50.000 empleos podrían crearse en la Comunitat Valenciana con una financiación adicional justa, se desprende del informe Papers de Finançament del Ivie. La sexta entrega del estudio refuerza la reivindicación histórica de reforma de la financiación autonómica, que constata que la región es la que recibe el menor gasto por parte de la Administración Central.

En concreto, en el periodo 2011-2014, el gasto per cápita fue de 4.527 euros, frente al promedio autonómico, que fue de 5.460 euros. De este modo, la Comunitat se vio condenada al último puesto, por debajo de autonomías como Murcia (4.800 euros), Baleares (4.944) y Cataluña (5.078). En el polo opuesto se sitúan País Vasco (7.542 euros), Navarra (6.799) y Castilla y León (6.541). El estudio del Ivie se ha realizado con los datos oficiales del Ministerio de Hacienda, recopilados en las balanzas fiscales elaboradas 2011-2014.

El informe del Ivie destaca que de los 256.704 millones de euros de gasto canalizado por la Administración central en el período 2011-2014 (incluyendo transferencias a las comunidades y a las corporaciones locales y gasto finalista de las competencias que le quedan a la propia Administración central), solo 22.967 millones han revertido en la Comunitat Valenciana, lo que supone un 8,9% del total y nos sitúa muy por debajo de nuestro peso poblacional, que es del 10,6%.

El gasto por habitante en la Comunitat Valenciana durante el periodo analizado es un 82,9% de la media, lo que supone que los valencianos se encuentran a más de 17 puntos porcentuales del promedio per cápita del conjunto de autonomías.

Estos datos, ha declarado la secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación, Mako Mira, «ponen en evidencia el maltrato que ha sufrido y sufre la Comunitat Valenciana»

Especialmente destacable es el escaso gasto en el sector primario -agricultura, ganadería y pesca-, donde la Comunitat Valenciana se queda en el 29% del promedio; en ayudas regionales apenas se llega al 41%, en servicios sociales, se roza el 70%, al igual que en infraestructuras. No mejora tampoco el gasto en prestaciones económicas, que se quedan a casi 19 puntos por debajo de la media nacional; educación, justicia, seguridad, vivienda y financiación regional, se quedan en torno al 82%.

Como destaca el propio Ivie, si el objetivo de la financiación es nivelar el acceso a los servicios, «la territorialización de los gastos debería basarse en indicadores de necesidad objetivos, como la población, su estructura por edades, la pobreza relativa o las características del territorio».

Impacto de 47.877 nuevos empleos

Si la distribución de los recursos en España se hiciera con los criterios que indica el Ivie, el gasto público en la Comunitat Valenciana debería incrementarse en 2.500 millones de euros anuales. Esto supondría un 10,9% más de recursos para la Comunitat Valenciana, que pasaría de disponer de 22.967 millones a contar con 25.467 millones.

Estos 2.500 millones tendrían que llegar por tres vías: 1.607 millones por la mejora de la financiación autonómica; 202 a través del incremento de la financiación local y 692 millones por el incremento del gasto de la Administración Central en el territorio valenciano en las competencias que sigue gestionando directamente (infraestructuras logísticas, ayudas regionales, justicia y seguridad ciudadana, ayudas a la dependencia y apoyo a la inserción laboral).U

Uno de los efectos positivos de esos 2.500 millones adicionales supondría un incremento del 3% del PIB regional y la creación de 47.977 empleos, es decir, un 2,7% más de empleo en la región.»Además, -agrega el informe- ese mayor gasto público en la Comunitat Valenciana eliminaría la anomalía del saldo fiscal valenciano, que pasaría de ser negativo a positivo, situándose donde le corresponde a una comunidad con un nivel de renta un 12% por debajo de la media». En la actualidad, la Comunitat Valenciana tiene un saldo fiscal negativo en sus balanzas fiscales pese a tener un nivel de renta por habitante del 88%. Pese a ser una autonomía con menos recursos que la media contribuye a la solidaridad interterritorial financiando el mayor gasto público de autonomías más ricas.

Para Mira, el sistema actual «nos lleva a ser la única comunidad que, siendo pobre, recibe menos de lo que aporta, lo que supone que tenemos un saldo fiscal negativo y, a su vez, el gasto de la Administración central nos afecta negativamente: lo que recibimos está por debajo de la media en servicios públicos fundamentales».