El PSPV, Compromís, Podem y Ciudadanos reclaman la elaboración de un pacto nacional del agua que regule todos los recursos disponibles, resuelva los desequilibrios existentes, incorpore los aspectos medioambientales del agua, sea económicamente sostenible y apueste por un nuevo modelo de gobernanza del agua.

Esta es una de las propuestas del dictamen propuesto por estas formaciones en la subcomisión de Les Corts de estudio sobre agua y cambio climático, en cuya elaboración, han dicho, ha participado el PP pero finalmente se ha desmarcado del mismo por cuestiones, a juicio de esos cuatro grupos parlamentarios, «electorales» y «partidistas«.

El documento, que se debatirá este miércoles en la comisión de Medio Ambiente, plantea incorporar la visión del cambio climático a todas las iniciativas urbanísticas que se quieran poner en marcha y aboga por incrementar la transparencia y el control en la gestión del agua.

Aboga por mantener los regadíos existentes en los términos previstos en la planificación hidrológica y como regla general, en la actual situación de escasez hídrica, considera que no debe favorecerse la ampliación de nuevos regadíos, y reclama una segunda modernización de éstos.

Se considera el trasvase Tajo-Segura como imprescindible e irrenunciable y que debe mantenerse su actual configuración, y se defiende una solución definitiva para el Júcar-Vinalopó.

Esta solución debe, a juicio de estas cuatro formaciones, apostar por la recuperación del acuíferos y evitar en el futuro su sobreexplotación, asegurar un coste asumible del agua de riego, garantizar la calidad de las aguas trasvasadas para el regadío, y descartar el agua procedente del Azud de la Marquesa para el abastecimiento urbano.

También se propone la creación de un banco nacional de agua para el conjunto de España y se exige al Gobierno un plan nacional de infraestructuras hídricas para combatir los efectos del cambio climático, optimizar los recursos disponibles y facilitar las transferencias intercuencas.

Otra de las propuestas incluidas es un programa de inversión pública en obras hidráulicas en la Comunitat Valenciana en todo el ciclo integral del agua, que incluya infraestructuras requeridas para aumentar la eficiencia, eficacia y garantía de suministro, las mejoras de calidad del agua, y la defensa contra inundaciones.

Además, se propone un plan de inversiones de regeneración de aguas residuales con sistemas terciarios avanzados que incluyan la ultrafiltración y la desalinización, y el reconocimiento de la desalinización como recurso complementario.

Pide poner fin a la sobreexplotación de acuíferos en el menor plazo posible, y elaborar fórmulas para rebajar el precio del agua procedente de la desalinización, así como el establecimiento de una tarifa única para el riego con este tipo de agua.

Los diputados de las cuatro formaciones se han felicitado por este acuerdo que, según remarcan, no ha sido fácil pero busca que el agua deje de ser un elemento de confrontación partidista, y han lamentado que el PP se haya salido de este acuerdo por una cuestión, en su opinión, electoral. EFE