Inconstitucional, anti-competencia, provocará indemnizaciones que pagarán los ciudadanos, pérdida de empleo y de contribución económica de las empresas… son algunos de los calificativos que Eduardo Martín, presidente de Unauto VTC nacional, atribuye al decreto ley que puede ser aprobado hoy por la Generalitat Valenciana con el que se regulará a las VTC. «Los ciudadanos nos convertiremos en esclavos al no tener otra alternativa al taxi«, alerta Martín.

Las consecuencias de la entrada en vigor de esta norma, señala el presidente de la patronal de las VTC, sería por un lado la eliminación de la competencia del sector del taxi lo que «acrecienta el problema del monopolio del taxi y el problema de la especulación con el precio de las licencias«. Señala Martín que en Barcelona, donde se aprobó un decreto similar al valenciano, el precio de las licencias de taxi ha subido de media unos 100.000 euros. También apunta a un aumento en las tarifas así como una pérdida de la calidad del servicio.

Por otro lado, advierte de la pérdida de «10.000 empleos directos» en la Comunitat Valenciana así como de «la falta de contribución de las empresas que se verán obligadas al cierre«. Expone el presidente de Unauto VTC que este conflicto por la regulación de los vehículos de transporte concertado generará «graves perjuicios» a la economía valenciana.

La Generalitat tendrá que pagar indemnizaciones

Frente al informe de la Abogacía de la Generalitat que avala la viabilidad jurídica del proyecto de decreto ley y que además apunta que no habrán obligaciones indemnizatorias para el Gobierno valenciano, la patronal de las VTC defiende lo contrario. «No le damos validez a este informe«, expone Martín quien indica que el propio decreto ley del Ministerio de Fomento por el que se concedió a las autonomías la capacidad regulatoria del sector, «otorga un periodo indemnizatorio de cuatro años, que si no es en tiempo tendrá que ser en dinero«.

Estiman desde Unauto VTC que las indemnizaciones a las que tendría que hacer frente la Generalitat serán de más de 300 millones de euros y exponen su voluntad de recurrir la norma en caso de que sea aprobada. «Esto nos llevará al Constitucional, porque estamos convencidos que el decreto es inconstitucional y las indemnizaciones y las reclamaciones lloverán sobre la Generalitat Valenciana«, advierte el presidente de la patronal.

«Hay que preguntarse si los ciudadanos valencianos quieren asumir un coste que tienen que pagar de su bolsillo para beneficiar solo al sector del taxi«, expone Martín.

Fuente: Unauto VTC y Metroscopia.

Encuesta sobre el conflicto entre el taxi y las VTC

En este sentido, Unauto VTC junto con Metroscopia han elaborado una encuesta con 1.270 entrevistas para mostrar cómo valoran los españoles al sector de las VTC y los últimos cambios en la regulación de estas. Del estudio se desprende que el 81% de los ciudadanos cree que las autoridades deberían liberalizar el sector, igualando las condiciones entre el taxi y las VTC.

Otros datos que se extraen del informe muestran que el 67% de los españoles piensa que no se debería limitar la aparición de nuevas formas de movilidad como Uber y Cabify. Además un 82% considera que estas compañías tienen un impacto positivo en la creación de empleo y el 76% considera que también tienen un impacto positivo en la movilidad urbana.

En la Comunitat Valenciana, donde se ha realizado una sobremuestra con 364 encuestados más, se apunta a que el 65% cree que el conflicto debería recaer sobre el Gobierno central y un 74% de los encuestados valencianos califica la normativa catalana para el sector VTC como muy negativa o negativa.

Concluye Martín que lo que se pretende con el decreto valenciano es «erradicar y eliminar cualquier competencia del sector del taxi» y que estos lo han conseguido «a base de coaccionar, amenazar y secuestrar a las ciudades y presionar a la administración pública«. Para el presidente de Unauto VTC, la entrada en vigor del decreto supondría «una oportunidad pérdida para la competencia y para la movilidad del futuro«.