Estas son las claves del pacto para la financiación singular para Cataluña

El Gobierno de España y la Generalitat de Catalunya alcanzaron este lunes un principio de acuerdo sobre el futuro modelo de financiación singular para Cataluña, un pacto que está marcando el pulso de la actualidad política y provocando intensas reacciones desde distintas comunidades autónomas.

El objetivo del nuevo modelo es reconocer las «singularidades» de Cataluña y responder a sus aspiraciones de mayor autogobierno y autonomía fiscal. En la práctica, supondría dotar a la Generalitat de más capacidad normativa en la gestión de los tributos y avanzar hacia una mayor corresponsabilidad fiscal.

El entendimiento se alcanzó este lunes en el marco de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, celebrada en el Palau de la Generalitat. La reunión estuvo presidida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, y contó con la participación de la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero; el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España; el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón; la secretaria general de Presidencia, Eva Giménez, y el secretario general de Economía y Finanzas, Juli Fernández.

El anuncio ha generado un fuerte debate político, especialmente desde comunidades gobernadas por el Partido Popular, que han exigido igualdad entre territorios y rechazan cualquier trato diferenciado. Aun así, el acuerdo abre una nueva etapa en la negociación del modelo territorial y fiscal en España.

Suficiencia financiera y corresponsabilidad fiscal

Según el Gobierno, las bases del nuevo modelo de financiación singular para Cataluña se centran en la suficiencia financiera y la corresponsabilidad fiscal, garantizando recursos tanto para Cataluña como para el Estado mediante una «cesta de impuestos» con porcentajes pactados de participación en la recaudación.

También se incluye una «aportación solidaria» para contribuir al bienestar del resto de comunidades autónomas.

El acuerdo contempla una combinación de bilateralidad con el Estado y participación en reuniones multilaterales para consensuar la reforma del sistema de financiación autonómica.

Se prevé además una financiación adicional para competencias «singulares» de Cataluña —y de otras comunidades que lo soliciten—, así como una mayor capacidad normativa respetando la normativa europea y evitando la competencia fiscal a la baja.

Finalmente, el modelo elimina el sistema de entregas a cuenta, vinculando los ingresos directamente a la recaudación efectiva.

Mayor autonomía fiscal

Por otro lado, el acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat incluye el compromiso de reforzar el papel de la Agència Tributària de Catalunya (ATC) como paso hacia una mayor autonomía fiscal y financiera. Ambas partes pretenden trabajar en los cambios legales necesarios para que la ATC asuma progresivamente la gestión del IRPF y, en el futuro, de otros tributos.

También se busca impulsar un modelo de gestión en red con la Agencia Tributaria estatal, con normas de coordinación para garantizar eficiencia y lucha contra el fraude. Además, la ATC tendrá un papel más activo en la campaña de la renta de 2025 y, a partir de 2026, podría verificar la aplicación de deducciones autonómicas en las declaraciones del IRPF.

Es necesaria una mayoría que el Gobierno no tiene

El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) advierte que se están sentando «las bases de un modelo tributario federal en España», impulsado por la decisión del Ministerio de Hacienda de ceder a las comunidades de régimen común mayor capacidad normativa y de gestión del IRPF. Según el sindicato, esta transformación que comenzará con Cataluña, cuya agencia tributaria gestionará en 2026 unos 38.000 millones de euros del IRPF, implicará multiplicar su carga de trabajo y personal.

Gestha alerta que habrá dificultades logísticas y de personal, ya que la mayoría de los empleados actuales de la AEAT en Cataluña rechazan integrarse en la ATC, lo que generará una ola de solicitudes de traslado. Por eso, proponen un consorcio tributario como alternativa de gestión compartida.

Además, señalan de que este cambio requiere modificaciones legales profundas, un consenso parlamentario importante —que en estos momentos no existe— y una negociación política compleja, en un contexto político muy tenso. También destacan los riesgos de desigualdad entre comunidades, ya que el nuevo sistema podría beneficiar a regiones con más capacidad recaudatoria (como Madrid, Cataluña y Baleares) y perjudicar a otras más dependientes de los fondos estatales (como Extremadura, Canarias o Asturias).

Muchas CCAA censuran el acuerdo

Este acuerdo ha contado con la oposición frontal del PP y Vox, así como de varias comunidades autónomas, la mayoría gobernadas por los ‘populares’, aunque también algunas por los socialistas.

Especialmente crítica se muestra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien afirmó este lunes que el modelo de financiación para Cataluña planteado por el Gobierno representa «una sentencia de muerte contra España» con la que el presidente Pedro Sánchez pretende «camuflar» la corrupción en su entorno.

También desde el Gobierno de Andalucía calificaron como «corrupción política» la financiación singular para Cataluña, ya que la vinculan a una «compra de votos con el dinero y la financiación de todos los españoles». De hecho, estudian presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, aunque esperarán a disponer del texto completo del acuerdo y ver «qué pasos se dan».

Desde algunas comunidades gobernadas por el PSOE también se expresó rechazo al acuerdo. Una de ellas, el Principado de Asturias, consideró que este pacto supone una «reforma del modelo de financiación de las comunidades autónomas de régimen común», algo que debe negociarse «entre todas» ellas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, cuya convocatoria ha solicitado al Ejecutivo.

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, afirmó que si este acuerdo lo hubiera planteado Madrid en lugar de Cataluña, «los mismos que están reunidos estarían diciendo que es una barbaridad y que rompe la igualdad de oportunidades». «Hay muchísima gente que ahora se ha aficionado a utilizar palabras ambiguas, a engañar con los términos: que no nos engañen, que no nos tomen por tontos, que sabemos perfectamente de qué va el debate actual de la financiación», señaló.