El president de la Generalitat ha anunciado que el Consell impulsará una nueva Ley de Función Pública Valenciana que refuerce y modernice la Administración y permita avanzar hacia una mayor profesionalización y eficiencia en la prestación de servicios públicos, así como garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y en el acceso a un empleo público.

Puig y Bravo durante la presentación de los informes para la reforma de la Función Pública

Ximo Puig, acompañado por la consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, ha mantenido una reunión de trabajo con las dos comisiones de expertos a las que se encargó el estudio de una reforma de la Ley de Función Pública Valenciana. Los informes recogen más de un centenar de recomendaciones para mejorar la Administración pública con medidas para la igualdad real. 

«Es necesario absolutamente que la Administración valenciana se ponga a punto porque tenemos problemas graves», ha aseverado Puig, quien se ha referido al alto envejecimiento del sector público o a la interinidad. «Y existe un problema que es sustancial al propio funcionamiento del autogobierno de los valencianos, porque tenemos menos funcionarios por habitante para ejercer nuestras competencias que cualquier otra comunidad autónoma», ha denunciado el president.

La reforma que planea el Consell no afectará únicamente a la Administración general de la Generalitat valenciana, sino también al sector instrumental. «Se trata de tener una función pública lo más profesionalizada y eficiente posible, y, sobre todo, de garantizar que todos los ciudadanos que quieran acceder a ella tengan las mismas oportunidades de hacerlo», ha señalado Puig.

Por su parte, Gabriela Bravo ha anunciado que, durante el próximo mes de octubre, el Consell organizará unas jornadas para la presentación y debate de los informes que han elaborado los expertos.

Más de cien recomendaciones

La primera de las comisiones, presidida por el catedrático Miguel Sánchez Morón, ha formulado 125 recomendaciones para que la futura norma se convierta en motor de una profunda renovación de la administración valenciana.  A esas 125 propuestas hay que sumar la batería de modificaciones que propone la segunda comisión de especialistas de reconocido prestigio-presidida por la constitucionalista Julia Sevilla– que ha analizado la reforma de la ley de la Función Pública desde una perspectiva de género para asegurar la efectiva igualdad de acceso, condiciones laborales y promoción profesional de mujeres y hombres en la Administración valenciana. 

La comisión presidida por Sánchez Morón apuesta por hacer de los principios de igualdad, mérito y capacidad la base del acceso a la función pública y el posterior progreso en la carrera administrativa del personal funcionario, pero siempre con la necesaria flexibilidad en la ordenación y gestión del sistema de empleo público para hacerlo eficiente. Al mismo tiempo, la reforma debe procurar un reforzamiento organizativo y de los instrumentos de gestión de la Generalitat en la materia, así como reforzar las exigencias éticas de la función pública.

El personal público

La comisión entiende el acceso a la función pública debe ser abierto, por lo que el sistema ordinario debe ser el de oposición. Esta es la forma más sencilla de ofrecer una oportunidad a la juventud, que de otro modo tendría muchas menos posibilidades de incorporarse a la función pública en concurrencia con quienes pueden alegar méritos ya contraídos en el servicio, como el personal funcionario o interino, así como el temporal.

En esta línea, los expertos proponen que la Generalitat inicie un programa de ayudas o becas para fomentar la preparación de oposiciones con la finalidad de permitir la dedicación a este objetivo de aquellas personas que, con mejores currículos académicos, puedan carecer de los necesarios recursos económicos para destinar varios meses o años de su vida a esa ocupación no retribuida.

Por lo que se refiere al personal funcionario interino, la futura ley debería actualizarse y, en lo que atañe a su selección mediante bolsas vinculadas a las ofertas de empleo público, especificar que solo estarán abiertas a personas que hayan aprobado al menos alguna de las pruebas del procedimiento selectivo correspondiente.

Dado la alta tasa de interinidad que presenta la administración valenciana, los expertos aconsejan algún procedimiento de consolidación de empleo temporal de larga duración que deberá ir precedido de un plan estratégico de recursos humanos.

Directivos profesionales

El informe propone que la futura ley incluya la figura del directivo público profesional, que considera «un factor estratégico de modernización». Para ello, la norma deberá determinar qué puestos serán ocupados por estos profesionales de dirección que define como aquellos que consisten en la coordinación de unidades administrativas, el establecimiento y evaluación de objetivos de las mismas, la dirección de personas o la gestión de recursos con un alto nivel de responsabilidad.

Otra recomendación es simplificar la estructura corporativa de la administración general de la Generalitat y limitar el recurso de la comisión de servicios o la adscripción provisional. Esta comisión también cuestiona como mérito la antigüedad y recomiendan cambiarlo por el de «experiencia profesional de servicio».

Una medida novedosa incluida en el informe de los expertos para combatir la corrupción en el ámbito público consiste en establecer un régimen legal de protección de los empleados públicos que denuncien casos de esa naturaleza (‘whistleblowers’ en la terminología inglesa), al igual que se ha hecho ya en otros ordenamientos. Al respecto, la garantía mínima es proteger la identidad de la persona que realiza una denuncia.

Igualdad

Por su parte, la comisión experta en materia de igualdad que preside Julia Sevilla, ha concluido que más de cien preceptos deben ser reformados si quieren cumplir con la perspectiva de género, una obligación exigida tanto por el Estatuto de Autonomía como las leyes de igualdad estatal y autonómica.

En particular, el documento muestra que la ley vigente incumple los artículos 44, en materia formativa, y 45, sobre promoción interna, de la propia regulación valenciana en materia de Igualdad. El informe también enuncia las propuestas de actuación para alinear el futuro texto legal con los mandatos de la legislación estatal y autonómica en materia de igualdad efectiva como los criterios en el sistema de clasificación profesional, el ejercicio de los derechos de conciliación o la mejor protección a las víctimas de violencia de género.