Juan Cotino ha aportado un informe pericial para su defensa en el caso de la visita del papa a València en 2006, que concluye que la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, que organizó dicha visita, no fue una fundación del sector público y que por tanto no estuvo sujeta a la normativa específica de contratación. Es un argumento similar al esgrimido en su día por Feria València sobre la fiscalización de sus cuentas.

Cotino ha sido el primero de los ocho investigados en esta causa en declarar ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia, que investiga supuestos delitos de prevaricación administrativa, malversación y fraude a la Administración, presuntamente cometidos al no respetar las normas generales de contratación sin concurso ni concurrencia pública.

El informe está firmado por Javier Gómez-Ferrer Senent en calidad de abogado del Estado en excedencia y director legal de BDO, firma de letrados y asesores tributarios.

Las dudas sobre la naturaleza jurídica de la citada fundación -pública o privada- y la fecha a partir de la cual pudo adquirir una u otra condición es clave para determinar las posibles responsabilidades penales que se analizan en este procedimiento, en el que ya constan al menos dos informes, uno de la UDEF y otro de un perito judicial, que subrayan el carácter público de dicha fundación, integrada por la Generalitat, el Ayuntamiento de València y el Arzobispado.

El informe indica que la finalidad de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias no puede por sí misma determinar su carácter público, porque de lo contrario «todas las fundaciones constituidas en España serían de carácter público».

Por lo que respecta a su financiación, el autor del informe señala que tanto la UDEF como el perito judicial confunden «dotación fundacional» con financiación y «obviar» que, «durante la vida de la fundación, su auténtica financiación -no la dotación fundacional- tuvo un origen mayoritariamente privado».

A su salida del juzgado, Cotino no ha querido responder sobre su posible participación en el pago de comisiones ilegales a través de entidades bancarias de Luxemburgo, según consta en el sumario del caso Erial, en el que figura como investigado y por el que estuvo en prisión provisional ocho meses y medio el expresident de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana. EFE