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La transición hacia un modelo energético más sostenible y respetuoso con el medio ambiente implica necesariamente que empresas y Administración Pública vayan de la mano. Por este motivo, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) reunió este martes en Valencia a representantes del sector público y privado en la ‘Jornada de Sostenibilidad y Plantas Fotovoltaicas de la Comunidad Valenciana’, un evento que pretendía ser un espacio de intercambio sobre cómo fomentar el desarrollo y la integración de la energía solar fotovoltaica en el marco de una transición energética justa.
El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, fue el encargado de inaugurar la jornada, celebrada en el Palacio de la Exposición, con una intervención en la que aseguró que la transición a una economía descarbonizada es «inaplazable» y recalcó que será efectiva «solo si es ambiciosa, justa y equilibrada con el territorio, las empresas, las personas y el medio ambiente».
En el marco del evento, representantes del sector privado y de la Administración reflexionaron en la mesa de debate ‘La contribución de la energía solar fotovoltaica a la biodiversidad’ sobre la importancia de la colaboración-público privada para potenciar esta energía renovable. Además, pusieron en valor el impacto positivo que la generación fotovoltaica puede tener sobre distintos ámbitos como la economía, el empleo y el territorio.
La mesa de debate estuvo moderada por la coordinadora editorial de Economía 3, Sara Martí, y contó con la participación del director general de Medio Natural y Animal de la Generalitat Valenciana, Raúl Mérida; la alcaldesa de Pozo Lorente, María de los Llanos; la responsable de Sostenibilidad de Statkraft Iberia, Erica Morales; y el director técnico de Cox Energy, Adolfo Rodríguez.
La Administración en los proyectos de energía fotovoltaica
En su intervención, el director general de Medio Natural y Animal de la Generalitat destacó que cuando se habla de biodiversidad, también se habla del ser humano y, por tanto, la Administración vela por conservar esa biodiversidad en todos los sentidos. Así, recalcó la importancia de que las plantas fotovoltaicas «hagan un esfuerzo por la convivencia con la agricultura», ya que la actividad agrícola es «la mejor política ambiental y de conservación que existe».
Los ponentes durante la mesa redonda. Fuente: UNEF.
Respecto a cómo la Generalitat promueve la colaboración entre empresas de energía solar y las comunidades locales, Mérida consideró que la Administración ha de ser partícipe y clave en estos proyectos. En este punto, aseguró que antes de llegar él al cargo no había colaboración con los promotores de las plantas fotovoltaicas, a pesar de que son reuniones «fundamentales». «Esto fue lo primero que cambié», señaló.
«Hay que poner sentido común a los proyectos. Lo que tenemos claro es que la integración con la biodiversidad no es un limitante, ya que tenemos multitud de alternativas y soluciones», agregó el director general.
El impacto en los municipios pequeños
Por parte de la Administración también intervino la alcaldesa de Pozo Lorente, municipio de menos de 500 habitantes de la provincia de Albacete, quien resaltó las ventajas que, a su juicio, ofrecen las instalaciones solares fotovoltaicas a localidades pequeñas como la suya.
Según María de los Llanos, estos proyectos suponen una fuente de ingresos y de riqueza para desarrollar nuevos servicios, ayudan al fomento del empleo y son una opción con «menos impacto visual y más integrada en el paisaje». «Hemos notado el respeto por parte de los promotores. La energía fotovoltaica es una fuente de ingresos en un municipio en el que convive sin problema con el turismo y la agricultura», remarcó.
Para la alcaldesa, «la planificación y el equilibrio es lo más complicado» a la hora de ejecutar estos proyectos, ya que «hay que tener en cuenta la capacidad de acogida del territorio». «Esta transición energética debe ser justa e involucrar a todos los sectores implicados y, principalmente, a los habitantes de las ciudades en las que se desarrollan», añadió durante su intervención.
Implicación social, económica y ambiental
Por su parte, la responsable de Sostenibilidad de Statkraft Iberia consideró que «las estrategias de integración de los proyectos deben de ser integrales y contemplar tanto la biodiversidad como la creación de valor añadido en el territorio con la ciudadanía». «Todos los proyectos deben tener una implicación social, económica y ambiental», indicó.
La responsable de Sostenibilidad de Statkraft Iberia, Erica Morales. Fuente: UNEF.
También hizo referencia a la Cátedra de Energías Renovables y Territorios Sostenibles que Statkraft Iberia tiene en colaboración la Universitat Politècnica de València (UPV), que pone el foco en nuevos modelos energéticos, como el agrovoltaico y la socialización de la energía, a través de las comunidades energéticas. En este punto, aseguró que el objetivo de esta cátedra no es únicamente buscar una base científica, sino apostar por la generación de talento también en el medio rural. «Al final lo que buscamos es mejorar las condiciones del territorio», apuntó.
La energía fotovoltaica queda «para la posterioridad»
Para asegurar que sus plantas fotovoltaicas contribuyan de manera efectiva a la protección de la biodiversidad en las áreas donde se instalan, el director técnico de Cox Energy afirmó que la compañía está dedicando esfuerzos a trabajar en la recopilación y análisis de datos junto con la Administración. «Todos los que estamos aquí sabemos que una planta fotovoltaica se puede hacer mejor, porque lo que estamos haciendo va a quedar para el territorio y la posterioridad», concluyó Adolfo Rodríguez.
