La infrautilización de las plantas de tratamiento de purines de la provincia de Castellón construidas entre 199 y 2003, con un coste de 20 millones de euros, y la necesidad de tratar correctamente estos residuos de la ganadería del porcino han movido a la Diputación de Castelló, propietaria de las mismas a buscar un acuerdo con los ganaderos para mejorar la gestión de esos residuos. En esta ocasión, la Unió de Llauradors  es el interlocutor de la corporación provincial.

Hace apenas dos semanas, desde el grupo de Compromís en la Diputación se planteaba la necesidad de realizar un estudio diagnóstico de la situación de la gestión del purín, algo preciso antes de que la corporación rescate la propiedad de las plantas, cuya gestión externalizó por medio de una concesión. Apenas dos semanas después, el diputado de Sostenibilidad, Mario García, se reunió con la Unió en busca de acuerdos de colaboración en esa gestión y para asegurar el futuro del sector, en el relevo generacional que se está produciendo.

La Diputación avanzó a la Unió que prestará especial atención a la situación de los jóvenes ganaderos de los municipios de la provincia, con tal de procurar el relevo generacional y con ello contribuir también a la implantación de población en el interior.

García afirmó que “queremos ayudar a la viabilidad de la actividad ganadera en los municipios del interior de la provincia, y la gestión de los purines es uno de las cuestiones que más preocupa al sector. Por ello, llevamos meses trabajando de la mano de la Unió para vertebrar una colaboración que nos permita a las dos partes ofrecer lo mejor de nuestros recursos con tal de conseguir una solución que satisfaga el objetivo de facilitar la actividad a la ganadería porcina de Castellón”.

En ese proceso de cooperación se enmarca la realización de un estudio de la realidad productiva del porcino en Castellón, analizando la capacidad de cada una de las explotaciones para el almacenamiento de purín y el tratamiento que hacen del mismo.