Ocho de cada diez autónomos ven excesiva la carga fiscal pese a mejorar ingresos

Ocho de cada diez trabajadores por cuenta propia denuncian un sistema impositivo elevado y una protección social insuficiente, pese a que seis de cada diez han incrementado su facturación en el primer semestre del año, según el primer informe del Observatorio Económico del Trabajo Autónomo elaborado por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). A este reto se suma la cuenta atrás para adaptarse a la nueva factura electrónica, que prevé multas de hasta 50.000 euros.

El colectivo de autónomos en España vive en 2025 una situación de luces y sombras. Por un lado, la actividad económica ha mostrado signos claros de recuperación, especialmente en determinados sectores, y el optimismo sobre la evolución del año es mayoritario. Por otro, las reclamaciones históricas del sector siguen intactas, con la fiscalidad y la protección social como las principales piedras en el camino.

El primer informe del Observatorio Económico del Trabajo Autónomo, presentado por UPTA España, tras encuestar a 2.000 trabajadores autónomos de diversos sectores, confirma que el año ha arrancado con un repunte generalizado de la facturación. Un 64% afirma haber aumentado sus ingresos en el primer semestre de 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El impulso se concentra sobre todo en las áreas de hostelería, servicios personales, reparaciones, fontanería o electricidad, actividades que han experimentado una demanda creciente gracias a la mejora del consumo interno y la estabilidad del empleo asalariado, que repercute en el gasto de los hogares.

Facturación estable

Otro 20% de los encuestados asegura que su facturación se ha mantenido estable. Este es el caso mayoritario del comercio centrado en alimentación, un sector que, pese a mantener un volumen de ventas constante, no ha conseguido trasladar a precios todo el incremento de costes, lo que limita el crecimiento de sus ingresos.

Sin embargo, un 16% reconoce que sus ingresos han caído respecto al primer semestre de 2024, con el sector textil como principal afectado debido a la reducción del consumo en moda y a la competencia de grandes plataformas internacionales.

Pese a estos contrastes, el estado de ánimo del colectivo es, en general, positivo. Siete de cada diez autónomos piensan que cerrarán 2025 con mejores resultados que el año anterior, frente a un 20% que prevé un empeoramiento y un 10% que espera mantener cifras similares.

Esta visión optimista se apoya en la percepción de una economía nacional en «bonanza», como la califica Eduardo Abad, presidente de UPTA.

La fiscalidad y la protección social, las grandes asignaturas pendientes

El informe, no obstante, también evidencia que las preocupaciones estructurales siguen sin resolverse. El 80% de los autónomos señala la elevada carga fiscal como su principal problema. La queja es especialmente intensa entre los autónomos personas físicas, que consideran que soportan una presión impositiva elevada sin que ello se traduzca en prestaciones equiparables a las de los asalariados.

Un 10% sitúa como principal preocupación la escasa protección social, especialmente en casos de incapacidad temporal. Abad recuerda que «un autónomo de baja médica, tras pagar sus cotizaciones, apenas percibe 600 euros al mes, mientras sigue afrontando gastos como alquiler, suministros o cuotas». Esta situación, afirman desde UPTA, genera una sensación de vulnerabilidad permanente que dificulta la estabilidad del colectivo.

Las altas cotizaciones a la Seguridad Social son el problema prioritario para otro 5% de los encuestados, que consideran que el actual sistema no se ajusta a la realidad de sus ingresos y que falta flexibilidad para quienes tienen rentas variables. Finalmente, un 5% apunta a la inestabilidad política como factor que añade incertidumbre y dificulta la planificación a medio y largo plazo.

Para Abad, «es imparable una reforma fiscal profunda para el colectivo y una mejora de la protección social que equipare los derechos del colectivo con los trabajadores por cuenta ajena». Desde UPTA prevén mantener en los próximos meses una agenda de negociaciones con los ministerios de Seguridad Social, Trabajo y Hacienda para abordar estas cuestiones.

La cuenta atrás para la factura electrónica

Además de las reivindicaciones tradicionales, los autónomos afrontan un desafío tecnológico inminente: la implantación obligatoria de la factura electrónica en el marco de la nueva norma de Hacienda, conocida como VeriFactu.

Un estudio elaborado por la compañía de soluciones digitales TeamSystem revela que el 38% de los autónomos reconoce que esperará «hasta el último momento» para adaptarse a este sistema. La normativa establece sanciones de hasta 50.000 euros para quienes emitan facturas a través de sistemas no homologados, lo que hace especialmente arriesgada cualquier demora.

A pesar de que VeriFactu afecta a documentos clave como facturas y tiques, nueve de cada diez autónomos y pymes aún desconocen cómo les impactará la norma. Casi un 30% percibe más inconvenientes que ventajas, alegando falta de información y temor al cambio.

Desde el pasado 29 de julio de 2025, los desarrolladores de software están obligados a adaptar sus programas a los requisitos técnicos fijados por Hacienda. El calendario prevé que, a partir del 1 de enero de 2026, la norma sea obligatoria para las empresas que tributan por el Impuesto sobre Sociedades, y desde el 1 de julio de ese mismo año, para los trabajadores autónomos.

TeamSystem recomienda no esperar a las fechas límite y empezar ya a revisar procesos, entender el alcance de la norma y asegurarse de contar con una herramienta de facturación compatible. «Las prisas de última hora pueden provocar errores con consecuencias muy negativas para las cuentas. Cuanto antes se empiece a probar el sistema y a familiarizarse con su funcionamiento, más sencilla será la transición y menores los riesgos», subrayan desde la compañía.