La Ley Europea de IA entra en vigor: nuevas obligaciones para las empresas

La inteligencia artificial afronta uno de sus mayores cambios regulatorios en Europa. Desde el 2 de agosto, entra en vigor la mayor parte de las obligaciones contempladas en el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act), la primera legislación del mundo diseñada para regular de forma integral el desarrollo y uso de estos sistemas.

Tras su aprobación en 2024, la normativa establece una implantación escalonada hasta 2028, con el objetivo de garantizar que la inteligencia artificial se utilice de manera segura, transparente y respetuosa con los derechos fundamentales, al tiempo que introduce exigencias específicas para empresas desarrolladoras, proveedores y organizaciones que empleen esta tecnología.

Nuevas obligaciones para empresas y proveedores

El 2 de agosto marca un punto de inflexión en la aplicación del reglamento. Desde esa fecha serán exigibles buena parte de las obligaciones de transparencia y gobernanza para los sistemas de inteligencia artificial.

Entre las principales novedades destaca la obligación de informar a los usuarios cuando estén interactuando con un sistema de IA, una medida que busca reforzar la transparencia en el uso de asistentes virtuales, chatbots y otras herramientas automatizadas.

Sin embargo, algunas de las obligaciones inicialmente previstas se han aplazado. Es el caso del etiquetado obligatorio de contenidos generados mediante inteligencia artificial -como imágenes, vídeos o audios sintéticos-, que finalmente será exigible a partir del 2 de diciembre para determinados modelos generativos.

Multas de hasta 35 millones de euros

El Reglamento Europeo incorpora un régimen sancionador especialmente severo para garantizar su cumplimiento.

Las infracciones más graves podrán ser castigadas con multas de hasta 35 millones de euros, especialmente cuando se utilicen sistemas de inteligencia artificial expresamente prohibidos por la normativa.

Por su parte, los incumplimientos relacionados con sistemas catalogados como de alto riesgo podrán conllevar sanciones de hasta 15 millones de euros, además de otras medidas correctoras.

Los usos de IA que ya están prohibidos

La normativa europea ya prohíbe desde 2025 determinados usos considerados de riesgo inaceptable para los ciudadanos.

Entre ellos se encuentran los sistemas que emplean técnicas manipuladoras o subliminales, aquellos que explotan la vulnerabilidad de menores, personas mayores o con discapacidad, así como las herramientas que clasifican a las personas según características sensibles como la raza, la religión o la orientación sexual mediante identificación biométrica.

También están vetados los sistemas de puntuación social, la inferencia de emociones en centros educativos o lugares de trabajo, la creación masiva de bases de datos faciales mediante imágenes obtenidas de internet y la identificación biométrica remota en tiempo real en espacios públicos con fines policiales, salvo excepciones muy limitadas.

A estas prohibiciones se sumarán en diciembre los sistemas capaces de generar deepfakes sexuales sin consentimiento o cualquier aplicación destinada a producir contenido relacionado con pornografía infantil.

Los sistemas de alto riesgo tendrán más tiempo

No todas las obligaciones entrarán en vigor este verano. La Comisión Europea ha aprobado una simplificación del marco normativo digital mediante el paquete conocido como Omnibus Digital, retrasando algunos de los requisitos más exigentes.

Las obligaciones específicas para los sistemas considerados de alto riesgo se aplicarán finalmente en diciembre de 2027. Esta categoría incluye herramientas utilizadas para seleccionar candidatos en procesos de contratación, evaluar estudiantes, conceder créditos, calcular la solvencia financiera o fijar primas de seguros de vida y salud.

Un año más tarde, en agosto de 2028, será el turno de los sistemas de IA integrados en productos ya regulados, como dispositivos médicos, asistentes de conducción, juguetes conectados o sistemas de navegación aérea.

España prepara su propia ley de gobernanza de la IA

En paralelo al desarrollo del reglamento europeo, el Gobierno español impulsa el proyecto de Ley para el Buen Uso y la Gobernanza de la Inteligencia Artificial, actualmente en tramitación parlamentaria.

La futura norma no crea un régimen distinto al europeo, sino que adapta su aplicación al ordenamiento jurídico español, definiendo las autoridades competentes, el sistema de supervisión, el procedimiento sancionador y las obligaciones específicas para el sector público.

¿Puede la regulación frenar la innovación?

Uno de los principales debates que acompañan al AI Act gira en torno al equilibrio entre regulación e innovación.

Giovanni Alessandrello, director general de la consultora BIP Iberia, considera que uno de los mayores riesgos es que las empresas interpreten las prórrogas como una razón para retrasar su adaptación.

En su opinión, el nuevo marco representa una oportunidad para impulsar una inteligencia artificial capaz de ser explicada, auditada y gobernada, rechazando la idea de que Europa haya optado únicamente por la regulación frente a la innovación.

En la misma línea, Guillermo Hidalgo, abogado especializado en tecnología y derechos digitales de Maio Legal, sostiene que la normativa aporta seguridad jurídica al diferenciar claramente entre aplicaciones de bajo impacto -como un chatbot de atención al cliente- y sistemas que afectan directamente a decisiones sobre créditos, empleo o educación.

No obstante, ambos expertos coinciden en que el gran desafío será mantener actualizada la regulación frente a una tecnología cuyo desarrollo avanza a un ritmo muy superior al legislativo.

Empresas: el momento de prepararse es ahora

Aunque parte de las obligaciones se han aplazado, especialistas en transformación digital insisten en que las organizaciones no deberían esperar a las fechas límite.

La implantación de mecanismos de gobernanza, auditoría, evaluación de riesgos y transparencia será un factor cada vez más relevante para cumplir con la normativa europea y generar confianza entre clientes, inversores y administraciones públicas.

Con la entrada en vigor de este nuevo paquete regulatorio, Europa da un paso decisivo hacia un modelo de inteligencia artificial basado en la responsabilidad, convirtiendo el cumplimiento normativo en un nuevo elemento de competitividad para las empresas.