Se acerca el fin de los fondos Next Generation. Y ahora… ¿qué?

La era de los fondos europeos Next Generation EU afronta su recta final. Desde que en 2021 la Unión Europea diera el paso histórico de emitir deuda conjunta a gran escala para financiar la recuperación económica, el impacto de este programa en nuestro país ha sido decisivo. Las ayudas europeas han actuado como un auténtico acelerador de la obra pública: se han adelantado inversiones, activado proyectos estratégicos, modernizado equipamientos e impulsado un sector constructor que no solo ejecuta infraestructuras, sino que también vertebra el territorio, genera empleo, impulsa la productividad y mejora la competitividad de nuestra economía.

Con una asignación efectiva de 103.000 millones de euros, España ha sido uno de los principales beneficiarios de este instrumento que se ha articulado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). En la Comunitat Valenciana el impacto ha sido especialmente visible con cerca de 5.400 millones asignados que se han destinado a rehabilitación residencial, regeneración urbana, eficiencia energética, ciclo integral del agua, movilidad sostenible, digitalización y renovación de equipamientos públicos.

Es precisamente ahí donde surge la gran cuestión. Si una parte relevante del crecimiento económico y de la actividad constructora se ha apoyado en una financiación extraordinaria, ¿qué ocurrirá cuando desaparezca? La respuesta no pasa por una única herramienta, sino por una combinación de políticas públicas. En primer lugar, España necesita recuperar una planificación plurianual de las inversiones en infraestructuras; la construcción requiere estabilidad y previsibilidad ya que las empresas invierten en innovación, maquinaria y talento cuando conocen cuál será la cartera de proyectos de los próximos años.

Igualmente, resulta imprescindible reforzar la inversión pública ordinaria. Los presupuestos deben asumir progresivamente el esfuerzo inversor que hasta ahora ha financiado Europa, especialmente en ámbitos estratégicos como el agua, la vivienda, la movilidad o las infraestructuras públicas. Al mismo tiempo, es necesario impulsar fórmulas de colaboración público-privada allí donde aporten eficiencia y permitan acelerar proyectos complejos, siempre garantizando el interés general y una adecuada distribución de riesgos.

A ello se suma un desafío especialmente relevante para la Comunitat Valenciana. El enorme esfuerzo inversor que nos está exigiendo la reconstrucción tras la DANA deberá desarrollarse en un contexto de fuerte tensión sobre los costes de la construcción. La evolución de los mercados internacionales, marcada por una elevada incertidumbre geopolítica y por factores que afectan directamente al precio de la energía y de las materias primas, obliga a que los presupuestos de las obras públicas reflejen con realismo la evolución de los precios. Solo así podrá garantizarse que las licitaciones resulten viables, exista concurrencia suficiente y los proyectos puedan ejecutarse en plazo y con las garantías necesarias.

Por otra parte, tenemos una asignatura pendiente en la racionalización de la gestión administrativa. No basta con disponer de recursos económicos, es imprescindible agilizar la contratación pública, reducir los tiempos de tramitación, ofrecer mayor seguridad jurídica y facilitar una ejecución más eficiente.

Además, en el caso de la Comunitat Valenciana, resulta imprescindible garantizar un marco financiero acorde con nuestro peso poblacional, económico y territorial. Un territorio que sigue creciendo, atrayendo inversión y liderando buena parte de la actividad exportadora española -al tiempo que afronta un importante esfuerzo de reconstrucción tras la DANA- necesita una capacidad inversora estable y suficiente.

Por todo ello, el final de los fondos Next Generation no debería marcar el final de una etapa de inversión, sino el comienzo de una política de infraestructuras más estable, más ambiciosa y estratégica. Porque la Comunitat Valenciana afronta algunos de los mayores desafíos en materia de infraestructuras del conjunto de España.

El primero de ellos es el agua. Los últimos episodios medioambientales, cada vez más intensos y frecuentes, evidencian la necesidad de acelerar las inversiones en infraestructuras hidráulicas más resilientes, capaces de prevenir inundaciones, modernizar el abastecimiento y optimizar la reutilización del agua.

Por otra parte, la Comunitat Valenciana necesita seguir invirtiendo en movilidad. Somos un territorio con un fuerte peso industrial, turístico y exportador, donde la competitividad depende en gran medida de unas infraestructuras de transporte modernas, seguras y eficientes.

El tercer ámbito estratégico es la edificación. Los fondos europeos han impulsado la rehabilitación energética del parque residencial y la mejora de numerosos edificios públicos, pero debe consolidarse como una política pública permanente, porque genera empleo local, reduce el consumo energético, mejora la calidad de vida de los ciudadanos y revaloriza nuestros municipios.

Al mismo tiempo, España afronta un importante déficit de vivienda que exige incrementar de forma sostenida la producción residencial para responder a una demanda creciente y contribuir a contener la escalada de precios. Alcanzar ese objetivo requerirá transformar los procesos constructivos apostando decididamente por la construcción industrializada, capaz de reducir plazos, mejorar la productividad, aumentar la calidad y hacer un uso más eficiente de los recursos.

El verdadero legado de los fondos Next Generation no debería medirse únicamente por el volumen de inversión ejecutada, sino por la capacidad que hayan tenido para modernizar nuestro modelo de construcción. Digitalización, sostenibilidad, industrialización e innovación deben dejar de ser iniciativas vinculadas a programas extraordinarios para convertirse en la nueva forma de planificar y ejecutar las infraestructuras del futuro.

Así pues, la diferencia entre seguir avanzando o volver a acumular déficits históricos dependerá de las decisiones que adoptemos ahora. Europa ha demostrado que la inversión pública puede transformar un país. Ahora mantener ese impulso ya no depende de Bruselas, sino de nosotros.