El Ayuntamiento propone reformar la Ley de Haciendas Locales

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de València ha planteado la posibilidad de que el Gobierno central reforme la Ley de Haciendas Locales para habilitar un impuesto voluntario sobre las estancias turísticas que pueda ser gestionado y recaudado íntegramente por los ayuntamientos.

La propuesta fue expuesta por la concejala de Turismo, Paula Llobet, durante el pleno ordinario de febrero, en respuesta a una interpelación sobre la conveniencia de implantar una tasa turística en la ciudad. Según trasladó, la modificación normativa permitiría a los más de 8.000 municipios españoles decidir si aplican este tributo y con qué intensidad, en función de su realidad económica y del momento del destino.

La edil defendió que el nuevo marco debería otorgar autonomía plena a las ciudades para regular el gravamen, sin condicionantes, de manera que puedan adaptar la presión fiscal a su estructura turística y a las necesidades de financiación de servicios vinculados a la actividad.

Un instrumento de financiación vinculado al turismo

La tasa turística –también denominada impuesto sobre estancias turísticas– es un gravamen que se aplica a las pernoctaciones en alojamientos reglados, como hoteles, apartamentos turísticos o campings. Habitualmente se fija como una cuantía por persona y noche y su recaudación se destina a financiar servicios públicos, infraestructuras o actuaciones relacionadas con la gestión del turismo, la promoción del destino o la mitigación de impactos derivados de la elevada afluencia de visitantes.

Desde el punto de vista económico, este tipo de tributo persigue que parte del gasto asociado al refuerzo de limpieza, movilidad, seguridad o mantenimiento del espacio público sea asumido por quienes generan la demanda adicional de estos servicios, en lugar de recaer exclusivamente sobre los presupuestos municipales.

Contexto normativo y comparación territorial

En la Comunitat Valenciana no existe actualmente un marco autonómico que habilite a los municipios a implantar este impuesto. La norma aprobada en la anterior legislatura y que contemplaba su aplicación voluntaria fue derogada en 2023, lo que dejó sin cobertura jurídica a los consistorios interesados.

En otros territorios, la tasa turística ya está en vigor. Catalunya fue pionera en su implantación, seguida por Illes Balears. Más recientemente, ciudades como Vigo, Santiago de Compostela o A Coruña han avanzado en su desarrollo, mientras que otras comunidades han anunciado su intención de ponerla en marcha.

Asimismo, el Ayuntamiento de Málaga ha planteado al Ejecutivo central la conveniencia de reformar la Ley de Haciendas Locales para habilitar expresamente este tipo de tributo de ámbito municipal.

En este escenario, el consistorio valenciano vincula la apertura del debate local a la existencia de una regulación estatal que permita a los ayuntamientos contar con una herramienta fiscal propia asociada a la actividad turística, con capacidad de gestión directa y adaptación a las necesidades financieras derivadas del peso del sector en cada destino.