Vila-real pide un préstamo de 3 millones para pagar una sentencia urbanística

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vila-real sacó adelante en el pleno la contratación de un préstamo de 3,2 millones de euros para, entre otras acciones, atender las sentencias negativas dictadas por la justicia contra actuaciones urbanísticas de la etapa de gobierno del PP en el municipio. Esta decisión hace que, pese a la política de austeridad implementada en los dos últimos mandatos, el endeudamiento del Consistorio sea del 69%.

El alcalde socialista, José Benlloch, informó de que 1,9 millones del préstamo se destinarán a afrontar las resoluciones del Jurado de Expropiación –la valoración municipal de los terrenos, a falta de resolución de los recursos a las valoraciones judiciales- y los 1,1 millones de la sentencia firme de terrenos del Colegio José Soriano. Acciones urbanísticas heredadas de los gobiernos municipales del PP. Con el resto del préstamo, entre otros, se afrontará la renovación del aire acondicionado del Auditorio Municipal.

“La aprobación de este préstamo con esta urgencia no la hacemos por voluntad propia; estamos cumpliendo con una sentencia judicial que nos obliga a pagar, en una decisión inaudita, interponiendo incluso una multa personal contra mí de 300 euros, que vamos a recurrir al Tribunal Constitucional (TC), y amenaza de derivar la cuestión a otras instancias”, aclaró Benlloch.

Esa multa la fue impuesta por la titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Castellón para obligarle a que pague a un propietario el valor del solar anexo al Centro de Tecnificació Esportiva (CTE), que le fue ocupado durante el mandato del PP. Benlloch afirma que va recurrir dicha medida cautelar ante el TC.

Los terrenos anexos al CTE fueron valorados por los técnicos municipales en 856.000 euros, tasación que su propietario recurrió ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, que resolvió el pago inmediato de esta cantidad como medida cautelar mientras se resuelve el recurso del consistorio a la valoración del Jurado de Expropiación, cifrada en 1.366.000 euros. El propietario reclamó inicialmente 2,7 millones de euros.

El alcalde justificó la celeridad en la petición del préstamo porque cree que “existe una presión muy fuerte” desde el juzgado, lo que nos ha abocado a iniciar el expediente de este préstamo “para transmitir a la justicia que se están dando los pasos para pagar”, aunque no podemos abonar el pago en 5 días, dado que “somos una Administración pública y debemos cumplir los procedimientos legales”.

El Ayuntamiento de Vila-real lleva afrontando en los últimos ocho años pagos por fallos judiciales contra actuaciones urbanísticas gestadas durante los últimos gobiernos del PP en el municipio. Algo que, como afirma Benlloch, ha condicionado las acciones del grupo de gobierno, que ha visto condicionado los Presupuestos anuales por la necesaria previsión de pagos imprevistos derivados del necesario cumplimiento de los fallos judiciales.

Pese a ello, el consistorio ha logrado reducir el grado de endeudamiento del 73 por ciento con el que se encontró en 2001 hasta el 69% actual, porcentaje que incluye el préstamo acordado en el pleno.  Al respecto, el alcalde apunta que en estos ocho años se han pagado más de 25 millones de euros por sentencias condenatorias por acciones gestadas durante el gobierno del PP.