El Ministerio de Consumo investigará a empresas que ofrecen servicios en territorios palestinos ocupados

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado que investigará a aquellas empresas que publiciten en España servicios o productos elaborados en los territorios palestinos ocupados por Israel.

Según ha explicado en un comunicado el departamento dirigido por Pablo Bustinduy, estas actuaciones se basan en el Real Decreto-ley 10/2025, aprobado la semana pasada por el Gobierno de España, que contempla medidas de apoyo a la población palestina.

En concreto, el artículo 4 del decreto prohíbe la publicidad de bienes y servicios procedentes de dichas zonas ocupadas, con el objetivo de limitar la posibilidad de desarrollar ese negocio. En consecuencia, la Dirección General de Consumo examinará a las empresas que puedan estar beneficiándose de la ocupación, siguiendo las advertencias incluidas en un informe publicado en julio por Francesca Albanese, relatora especial de la ONU, bajo el título ‘De la economía de la ocupación a la economía del genocidio’.

En ese documento, Albanese, representante de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, subraya que determinadas empresas obtienen ventajas económicas de manera directa gracias a la ocupación ilegal de estos territorios.

Evitar que empresas «se lucren de la ocupación»

El pasado mes de julio, Pablo Bustinduy ya anunció que el departamento que dirige iba a «poner todos los recursos que sean necesarios» con el fin de garantizar «que ninguna empresa que opere en España tenga sus cuentas de resultados manchadas con la sangre del pueblo palestino». Con este anuncio, el ministro pretende que «cualquier empresa con actividad en España abandone toda operación vinculada a la ocupación israelí, ya sea directa o indirectamente».

En el comunicado de prensa difundido por el Ministerio, se señala que mantener la oferta de estos servicios en España contribuye a «perpetuar los esfuerzos coloniales y el genocidio llevado a cabo por Israel». En este sentido, el departamento subraya que «los negocios que se lucran de la ocupación son considerados una actividad ilícita según el derecho internacional».

Prohibición de transferir material de defensa

Además de la prohibición de publicitar bienes procedentes de asentamientos israelíes, el Real Decreto-ley 10/2025, aprobado la semana pasada, incorpora otras medidas. Entre ellas se incluye la prohibición de transferir material de defensa, así como productos y tecnologías de doble uso hacia Israel, junto con la denegación de solicitudes de autorización para el tránsito de este tipo de material.

Asimismo, la norma establece la negativa a autorizar el tránsito de combustibles con destino a Israel y la prohibición de importar productos originarios de los asentamientos israelíes situados en el Territorio Palestino Ocupado.

La propuesta de la Comisión Europea

En las últimas semanas, la comunidad internacional ha reaccionado a la situación en Gaza con distintas medidas. El 17 de septiembre, la Comisión Europea propuso suspender algunos beneficios comerciales del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea (UE) e Israel. Además, planteó sancionar a dos ministros extremistas israelíes —Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir— y a colonos violentos.

La propuesta consiste en retirar las ventajas arancelarias a parte de las exportaciones israelíes hacia Europa. Esto significa que productos valorados en unos 5.800 millones de euros tendrán que pagar aranceles para entrar al mercado europeo.

Si los países de la UE aprueban esta medida (con una mayoría cualificada), dejará de aplicarse el trato preferencial que ahora cubre el 37% del comercio entre la UE e Israel.

En su lugar, se aplicaría la regla de la «nación más favorecida» de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Es decir, Israel pagaría los mismos aranceles que cualquier otro país sin acuerdo comercial con la UE.

Se calcula que Israel tendría que pagar unos 227 millones de euros adicionales al año en aranceles, tomando como referencia las cifras de comercio de 2024. Ese año, las importaciones desde Israel a la UE sumaron 15.900 millones de euros.