isabel Giménez, directora general de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, se ha encargado de realizar un resumen de las principales conclusiones del estudio elaborado a lo largo de los tres últimos años en la FEBF mediante encuestas y entrevistas en profundidad de los principales actores de la Comunitat Valenciana.
A este respecto ha señalado que “las líneas fundamentales para el desarrollo estratégico de la plaza financiera manifestadas por los participantes son: formación; información; talento, tecnología y competitividad”. Y que “los factores determinantes de inversión son: el entorno macroeconómico, los mecanismos de asignación de fondos y las condiciones que rodean los proyectos de inversión”.