La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de la Generalitat, Mª José Salvador, ha sido contundente en su intervención hoy ante  Forum Europa: «La inversión en cuatro años del gobierno del PP con mayoría absoluta en la Comunidad Valenciana ha sido del 4’8%», afirmó para reivindicar el cambio en el modelo de financiación y añadió que el trato recibido por parte del Ministerio de Fomento había sido de menosprecio.

«Todo -aseguró- pasa por cambiar el modelo de financiación. No hay plan B«.

Salvador hizo una intervención eminentemente política. Señaló que se han fijado nuevas prioridades, defendiendo una gestión orientada hacia las personas. Por ello se refirió especialmente a todas las iniciativas de su departamento que tienen que ver con poner el foco en los problemas de los ciudadanos, como la reapertura de la investigación del accidente del metro; los acuerdos con entidades bancarias para el alquiler social de viviendas vacías o los convenios para luchar contra la pobreza energética.

Política de vivienda

En este sentido, la consellera agradeció la colaboración de tres entidades de crédito –Caixa Popular, Caixa Ontinyent y Cajamar- sumándose a la moratoria contra los desahucios. También se refirió al acuerdo con Bankia para evitar desahucios y negociar alquileres sociales o las conversaciones con la Sareb -de momento infructuosas- para poner en alquiler las viviendas vacías.

Defendió la rehabilitación de viviendas y de los centros urbanos como una alternativa rentable para la construcción y aseguró que la rehabilitación supone tres puestos de trabajo por cada empleo en la construcción. Argumentó, igualmente, que no sólo se recuperan espacios y edificios, sino que también se recuperan oficios. Cifró en 1,2 millones las viviendas que precisan de rehabilitación energética y 600.ooo viviendas en edificios de tres plantas que carecen de ascensor.

«Por todo ello -aseguró- entendemos que la rehabilitación es la segunda oportunidad de la construcción» y recalcó que se constituye en el eje de la nueva política de vivienda del Consell y dota esta actividad con 79 millones de euros, presupuesto que califica de insuficiente, pero «que es más que la suma destinada en 2014 y 2015». Incluso apuntó la posibilidad de aumentar esta dotación presupuestaria si se puede contar con fondos del Plan Junker.

Otro de los aspectos que toco en relación con la vivienda fue el impago de ayudas oficiales a la rehabilitación de viviendas, que ha ocasionado muchos problemas a las familias que se acogieron al programa y que la consellería dejó de pagar en 2009. 

Sobre la VPO, Salvador afirmó que 50.000 personas se han encontrado «atrapadas» al no poder hacer frente a los pagos, la imposibilidad de vender la vivienda y no existir la posibilidad de acogerse al alquiler social, cuando se han visto afectadas por la reforma laboral y han perdido su empleo, lo que ha supuesto para los afectados, aseguró la consellera «tener una sensación de estafa por parte de la Administración Pública». Anunció, asimismo, la reforma inmediata de 250 viviendas del parque público, cifrado en 600.

Mª José Salvador defendió la necesidad de una ley de segunda oportunidad y anunció que el proyecto de ley de la función social de la vivienda está en proceso de redacción y que considera a la vivienda como un derecho subjetivo, «porque no es posible que el siglo XXI se eche a la gente de su casa por no poder pagar la hipoteca o el alquiler, sin tener una alternativa habitacional», una ley que sitúa a la vivienda como derecho fundamental en el estado del bienestar, en igualdad de condiciones que la sanidad, la educación o las pensiones.

Prioridades urbanísticas

Respecto a la política urbanística, defendió una planificación supramunicipal y, en concreto defendió una planificación para áreas como L’Horta o el eje Alicante-Elche. En este sentido, se refirió a la política de movilidad y aseguró que el 80% de las concesiones de transporte en las áreas metropolitanas ha caducado y, tras 20 años sin revisar, están obsoletas y no contemplan las necesidades actuales.

Salvador puso énfasis en el nuevo tratamiento del litoral, defendiendo las conexiones verdes y defendió un urbanismo sostenible, basado en crecimientos moderados y en la descalificación de suelos. En este sentido, anunció que se ha paralizado la recalificación de 8 millones de metros cuadrados. Un urbanismo, dijo, que pasará de ser el despropósito pasado a «un crisol de buenas prácticas».

Transporte, movilidad e infraestructuras

Desde el punto de vista doméstico, defendió la mejora del transporte público, ya que «el 59% de los usuarios de Metrovalencia y el 46% del tram de Alicante, viven fuera de la ciudad». Defendió el papel integrador en el territorio del transporte metropolitano, «porque atienden las necesidades de movilidad de las personas». Añadió que promueven la creación de una autoridad única de transporte en el área de Valencia.

Habló también de infraestructuras «excesivas y megalómanas, como los 100 millones que se han gastado en la F1 o los 190 en la T2 del aeropuerto de Valencia, mientras faltan medios de transporte en los pueblos para ir al hospital o a hacer gestiones a la capital». La consellera de Vivienda añadió que cada inversión que se haga conllevará una financiación sostenible que no comprometa decisiones futuras. 

Habló de las grandes obras de infraestructura pendientes y cuyo presupuesto depende del Gobierno Central, como es la llegada del AVE a Castellón, asegurando que carecen de información oficial sobre la fecha de inauguración y calificó de menosprecio el trato del Ministerio de Fomento con la Comunidad Valenciana. Criticó también la falta de información sobre la evolución del tendido del tercer hilo, aunque defendió para el Corredor Mediterráneo la doble plataforma, el ancho europeo y reivindicó la liberación de la AP 7, la modernización de la línea ferroviaria Sagunt-Teruel-Zaragoza para facilitar la conexión con el norte de España, infraestructuras todas ellas que contribuirán a mejorar la competitividad de la Comunidad Valenciana.

La consellera defendió la conectividad del territorio desde un punto de vista local y desde una perspectiva global, para formar parte de las redes de transporte internacional de personas y mercancías.

Salvador criticó la solución del tercer hilo para el Corredor Mediterráneo, asegurando que no supone la misma operatividad que la doble plataforma. Añadió que las obras, además, afectan gravemente al transporte de cercanías. También reivindicó la conexión de alta velocidad de las tres capitales. «Queremos -recalcó- infraestructuras de primera, porque somos una autonomía de primera».