El Gobierno suaviza el decreto de centros de datos, pero el sector lo rechaza y anuncia que recurrirá

El Gobierno ha suavizado el real decreto que regulará los centros de datos en España, pero el cambio no ha calmado al sector, que lo rechaza y anuncia que lo recurrirá. El nuevo texto, remitido al Consejo de Estado, rebaja algunas exigencias y amplía los plazos, en un intento del Ejecutivo por sacar adelante la norma antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Qué cambia en el nuevo texto

La modificación más visible es el umbral de aplicación: las principales obligaciones pasan de afectar a las instalaciones desde 1 MW de potencia de acceso a la red a hacerlo solo a partir de 10 MW. Se mantiene la exigencia de que los centros respalden al menos el 80% de su consumo eléctrico con energía renovable y con correlación horaria entre generación y demanda, aunque con un periodo transitorio hasta 2031 para cumplirlo de forma gradual.

Más margen para adaptarse

El decreto introduce varias vías de flexibilidad durante esa transición. La antigüedad máxima de las instalaciones renovables que pueden vincularse a un centro pasa de 18 a 36 meses, la duración mínima de determinados contratos de compraventa de energía (PPA) baja de 10 a 6 años y se admiten las baterías para gestionar el desajuste entre lo que se genera y lo que se consume. En eficiencia energética, el margen transitorio del indicador PUE sube de 1,15 a 1,25 para las instalaciones que firmen su acceso a la red antes de 2029, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031.

Desconexiones sin compensación

A cambio de acogerse al periodo transitorio, los centros deberán integrarse en el sistema de reducción automática de potencia, que permite interrumpir su suministro, sin indemnización, cuando la estabilidad de la red lo requiera. El texto mantiene además exigencias elevadas de eficiencia en el consumo de agua.

El sector anuncia recurso

Pese a los ajustes, las empresas promotoras y las eléctricas rechazan la norma y han adelantado que acudirán al Consejo de Estado y a las vías legales. El Gobierno, por su parte, quiere aprobar el decreto cuanto antes. El texto remitido no es todavía definitivo, ya que debe pasar por el dictamen del Consejo de Estado.

Un debate con proyecto valenciano en juego

La regulación marcará el ritmo de inversión de un sector en plena expansión y con una fuerte demanda eléctrica. En la Comunitat, el debate tiene nombre propio: el proyecto de centro de datos en marcha en Monforte del Cid (Alicante), valorado en hasta 500 millones de euros, cuyo desarrollo depende en buena medida de las condiciones que acabe fijando la norma.