La polémica está servida. Y es que mientras sectores tradicionales como el del taxi acusan a Uber y Blablacar de «piratas” por actuar al margen de la ley, los negocios de consumo colaborativo se defienden argumentando que ellos simplemente son una red social que conecta a particulares para intercambiar bienes, servicios y/o conocimientos para optimizar los recursos financieros y energéticos existentes, comentan desde Blablacar.

Desde el sector del taxi se acusa a esta competencia de operar en contra de lo que establece la legislación española en materia de transportes terrestres en automóviles de turismo. Se quejan de que mientras ellos tienen que pagar caras licencias y estar autorizados por la Administración, estas plataformas no se sujetan a las mismas normas, por lo que juegan en desventaja.

Asimismo, los taxistas afirman que mientras ellos contribuyen con sus impuestos a las arcas del Estado, los “intrusos”, como ellos les llaman, no cumple con sus obligaciones tributarias.

En el bando contrario, tanto Uber como Blablacar insisten en que ellos no son una empresa de transporte, por lo que no se deberían de ajustar a las leyes del ramo.

En este sentido, desde Blablacar explican que sus usuarios no contratan un sistema de transportes, sino que aprovechan un viaje que se realizaría de cualquier modo y contribuyen a los gastos.

Uber, por su parte, continúa por esta línea, y afirma que ellos “simplemente ponen en contacto a usuarios que buscan fórmulas de consumo colaborativo y una manera más económica de desplazarse”.

A este respecto, Jeroen Merchiers, responsable en España y Portugal de Airbnb, y Pierre-Dimitri Gore-Coty, directivo para el norte y este de Europa de Uberhan, pidieron desregular los sectores hoteleros y del taxi, lo que permitiría «abrir un mercado, donde existe un desequilibrio entre oferta y demanda de taxis y hay muchas licencias», comentaba Gore-Coty.

Por otro lado, la polémica también ha saltado a la Administración y a las instituciones europeas, y es que mientras la Comisión Europea ya se mostró contraria a prohibir los servicios de transporte en vehículos compartidos por particulares, el Ministerio de Fomento recordaba recientemente a las personas y empresas que realicen transportes de viajeros mediante retribución económica, que deberán de estar previamente autorizados por la Administración, bajo pena de multa, tanto para éstos como para los usuarios.

Ciudades como Bruselas y Barcelona ya se han mostrado en contra de la actividad de Uber. En este sentido, el Ayuntamiento de Barcelona ya ha abierto un expediente a Uber por “supuesta actividad irregular”, mientras que en Bruselas, directamente se ha prohibido su actividad. A lo que la comisaria europea de Agenda Digital, Neelie Kroes, comentó estar «indignada por la decisión, y consideró que no era un intento de proteger o ayudar a los pasajeros, sino a un cartel de taxis».

Hoy es el transporte y el alojamiento, mañana será cualquier otro sector el que se levante en pie de guerra contra los negocios de consumo colaborativo, a los que acusarán de ser la causa de muchos de sus males. Pero lo que sí es cierto, es que este tipo de consumo ha calado muy positivamente entre la gente, que colaborando y compartiendo optimizan sus recursos.