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El PP incluso propugna la eliminación del impuesto

Los partidos apoyan el cambio en el IAJD que propone el Gobierno

Fuertes críticas al Tribunal Supremo por una gestión calificada de nefasta

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La respuesta del Gobierno al cambio de criterio del Tribunal Supremo sobre quién debe pagar el IAJD ha sido contundente. Pedro Sánchez, ha anunciado hoy que cambiará, mediante un real decreto ley,  la norma para que sea la banca y no el cliente el que deba pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados en la firma de una hipoteca.

El real decreto ley se aprobará mañana en el Consejo de Ministros, tras lo cuál deberá someterse al voto del Congreso de los Diputados.

Más allá de la propuesta gubernamental se ha pronunciado Pablo Casado. El presidente del PP ha anunciado que su partido impulsará una “revolución fiscal” para reducir los impuestos de la renta y sociedades y suprimir los del patrimonio, donaciones, sucesiones y actos jurídicos documentados, según ha difundido a través de Twitter.

 

Tras conocerse ayer la sentencia del Tribunal Supremo que establece que sea el cliente quien abone el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) al firmar una hipoteca, Casado ha avanzado que su proyecto se basa “en defender la libertad individual, seguridad jurídica y propiedad de los españoles“, si bien aseguró estar de acuerdo con modificar las leyes tributarias para que quede claro quien es el sujeto pasivo.

Un real decreto ley que, a tenor de las declaraciones de la oposición, tendrá fácil la aprobación. El secretario general del grupo popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, señaló que hay que “defender a los consumidores, que son siempre los más vulnerables”. Por ello no descarta, informa Efe, modificar “cuantas leyes tributarias sea necesario para que quede claro quién es el sujeto pasivo de esos impuestos”.

También coincide Albert Ribera, para quien tras la “incomprensible rectificación” del Tribunal Supremo, ha escrito en su cuenta de Twitter que “el poder legislativo tiene que buscar soluciones para garantizar los derechos de los ciudadanos y que no vuelva a ocurrir algo así en el futuro”.

En este sentido, el portavoz de Ciudadanos en la comisión de Economía del Congreso, Toni Roldán, afirmó que estudiarán la presentación de una iniciativa para cambiar la legislación.

También se ha producido confluencia en la valoración del Tribunal Supremo, con peticiones de dimisión incluídas. El propio Roldán manifestaba que “nadie entiende lo que está pasando” y que la rectificación ha generado más inseguridad jurídica. “El Supremo -ha añadido- tendrá que dar explicaciones, porque es muy difícil de comprender que un tribunal tome una decisión y al cabo de unos días gire 180 grados”.

Petición de dimisiones

Con más dureza se ha pronunciado la dirección de IU que ha pedido la inmediata dimisión tanto del presidente del Supremo, Carlos Lesmes, como del presidente de Sala, Díez-Picazo por su actuación “anómala e irregular“. IU califica de “vergonzosos debates” los que ha mantenido en los dos últimos días la Sala Tercera del Supremo para enmendar una doctrina, “consolidada precisamente por la sección del tribunal experta en materia tributaria”.

Por ello, IU considera que tanto el presidente de la Sala, Díez-Picazo, como el del Supremo, Carlos Lesmes, “se han saltado” las normas establecidas y favorecido los intereses de la banca. “Esa misma banca -agrega el comunicado- que paga cuantiosos honorarios a determinados jueces en concepto de conferencias y cursos en sus escuelas de élite”. 

La formación concluye calificando la actuación del Supremo de “digna de corsarios”, con la que la justicia “pierde la poca legitimidad que le quedaba”.

La portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra ha calificado de “nefasta” la gestión de Lesmes en el fallo sobre el impuesto sobre las hipotecas. Lastra considera que el cambio de criterio “ha debilitado mucho la imagen de la justicia española”. 

La dirigente socialista se ha mostrado a favor de acometer una renovación profunda en el CGPJ, para que en el órgano de gobierno de los jueces no están representados únicamente las corrientes políticas, sino también las sociales. Por ello, añadió, el CGPJ debe tener expertos “en violencia de género, en lucha anticorrupción y en distintas materias”.

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