Gastos y costas: ¿Qué significan dentro de un proceso legal?

Uno de los elementos más importantes dentro de un proceso judicial son los gastos y costas. Se trata de todos los egresos que se ocupan durante un procedimiento judicial. Así que, tienen un papel fundamental en cualquier proceso de este tipo. En ellos, se incluyen los honorarios de los abogados y su equipo de trabajo.  Además de, los aranceles, derechos judiciales y cualquier otro costo que se incluya durante el litigio. Al iniciar un proceso legal, es necesario tomar en cuenta estos costos para determinar cuánto será la cuenta final.

¿Qué son los gastos y costas de un proceso?

Todos los desembolsos económicos necesarios que haya que hacer durante un proceso judicial se denominan gastos y costas. Están representados por los egresos que se derivan del procedimiento, bien sea un fax, honorarios profesionales, traslados, requerimientos, etc. Normalmente, cuando se lleva a cabo un litigio, se necesita un gran trabajo en el que participan múltiples profesionales. Por ello, la ley decidió establecer los gastos y costas, obligando a alguna de las partes a hacerse cargo de las erogaciones causadas.

Se trata de un presupuesto que puede superar los miles de euros, ya que los procedimientos suelen ser costosos. No obstante, dependerá de la complejidad del proceso y los recursos que se necesitan para defender al acusado. Cuando finalice el proceso, el juez decidirá cuál de las partes se hará responsable de los egresos, aunque en ocasiones puede no elegir a ninguna. Aun así, en la mayoría de los casos la parte perdedora es la encargada de asumir el compromiso económico.

¿Cuál es la diferencia entre ellos?

Los gastos y costas procesales forman parte de cualquier litigio judicial, al punto que están contemplados dentro del marco jurídico. No obstante, ambos tienen pequeñas diferencias que las partes deben tener en cuenta a la hora de asumir los pagos. Primero que todo, los gastos se consideran los egresos provocados directamente por el procedimiento judicial. En consecuencia, el envío de burofax, trámite administrativo, fotocopias, firma de documentos y mucho más forman parte de los gastos procesales de un litigio.

Mientras que, las costas son todos los desembolsos que hará la parte perdedora por resolución judicial y que forma parte del procedimiento. En este sentido, se incluyen los honorarios profesionales, anuncios que deban publicarse, depósitos para presentación de recursos, derechos de peritos y cualquier documento de carácter obligatorio. Podría decirse que son todos los gastos que exige la ley para desarrollar un proceso judicial. Además, hay que añadir a los aranceles que hay que abonar según los requerimientos que señale la ley.

La tasación de costas o fijación de gastos procesales

La fijación de costas está determinada por el marco jurídico español. Aquí intervienen la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley 1/2013 y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En la primera, está registrado en los artículos 394 a 398 y su rango de acción son los procesos civiles. En estos casos, la parte perdedora del litigio será la encargada de las costas, aunque existen excepciones. Mientras que, en la segunda, habla sobre su imposición en el momento que haya una ejecución hipotecaria y en la tercera fija la regulación para los procesos de índole penal.

Estos gastos dependen del tipo de juicio, ya que es diferente si es un juicio penal o civil. En este sentido, abarcaría desde honorarios de defensa, representación técnica, publicación de anuncios, derechos de peritos, certificaciones y mucho más. Por otro lado, la ley establece que cada parte honrará los gastos que se vayan produciendo a su instancia. Luego, el juez determinará a qué parte le tocará las costas, aunque en la mayoría de casos le corresponde a la parte perdedora.

¿Cuándo es procedente su cobro?

El cobro dependerá de la decisión del tribunal, ya que, aunque la normativa señala a la parte perdedora, todo queda a discreción del juez. Quién puede inclusive decidir que ninguna de las partes pague los gastos y costas procesales. Claro que, debe existir un motivo fuerte para ello. En consecuencia, si el juez determina que debe ser pagado por alguna de las partes implicadas, el cobro será obligatorio. De lo contrario, el condenado podrá tener responsabilidades penales por no cumplir con este compromiso económico.

El cobro a la parte perdedora procederá cuando se rechacen todas las pretensiones. De ser así, el sentenciado tendrá que hacerse cargo de las costas generadas por el triunfador. Ahora bien, si solo se desestiman algunas pretensiones, la parte sólo deberá abonar la mitad de las costas comunes. Por otro lado, la parte actora deberá pagar las costas en caso de desistir y que esto no haya sido aceptado por el demandado. Sin embargo, si el proceso se paraliza por convenio mutuo, ninguno de los dos tendrá que asumir los costes jurídicos.

¿Quién tiene que pagarlos?

Los gastos y costas tendrán que ser pagados por quien determine el tribunal. A menos que, el demandado sea un fiscal. Este último no puede ser condenado en costas según la normativa, así que estaría exento de este cobro. Quien suele verse más afectada es la parte perdedora, ya que en la mayoría de los casos debe asumir las costas generadas por su contrincante. Además, tendrá que pagar su defensa privada y los gastos directos que provocó el procedimiento.

Mientras tanto, el demandante tiene todas las de ganar, aunque también podría pagar en caso de desistimiento. En estos casos, el demandado tiene un papel fundamental, y es que si no acepta la renuncia, la otra parte tendrá que asumir los gastos y costas. De esta manera, el sistema busca ser lo más justo posible para que pague quien más daños causó al proceso. En este sentido, el que tiene la última palabra es el juez, quien deberá escuchar a todos los implicados para tomar la decisión acertada.

¿Qué es la tasa judicial?

La tasación judicial se lleva a cabo cuando las partes implicadas presentan una solicitud de tasación. Para ello es necesario mostrar los comprobantes de todos los gastos que se efectuaron durante el proceso. Posteriormente, el Secretario Judicial la trasladará a ambas partes y si en diez días no se impugna, la tasación será aprobada. Es aquí donde se realizará la condena en costas en la que la parte señalada deberá pagar en un plazo de 20 días hábiles. Así es como se ejecuta la tasa judicial.

Es, así pues, como los gastos y costas procesales forman parte indispensable de un litigio judicial. Después de todo, estos egresos permiten retribuir económicamente a todos los implicados en el mundo de la justicia. Por ello es que en la mayoría de los casos se les endosa a los condenados si se demuestra que hay razones para ello. Esperamos que con esta explicación quede mucho más claro, cómo es el procedimiento de gastos y costas en un proceso legal.