«Hay que repensar cómo hacemos la gestión hacia la contratación pública electrónica»

«Hay que repensar cómo hacemos la gestión hacia la contratación pública electrónica»

Este mes se cumple un año de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, una norma que establecía, entre otros puntos, que la tramitación de todos los expedientes de licitación de los poderes públicos pasaba a ser electrónica de forma obligatoria. La contratación pública representa el 20% del PIB español (200.000 millones de euros) y el uso de la contratación pública electrónica conlleva un ahorro administrativo del 20%, sin embargo, apenas el 52% de los contratos se tramitan por medios electrónicos.

Con tal de hacer balance del recorrido de la ley, se organiza hoy en Sevilla el IV Congreso Nacional de Contratación Pública Electrónica que reúne a más de 30 expertos de la administración pública. Hablamos con uno de esos expertos sobre el recorrido de la Ley de Contratos del Sector Público, José María Gimeno Feliu, co-director del Observatorio de Contratación Pública y catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza.

-Hace un año de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público. ¿Qué balance hace del recorrido de esta norma?

-Después de un año en vigor de la nueva Ley de Contratos, yo creo que se ha avanzado hacia una nueva cultura de la transparencia, hacia una visión más estratégica de la contratación pública que ponga más el acento también en la calidad de lo que se va a comprar. Ese es uno de los avances. Aunque ha pasado un año aún quedan retos importantes por conseguir.

-¿Cuáles serían estos retos?

-El primer reto sería hacer una implementación de la contratación pública electrónica mucho más eficaz, mucho más extendida. Lo que creo que hace falta es favorecer la interoperabilidad de las empresas que dan servicios de contratación electrónica para que desaparezca la burocracia, sea una contratación mucho más ágil, más rápida y la transparencia pueda funcionar mejor.

Un segundo reto sería superar las resistencias al cambio que la nueva ley puede ofrecer quizás, porque sin los medios electrónicos pueda parecer un poco más farragosa. Y la tercera, que es muy importante, la contratación pública, en tanto mueve el 20% de los presupuestos del Estado, exigiría una mayor profesionalización, una mayor capacitación. Una puesta en valor de todos los que intervienen en la contratación pública, ya sea la administración pública como la empresa, para conseguir que realmente fuéramos más eficientes en la gestión de los fondos públicos.

-En una conferencia suya en el Instituto Nacional de la Administración Pública, señalaba la corrupción como uno de los motivos para la reforma de la Ley de Contratos. ¿Qué ha conseguido la norma en este sentido?

-Yo creo que la nueva Ley de Contratos, aunque no era su principal objetivo, si era un objetivo combatir el problema de la corrupción. La existencia de una mayor transparencia de la contratación, el refuerzo de los sistemas de controles preventivos mediante la extensión de recurso especial, la regulación con más detalle y con carácter más estricto de la posibilidad de modificaciones contractuales, hace que sea un poco más difícil que haya posibilidades de corrupción.

Junto a eso, uniformización del régimen jurídico, evitando que mediante empresas públicas o subterfugios instrumentales se pueda eludir la norma de contratación, yo creo que hace que el escenario actual sea de menor corrupción de lo que podía ser de los años anteriores a la reforma. Desde esa perspectiva, yo creo que es un avance cualitativo muy importante.

-Salía esta semana en prensa el anuncio de la aprobación de una instrucción para cambiar esta Ley en lo relativo a los contratos menores, ¿qué problemática hay con este tipo de contratos?

-Lo que se ha publicado en prensa no es una decisión del Gobierno sino del Organismo de Regulación y Supervisión de la Contratación Pública, un organismo independiente, que no recibe instrucciones ni jerárquicas ni funcionales ni del Ministerio ni del Estado ni de las Comunidades Autónomas. Esa instrucción lo que ha pedido es, en parte aclarar un problema interpretativo sobre la figura del contrato menor y también, en parte limitar un uso indebido del mismo.


«A las administraciones les sigue gustando mucho el contrato menor»

Una de las resistencias que más se puede observar con la aplicación de la nueva ley es que a las administraciones públicas les sigue gustando mucho el contrato menor como un sistema muy ágil de adjudicación directa. Esa instrucción lo que pretende es aclarar lo que dice la Ley, que es limitar la posibilidad del contrato menor con la utilización de otros procedimientos competitivos. Aclarar cuando se puede utilizar y cómo se puede utilizar con la intención de que no haya ‘dedazos’.

Eso ha generado ciertas respuestas en diversos sectores que entienden que eso va en contra de la agilidad, pero a mi me parece un acierto el contenido, aunque pueda parecer que se extralimitará en la medida que pide mucha más concurrencia, de la instrucción que ha aprobado este órgano independiente.

-Apuntaba hace un año que el modelo de contratación pública en España era ineficiente, ¿seguimos siendo ineficientes?

-Seguimos siendo ineficientes. En parte porque seguimos anclados en la idea del siempre se ha hecho así y entonces buscamos criterios que no consiguen la máxima eficiencia de los recursos públicos. En parte también porque nos cuesta cooperar administrativamente para hacer economías de escala en las contrataciones.

En España tenemos 20.000 entes que hacen contratación pública y no hay una estrategia de cooperación para lanzar compras conjuntas, que lo que harían es aparte de reducir la carga administrativa, permitir una mayor eficiencia en la medida que se compra mayor número de cosas.

El modelo ha mejorado, pero sigue quedando bastante recorrido para poder hacer las cosas mejor. Para ser más eficientes ayudaría mucho los medios electrónicos que yo creo que es la asignatura pendiente que todavía tenemos en España.

-En este sentido, ¿cuánto se ha avanzado con la contratación electrónica?

-No ha avanzado como debía. En parte porque el Estado está gestionando la transición electrónica como si fuese una competencia propia no permitiendo que se desarrollen adecuadamente iniciativas de las empresas privadas en este ámbito, lo cual está en parte colapsando el propio sistema de contratación pública electrónica, a la vez que, en mi opinión, se aleja de lo que son los principios europeos de la contratación pública que es que haya cooperación público privada en esta transición hacia la contratación pública electrónica.


«El Estado está gestionando la transición electrónica como si fuese una competencia propia no permitiendo que se desarrollen adecuadamente iniciativas de las empresas privadas»

Si además nos encontramos con que hay muchos procesos adjudicados muy pequeños que no están haciendo administración electrónica. El resultado, aún siendo obligatorio desde octubre del año pasado, es muy decepcionante. Básicamente porque hay muchas trabas administrativas y porque el Estado no está liderando una estrategia en que sume iniciativa privada para conseguir estos objetivos. Habría que repensar cómo estamos haciendo la gestión hacia la contratación pública electrónica en este país.

-¿Cómo habría que plantearla?

-Hay que ver lo que hacen en otros países. Existiendo ya iniciativas privadas hay que iniciar un sistema de interoperabilidad de plataformas, un sistema de homologación de plataformas privadas de tal manera que se favorezca una mayor agilidad en las decisiones de quienes quieren utilizar plataformas electrónicas atendiendo a su propia realidad y donde el Estado mas que querer imponer su modelo de contratación pública electrónica y hacerlo él, que creo que es muy discutible desde la perspectiva constitucional y europea, lo que hace es supervisar y vigilar que funciona bien ese nuevo marco práctico de la contratación pública electrónica.

Si nos fijáramos en las experiencias de Portugal, Francia o Holanda yo creo que veríamos que se puede hacer las cosas distintas de las que estamos haciendo en España y donde creo que en el contexto actual del siglo XXI de globalización lo que toca es que la administración impulse más que preste ella y que sobre todo, donde hay iniciativa privada con experiencia y con éxitos bien contrastados pueda ayudar a esa transición de la contratación pública electrónica porque sino perderemos una gran oportunidad para el cambio.

-Uno de los objetivos del Observatorio de Contratación Pública es avanzar hacia una nueva cultura de contratación, ¿cuál sería esta cultura?

-Tenemos que avanzar hacia una contratación pública estratégica en la medida que de ella depende la eficacia de políticas públicas muy importantes como la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad social, la innovación, el fomento de un tejido empresarial productivo… Tiene que ser eficiente desde el punto de vista de la utilización de recursos públicos que son escasos, tiene que ser transparente en la medida que genera competencia y sobre todo en que se explique a los ciudadanos los resultados que se obtienen. Y por último que tiene que ser íntegra, es decir, que deja arrinconada la posibilidad de la corrupción.

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