La eliminación del «impuesto al sol» supondrá, según estimaciones de Avaesen, un impacto económico de 450 millones de euros hasta 2020 en inversión en nuevas instalaciones de autoconsumo energético y generación de empleo.

La nueva política energética ha sido recibido con optimismo por la Asociación Valenciana de Empresas de la Energía (Avaesen) ya que «permitirá una expansión del sector de renovables que beneficiará al consumidor, la sociedad, las empresas y la economía de la Comunitat Valenciana», señala la asociación en un comunicado.

Avaesen, junto con otras organizaciones, creó la Alianza por el Autoconsumo que ha realizado un intenso trabajo con empresas, grupos parlamentarios y propuestas legislativas para alcanzar este resultado.

Marcos J. Lacruz, presidente de Avaesen, ha recordado que el Real Decreto no sólo elimina el «impuesto al sol«, sino que simplifica los trámites, tanto técnica como administrativamente, para que cualquier particular, comunidad o empresa pueda colocar su propia instalación de autoconsumo de energía «Este cambio normativo debe permitir que las instalaciones de autoconsumo sean más rápidas en su ejecución, más baratas en costes y más eficientes», ha asegurado el presidente de Avaesen.

Además, se regula el autoconsumo compartido, de forma que no solo una comunidad de vecinos puede colocar su instalación de autoconsumo, también los colindantes en una instalación podrán consumir esa energía, cosa que la anterior legislación prohibía. También se contempla que la energía vertida a la red suponga una contraprestación económica para el titular de la planta.

El Real Decreto también aborda la pobreza energética y protege al consumidor más vulnerable.

A partir de ahora, Avaesen va a realizar una campaña de información a toda la sociedad para dar a conocer las ventajas del autoconsumo. También ha solicitado una reunión con el Consell para analizar la trasposición de la norma al ámbito autonómico, ya que hay trámites que tienen rango autonómico.

Avaesen recuerda que el «impuesto al sol» obligaba a pagar a los usuarios por seguir enganchado a la red eléctrica, hiciera o no uso de ella. Ese impuesto hacía inviables económicamente las instalaciones de autoconsumo.