Eliminar la pobreza en la Comunitat Valenciana costaría 3.026 millones de euros al año, el 2,5% del PIB regional

La brecha que el crecimiento no cierra

El informe, elaborado por el equipo de investigación del Ivie dirigido por Carmen Herrero e integrado por Antonio Villar y Carlos Albert, concluye que eliminar la pobreza en España costaría unos 24.000 millones de euros anuales, el 1,8% del PIB. En la Comunitat Valenciana, el esfuerzo necesario supera esa media: 3.026 millones de euros al año, equivalentes al 2,5% del PIB regional. Solo quedaría por detrás de territorios como Andalucía, Murcia, Canarias, Castilla-La Mancha o Extremadura.

En 2025, el 26% de la población valenciana se encuentra en riesgo de pobreza, frente al 19,5% del conjunto de España. Un contexto que resulta especialmente significativo porque coincide con años de expansión económica, aumento del empleo y subidas del salario mínimo, factores que, sin embargo, no han sido suficientes para cerrar la brecha.
El estudio utiliza como referencia el umbral habitual: una renta inferior al 60% de la mediana nacional. Para 2025, ese umbral se sitúa en 12.220 euros anuales por unidad de consumo. Para la pobreza extrema, la cifra baja al 40% de la mediana, es decir, rentas inferiores a 8.147 euros anuales.

La Comunitat, peor que la media en exclusión

El 11,8% de la población valenciana está en riesgo de exclusión, frente al 8% de media nacional, y registra la tasa más alta de este indicador entre las comunidades analizadas en el informe, por delante de Andalucía, Murcia y Extremadura.
La evolución tampoco acompaña. En España, la población en riesgo de pobreza ha bajado un 12% entre 2015 y 2025. En la Comunitat Valenciana, en cambio, el riesgo de pobreza pasa del 25,3% en 2015 al 26% en 2025, y el riesgo de exclusión sube del 10,4% al 11,8%. Mientras el conjunto del país mejora sus cifras, el territorio valenciano retrocede en el indicador de exclusión.

Las diferencias con otras comunidades son muy marcadas. Frente al 26% de riesgo de pobreza valenciano, el País Vasco registra un 9,3%, Illes Balears un 11,6%, Navarra un 12,3% y Madrid un 12,7%.
Tener trabajo ya no garantiza escapar de la pobreza
Uno de los datos más llamativos del informe es la extensión de la pobreza entre personas con empleo. En el conjunto de España, un 33% de las personas en riesgo de pobreza están ocupadas. En la Comunitat Valenciana, ese porcentaje asciende al 36,5%.

La Comunitat Valenciana, junto con Andalucía, supera el 17% de riesgo de pobreza entre personas con trabajo, muy lejos de comunidades como Navarra, donde la probabilidad de que una persona ocupada entre en riesgo de pobreza es del 6%. El empleo, por sí solo, no garantiza ya una renta suficiente si los salarios son bajos o los contratos son precarios.

Pobreza infantil y mujeres, los colectivos más golpeados

El riesgo de pobreza entre menores de 18 años en la Comunitat Valenciana alcanza el 36,1% en 2025, tras crecer casi siete puntos porcentuales desde 2015. Una cifra que supera ampliamente la media nacional y que el informe considera especialmente preocupante por sus consecuencias a largo plazo en oportunidades educativas y sociales.
La situación de las mujeres también empeora. En 2015, la tasa de riesgo de pobreza entre las mujeres de la Comunitat Valenciana era del 24,7%; en 2025 sube hasta el 27%. Entre los hombres valencianos, en cambio, se reduce ligeramente, del 25,8% al 25%. Entre los mayores, el riesgo de pobreza ha aumentado del 16,1% al 21,2% entre los mayores de 65 años.

El coste de la exclusión: 1.181 millones adicionales

Si el objetivo fuera únicamente eliminar el riesgo de exclusión severa —y no toda la pobreza—, el precio también sería elevado. En España harían falta unos 8.800 millones de euros anuales, el 0,7% del PIB. En la Comunitat Valenciana sería necesario destinar el 1% del PIB regional, 1.181 millones de euros al año.
Los autores concluyen que el crecimiento económico mejora algunos indicadores, pero no basta para garantizar que todos los ciudadanos alcancen el umbral de la pobreza. Reclaman políticas de protección social mejor orientadas, más coordinadas entre administraciones y con mecanismos de acceso más eficaces, especialmente para los colectivos que siguen quedándose atrás.