La Comunitat despunta en concursos de acreedores, con 890 insolvencias hasta septiembre

Siguen aumentando los concursos mercantiles en la región. La Comunidad Valenciana alcanzó los 890 concursos de acreedores entre enero y septiembre, un 13% más que en 2012.

La región se mantiene en tercera posición por lo que a actividad concursal se refiere, solamente superada por Cataluña y Madrid, y por delante de Andalucía, Galicia y País Vasco, según el Baremo Concursal de PwC, correspondiente al primer semestre de 2013.

Por provincias, Valencia fue la que reunió más insolvencias (597) por delante de Alicante (187) y Castellón (106).

En el conjunto de España, el número de concursos mercantiles en los nueve primeros meses del año se ha incrementando un 30%, en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar las 6.542 insolvencias. Solamente en el tercer trimestre, que coincide con los meses de menos actividad, se han publicado 1.643 concursos, un 21% más que en 2012.

Construcción e inmobiliario lideran la actividad concursal por industrias y representan el 40% del total de concursos publicados (18% y 22% sobre el total, respectivamente). No obstante, la crisis continúa atacando otros sectores como el de distribución/comercio y el industrial, en los que han aumentado el número de empresas concursadas en un 26% y 30%.

En relación con el activo, la mayoría de empresas concursadas cuentan con un activo inferior a 2 millones y entre 2 y 5 millones de euros. Sin embargo, el informe destaca el incremento del 154% (151 en términos absolutos) respecto al año 2012 de las empresas con activo superior a 50 millones de euros. El promedio de valor del activo de las empresas ha aumentado con respecto al mismo periodo del año anterior, pasando de €6,3 millones a €8,3 millones.

El informe destaca que, con la Ley de Emprendedores, se reduce el porcentaje del pasivo que representan las entidades financieras (necesario para la homologación judicial de los acuerdos de refinanciación). Pasa del actual 75% hasta un nuevo umbral del 55%, lo que probablemente permita que se incrementen los ya existentes procesos de homologación, contribuyendo al mantenimiento de la actividad empresarial.