El exdirector de inversiones de Banco de Valencia Víctor Beristáin ha asegurado hoy que el exconsejero delegado, Domingo Parra, aprobaba operaciones inmobiliarias antes de que fueran examinadas por el comité de riesgos u otros órganos de la entidad. Beristáin ha declarado como testigo en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra la antigua cúpula de Banco de Valencia, entre ellos Domingo Parra, por tres macrooperaciones urbanísticas financiadas por la entidad y que, según el FROB, le causaron un perjuicio de 160,5 millones de euros

A preguntas de las acusaciones, Beristáin ha relatado que Parra, cuya actividad tenía un «importante componente comercial», gestionaba directamente las operaciones con clientes «importantes«, que eran aproximadamente un 1 % del total, según la agencia Efe. Entre ellos figuraban los empresarios los empresarios Salvador Vila y Juan Bautista Soler, ambos acusados.

El único que podía autorizar una operación como las que se investiga, de más de 60 millones de euros, era el consejero delegado, que en su opinión sí tenía atribuciones para conceder préstamos «paralelamente a la comisión ejecutiva«. Beristáin ha admitido que en alguna ocasión el comité de riesgos tuvo los avales dos meses después de autorizarse la operación.

Se trata de una de las piezas separadas abiertas para investigar a la antigua cúpula de la entidad, que fue intervenida por el Banco de España a finales de noviembre de 2011, al detectar un agujero de capital de unos 600 millones que fue subsanado con una aportación de 1.000 millones de euros del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Junto a Parra están acusados el entonces director de participaciones inmobiliarias, Alfonso Monferrer, y los empresarios Vila y Soler, el notario Carlos Pascual de Miguel, Fernando Polanco y Teresa Villalba, por presuntas irregularidades en tres operaciones inmobiliarias denominadas Nou Litoral, Valencia Viviendas y Faverche Desarrollos.

La Fiscalía Anticorrupción solicita cuatro años de prisión para Parra por presunta administración desleal, delito para el que plantea la alternativa de apropiación indebida, en cuyo caso aumenta la petición de condena hasta los seis años de cárcel.