Sector público e internacionalización

-¿Se le ocurre algún aspecto en el que debiera haber más implicación de los poderes públicos para favorecer el proceso de internacionalización?

– El sector público siempre tiene algún papel que desempeñar a la hora de acompañar a las empresas. Por ejemplo, la negociación de los tratados de comercialización es fundamental. En mi opinión, el principal papel que pueden jugar las instituciones públicas es a través de las regulaciones que atañen al funcionamiento de la empresa en el terreno doméstico. No tanto en poner el foco sobre cómo acompañarlas al exterior, pues las propias empresas pueden ser exitosas en el desarrollo de ese tipo de canales, sino en como fijarse en qué es lo que impide su crecimiento aquí en casa.

Por ejemplo, en la regulación sobre cómo poner en marcha una empresa y cómo cerrarla, porque a esto se le presta muy poca atención. Si necesitamos gente ambiciosa y que tome riesgos, precisamos también un sistema que les haga relativamente fácil entrar y salir y hacerlo con el menor estigma posible.

Las tasas de éxito son relativamente bajas con lo que, si queremos tener 100 empresas exitosas, por cada una de ellas vamos a necesitar 1.000, 2.000 o 3.000 que fracasen. No debemos poner palos en las ruedas, ni empezar a ver cómo reducir los costes para que las empresas alcancen mercados exteriores, cuando a nivel interno no tenemos un consenso sobre las reglas del mercado interno.

Continúa habiendo regulaciones diferentes. El coste operativo de crear una empresa en una comunidad autónoma o en otra es diferente. Con lo que habría que reducir esa divergencia y guiarla hacia mejores prácticas.

En cuanto a la financiación, mucha gente percibe que existe ahí un papel para las administraciones públicas, pero hay que incentivar otras vías de financiación alternativas, incluso la bancaria ya que estos tienen que jugar un papel para impulsar esa internacionalización, redirigiendo los recursos hacia aquellas empresas productivas y enfocadas en el sector externo.