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El alcalde valora positivamente la sentencia, que es recurrible

Un fallo judicial permite a Vila-real evitar pagar una indemnización de 16 millones

Benlloch considera que no tener que pagar la indemnización solicitada por una inmobiliaria permite al consistorio eludir la intervención de sus cuentas

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Benlloch anunció el fallo judicial.

El Ayuntamiento de Vila-real no tendrá que hacer frente al pago de los 14,3 millones de euros y los intereses que e reclamaba la inmobiliaria del Grupo Santander  en concepto de indemnización a considerarse perjudicada por la anulación de una recalificación urbanística. Un juzgado de Castellón desestimó esta reclamación y libra al consistorio de afrontar el pago, lo que supondría un grave perjuicio para su contabiidad, habida cuenta que el presupuesto para 2019 es de 47,9 millones.

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, informó ayer del falo, aún recurrible, del  Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Castellón desestimando la reclamación de la inmobiliaria porque la anulación de la recalificación urbanística le impedía levantar un edificio de 20 plantas, en el solar de la antigua empresa Fritta.

La reclamación suponía para el consistorio, según Benlloch, un riesgo para las arcas municipales cercano a los 16 millones de euros, con lo que ello significaba para la estabilidad financiera del propio ayuntamiento. “El fallo aleja el fantasma de la intervención de las cuentas municipales por parte del Ministerio de Hacienda dado el elevado riesgo que supone el pasivo contingente de las cuentas municipales”.

Benlloch informó de que la resolución llegó la pasada semana y ha pasado ya por la junta de gobierno. “De todo el tsunami de empastres e ilegalidades urbanísticas del PP, este nos preocupaba especialmente, porque podía suponer la quiebra del ayuntamiento y muchas dificultades para el futuro, pero hoy sabemos que tenemos un balón de oxígeno”, afirmó.

Este asunto se remonta a hace más de 10 años , según ha recordado el alcalde, cuando la empresa Fritta se va de Vila-real y una inmobiliaria compra sus terrenos, calificados como industriales. En 2008 se inician los trámites para convertirlos a suelo residencial. El 15 de febrero de 2010 el gobierno municipal del PP recalifica el suelo y genera la denuncia de los propietarios.

El 7 de junio de 2013 “dos años después del cambio de gobierno municipal, se emiten dos sentencias que anulan la recalificación de terrenos, al considerar que se beneficia a unos pocos y perjudica a una gran parte de la población”. Entonces, la inmobiliaria reclama daños y perjuicios y el proceso finaliza ahora, con esta sentencia que es recurrible.

 

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