La fuerte reducción del gasto público en educación pone en peligro al propio sistema

La fuerte reducción del gasto público en educación pone en peligro al propio sistema

Desde el año 2000, la evolución del gasto educativo en España se ha caracterizado por una trayectoria irregular y dependiente del ciclo económico. La crisis ha frenado su ritmo de crecimiento previo, situado en el entorno del 3% anual. Después de alcanzar en 2011 un máximo de 73.662 millones (en euros constantes de 2013) el gasto total (público + privado) en educación se redujo un 5,7% hasta situarse en 2014 en 69.461 millones de euros.

Ezequiel Uriel, Rafael Pardo y Francisco Pérez en la presentación del informe

Ezequiel Uriel, Rafael Pardo y Francisco Pérez en la presentación del informe

Este ajuste ha tenido su origen fundamental en el comportamiento del gasto público, que se redujo 7.000 millones entre 2009 y 2014, habiendo repuntado en 2015 para situarse en 41.165 millones de euros, según estimaciones provisionales. La caída del gasto público en educación ha ocasionado tensiones no deseables en actividades de esta naturaleza al poner en riesgo la estabilidad financiera del sistema educativo, advierte el estudio Cuentas de la Educación en España 2000-2013. Recursos, gastos y resultados, elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).

El gasto público en educación reglada por alumno creció con intensidad desde 2000 hasta 2008 (un 25,5%), para retroceder después un 20,3% y situarse en 2013 al nivel de 2000. Así pues, aunque buena parte de los avances en la fase de expansión se debieron al sector público este ha sido también el responsable de los retrocesos. El estudio subraya “el compromiso más estable de las familias con el gasto educativo durante la crisis, a pesar de que también han sufrido caídas de ingresos en los últimos años”.

Con el fin de garantizar la sostenibilidad del sistema educativo, y protegerlo de posibles ajustes durante crisis intensas y duraderas como la actual, los autores recomiendan crear un fondo de reserva -similar al de la seguridad social-, controlar el crecimiento del gasto en las fases de expansión económica y vincular la financiación a los resultados formativos para hacerlo más eficiente.

Dirigido por Francisco Pérez -director de investigación del Ivie y catedrático de la Universidad de Valencia– y Ezequiel Uriel -profesor investigador del Ivie y catedrático de la misma universidad-, el estudio analiza en profundidad la situación de la educación en España en los años transcurridos desde principios de siglo y hace una detallada radiografía del sistema educativo español.

Mayor esfuerzo de las familias
La trayectoria de los últimos años del gasto público en educación contrasta significativamente con la del gasto de los hogares, que ha mantenido una evolución más regular, y creciente durante la crisis, pasando de 9.567 millones de euros en 2000 a 12.766 millones en 2013 (ambas cifras en euros de 2013). Así pues, las familias han mantenido el gasto en educación durante la crisis y lo han incrementado en un 33% desde principios de siglo, compensando en parte la caída reciente del gasto público. Mientras que el crecimiento del gasto en educación de las familias entre 2000 y 2009 fue de un 5%, desde 2009 hasta la actualidad ha crecido un 28,2%.
¿En qué gastan más en educación los hogares? Los autores señalan que las familias destinan un 39,2% de su gasto a clases lectivas, y la mitad de esta partida se concentra en la educación infantil y primaria, los niveles educativos en los que se cursan más años de formación, siendo la financiación pública más limitada en educación infantil. En segundo lugar, la compra de bienes y servicios conexos, como uniformes, libros o transporte escolar representa un 25,5%. Los servicios y actividades complementarias suponen un 23,9% y las actividades extraescolares, dentro y fuera del centro el 11,4%.

El gasto de los hogares en educación aumenta en función del nivel de renta: los de mayores ingresos dedican un porcentaje cuatro veces superior al de las familias de ingresos menores. También se ve muy influido por el nivel de estudios del sustentador principal del hogar y por la titularidad del centro al que acuden los alumnos: el gasto se duplica cuando es un centro privado concertado y se cuadruplica cuando es privado no concertado.

El peso del gasto en educación de las familias españolas en el gasto final de la economía alcanza el 0,5% del producto interior bruto (PIB) y es superior a la media europea (0,4%), mientras que el gasto del sector público es claramente inferior (3,8% frente a 4,6%).

Predominio de la financiación pública
El sistema educativo español está integrado por 28.000 centros no universitarios y más de 1.000 centros universitarios. La financiación del gasto de la totalidad de los centros de formación reglada (desde la educación infantil a la universitaria) se reparte entre un 80,4% correspondiente al sector público (33.949 millones de euros en 2013), un 17% a las familias (7.173 millones de euros) y el restante 2,6% (1.101 millones de euros) a otros agentes (empresas y resto del mundo). Las aportaciones de las administraciones a la financiación de los centros públicos representan el 91% de los fondos que estos manejan. Por esta razón, los ajustes de gastos en las cuentas públicas han sido determinantes de la trayectoria irregular de la financiación de estos centros educativos, señala el estudio.

Tras los ajustes, la financiación pública de los centros públicos se situaba en 2013 al nivel de la de 2004, y los recursos por alumno (en términos reales) equivalían a los de 2001. Por el contrario, las familias han aumentado sus contribuciones a la financiación de la educación pública del 4,3% al 6,3% entre 2009 y 2013, debido sobre todo a que las tasas universitarias han aumentado, elevando sus aportaciones hasta el 21% en este nivel educativo.

Los recursos de los centros privados -concertados y no concertados- apenas han retrocedido durante la crisis debido a que sus fuentes de financiación están más diversificadas y se han comportado mejor. Las aportaciones de las administraciones a la enseñanza privada a través de los conciertos educativos representan algo más del 55% de los recursos de los centros privados de infantil y primaria y el 61% de los de educación secundaria y profesional. Estas aportaciones se han comportado de manera más regular que las realizadas a los centros públicos, al evitarse en gran medida los ajustes.

Las aportaciones de los hogares a la financiación de la educación privada han ganado peso a lo largo del periodo 2000-2013 y representan alrededor del 45% del total de los ingresos de estos centros, siendo obviamente mayores en los centros no concertados. Su importancia es también superior en la educación universitaria privada -en la que no hay conciertos- donde llegan a representar casi el 90% de los ingresos.

Pobres resultados educativos
Los resultados educativos han mejorado mucho en España si se considera la ampliación del acceso a los niveles de formación postobligatoria de los jóvenes. Sin embargo, los autores subrayan que el “sistema tiene importantes debilidades que ponen en cuestión su eficacia, su eficiencia en el uso de recursos y también la igualdad de oportunidades”. La primera debilidad es el elevado porcentaje de estudiantes -un 25%-, que no completa la educación secundaria obligatoria (ESO) a los 16 años. Además de importantes problemas de retraso y abandono educativo temprano, también existen los que reflejan los bajos niveles de competencias adquiridas.

Según el Informe PISA, España está por debajo de la media de competencias de la OCDE y de la UE en el caso de los jóvenes de 15 años y, lo mismo sucede en el caso de los adultos de 16 a 65 años según el Informe PIAAC.

Los resultados demuestran que un entorno familiar favorable es mucho más decisivo para los resultados formativos que la titularidad del centro. Los centros privados obtienen mejores resultados, fundamentalmente, porque entre sus alumnos son más frecuentes los entornos socioeconómicos favorables.

Factores que influyen

El estudio señala una serie de condicionantes personales de los alumnos sobre los que recomienda actuar porque afectan a la eficacia de la educación, que se derivan, en buena medida, del entorno socioeconómico. Destaca, por ejemplo, el retraso en el inicio de la educación infantil, pues el primer ciclo (de 0 a 2 años) es cursado por menos del 50% de los niños; la repetición temprana de curso y el absentismo (sobre todo en primaria); y la condición de inmigrante. Asimismo, la educación de los padres y el entorno cultural del hogar son muy relevantes.

Un último aspecto que subraya el estudio es que la formación relacionada con el empleo sigue siendo, en gran medida, una asignatura pendiente en España. Aunque el gasto en formación en las empresas se ha multiplicado por cuatro desde 2000 a 2013 hasta alcanzar 7.320 millones de euros, se mantiene muy alejado del nivel de países más avanzados. El gasto público en formación ocupacional ha caído un 35% durante la crisis, hasta situarse en 1.153 millones de euros (2013), pese a las elevadas necesidades de formación de los parados.

Problemas y vías de solución
A la vista de los problemas señalados, los autores del informe presentan seis recomendaciones para mejorar el sistema educativo:
1. Establecer mecanismos de evaluación de las políticas educativas con el objetivo de conocer si un mayor gasto mejora o no los resultados.
2. Apoyar financieramente el acceso al primer ciclo de educación infantil (el menos financiado con fondos públicos) y fortalecer la educación primaria para combatir el abandono escolar temprano.
3. Reforzar el apoyo a los alumnos con dificultades y a los centros con entornos desfavorables, más frecuentes en el caso de los centros públicos.
4. Implicar a los centros educativos en políticas orientadas a mejorar los resultados formativos. Para ello han de disponer de instrumentos informativos, evaluaciones adecuadas y margen de gestión para actuar en la consecución de objetivos.
5. Dotar de estabilidad al gasto en educación, creando un fondo de reserva con el fin de proteger las actividades educativas de los ajustes en épocas de crisis.
6. Fomentar la formación en las empresas y reforzar el esfuerzo del sector público en formación ocupacional, para que el capital humano se aproveche mejor y se deprecie menos. 

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