Plan Vivienda 2026-2030: la Generalitat Valenciana pide flexibilidad a la realidad territorial

La Generalitat Valenciana ha solicitado al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana mayor flexibilidad en la aplicación del futuro Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con el objetivo de que cada comunidad autónoma pueda adaptar las medidas a su realidad territorial. Esta petición se ha trasladado tras la Comisión Multilateral celebrada este martes entre el Gobierno central y las autonomías.

Durante el encuentro, el Ejecutivo central ha avanzado en el despliegue de los 7.000 millones de euros previstos para el plan, así como en la convocatoria de la próxima Conferencia Sectorial, prevista para finales de mayo. En esta cita se definirán los criterios de reparto de los fondos, un paso clave para la ejecución del programa.

Retrasos en la aprobación y ejecución del plan

Desde la Generalitat advierten de que los trámites pendientes podrían retrasar la puesta en marcha efectiva del plan. El sistema de financiación y distribución de fondos, que previsiblemente seguirá el modelo del plan 2022-2025, deberá ser aprobado primero en la Conferencia Sectorial, después en el Consejo de Ministros y, posteriormente, ratificado de nuevo.

Este proceso, según el Consell, podría dilatar los acuerdos bilaterales entre el Ministerio y las comunidades autónomas más allá del mes de agosto, afectando directamente a la planificación de ayudas y programas.

Riesgo para miles de beneficiarios

La administración autonómica ha alertado de que esta incertidumbre pone en riesgo miles de ayudas, especialmente aquellas dirigidas a alquiler, bono joven y compra de vivienda. En concreto, estiman que más de 15.000 familias podrían verse afectadas si no se agilizan los plazos.

Además, el Ministerio ha planteado una transferencia anticipada de fondos para 2026, una propuesta que genera dudas entre las comunidades al no existir todavía un marco normativo definido que permita planificar y ejecutar las actuaciones con seguridad jurídica.

Solicitud de prórroga y ejecución hasta 2027

Ante la falta de tiempo material para ejecutar los fondos en 2026, la Generalitat ha solicitado que estos puedan justificarse también durante 2027. Según fuentes autonómicas, el Gobierno central se ha mostrado dispuesto a estudiar esta posibilidad.

Por otro lado, varias comunidades -entre ellas la Valenciana, Andalucía y Aragón- han pedido acceso al expediente del Real Decreto en tramitación para analizar posibles conflictos competenciales, especialmente en cuestiones como la regulación del alquiler o las calificaciones permanentes de vivienda.

Críticas al modelo del plan estatal

Desde el Consell consideran que la propuesta del Ejecutivo central presenta «más imposiciones que acuerdos» y, aunque valoran positivamente que exista un nuevo plan, critican que no responde plenamente a las necesidades territoriales.

Por ello, insisten en la necesidad de introducir mecanismos de flexibilidad que permitan adaptar las medidas a las particularidades de cada comunidad autónoma, tanto en materia de vivienda como en la gestión de ayudas.

Impacto de la Dana y presión sobre el sector

La Generalitat también ha puesto el foco en la necesidad de flexibilizar los plazos de ejecución de proyectos financiados con fondos europeos. Esta demanda se intensifica tras los efectos de la Dana de finales de 2024, que ha tensionado el sector de la construcción y rehabilitación.

El incremento de costes y la presión sobre los recursos han provocado desajustes en los presupuestos iniciales, dificultando la ejecución de promociones de vivienda y actuaciones de rehabilitación.

En este contexto, ambas administraciones revisarán en las próximas semanas el estado de los proyectos vinculados a ayudas europeas, con el objetivo de buscar soluciones específicas que permitan garantizar su viabilidad.