La comisión de EMT insta a un cese, protocolos y pagos sin firma en papel

El cese de la directora del área de gestión, protocolos como cortafuego y uno específico para delegar funciones, formación específica de los mismos o la obligatoriedad de pagos siempre en línea son algunas recomendaciones del informe final de conclusiones de la comisión municipal que investiga el fraude de 4 millones en la EMT de València.

Las nueve recomendaciones que incluye el informe se detallan tras constatar la comisión «vulnerabilidades no resueltas en el procedimiento de conciliación bancaria y control de tesorería, así como la falta de delegaciones de funciones de forma protocolizada en situación de baja o permiso». Aclara asimismo que no hace referencia a las posibles responsabilidades judiciales puesto que la actuación de la directora de Administración, Celia Zafra, y de Caixabank son ya «objeto de investigación en un procedimiento judicial».

El informe, hecho público este lunes, llega un año después de que se constituyera la comisión, tras once sesiones y la revisión de más de sesenta documentos de la propia EMT, además de haberse solicitado a otras entidades como la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social, Bankia y Caixabank. Según se señala en el propio informe hay una docena de documentos de los cuales no se ha hecho entrega a los miembros de la comisión de trabajo por «no existir o afectar a derechos fundamentales de terceros».

Las conclusiones señalan que los testimonios y la documentación han constatado que la empresa inició protocolos y procedimientos, que no existían pero que no había podido concluir y que su objeto era determinar «qué circunstancias de organización y funcionamiento fueron clave para que el fraude pudiese cometerse» y para que ningún mecanismo «evitase» que se prolongara 20 días.

«A fin de mejorar la seguridad y a capacidad de respuesta de la empresa ante eventuales situaciones análogas a la del fraude», la comisión propone el cese de la directora del área de gestión, María Rayón, cuyas decisiones, «si bien no facilitaron el fraude, no impidieron que se pudiese prolongar».

Plantea reestructurar el actual área de gestión en dos, finanzas y recursos humanos, «para una mejor organización y mayor seguridad», así como elaborar un protocolo para el primero de estos departamentos, con especial atención al control de tesorería y conciliación bancaria y diseñados para que «la distribución de tareas actúe de cortafuegos ante posibles irregularidades».

El informe insta a impartir formación específica a los empleados en el área «para que conozcan todos los protocolos y procedimientos» y elaborar un protocolo «para la delegación formal de funciones en caso de que una persona se encuentre en situación de baja, permiso o descanso», para que ninguna función «quede desatendida». «Deberá eliminarse por completo la firma en papel para autorizar y ordenar pagos», añade el texto, que impulsa «la obligatoriedad de que todas las transacciones que conlleven un pago se realicen a través de la banca en línea».

Igualmente, especifica que hay que crear un departamento de control interno que «certifique la calidad de los procedimientos y protocolos y establezca un sistema de vigilancia continuo que permita actualizarlos y mejorarlos». Como octava recomendación plantea elaborar un relación de puestos de trabajo para la empresa «con urgencia» aunque ante lo «laborioso de la tarea», recomienda una aprobación inicial con puestos de dirección, desde el nivel 1 al 5, para aprobar con posterioridad la lista completa.

Finalmente, el documento, que ahora tiene que ser debatido y, en su caso, aprobado por la comisión del próximo miércoles, propone la elaboración de un Programa de Cumplimiento «validado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de València como garantía de que la empresa tiene los suficientes mecanismos de control».