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El IEE apela al Tribunal Constitucional para solucionar la prórroga de los PGE

El IEE apela al Tribunal Constitucional para solucionar la prórroga de los PGE

De izda., a dcha., Gregorio Izquierdo, Íñigo Fernández y Juan José Rubio

Publicado a 27/05/2025 18:20 | Actualizado a 28/05/2025 18:29

La prórroga de los presupuestos no es algo baladí, conlleva muchas implicaciones y así lo han puesto de manifiesto los representantes del Instituto de Estudios Económicos (IEE) durante la presentación del informe «La prórroga para 2025 de los Presupuestos Generales del Estado (PGE)».

En concreto, entre los males que genera se encuentra la falta de inversión en infraestructuras y han puesto como ejemplo el corredor mediterráneo, «una infraestructura clave para la competitividad de la economía regional y nacional y que podría verse paralizada», han explicado.

Para solucionar este problema, desde el IEE proponen apelar al Tribunal Constitucional para que arroje luz sobre la prórroga de presupuestos que podría provocar la caída del Gobierno y la convocatoria de elecciones.

Para Íñigo Fernández de Mesa, presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE) «significa prescindir del aporte parlamentario de gastos e ingresos y es incompatible con la separación de poderes». Y una cuestión fundamental: «el no tener presupuestos significa que uno no puede ajustar sus ingresos y gastos a las necesidades cambiantes del año». Aunque «no va a suponer un incremento del déficit».

Sin embargo, el presidente del IEE sí que considera que «habrá un notable crecimiento del gasto corriente con respecto a 2023 que se puede elevar en 13.000 millones de euros mientras que el gasto en inversión sí que va a registrar una atonía».

Fernández de Mesa ha advertido que se está produciendo en España un deterioro de la inversión pública ya que «tenemos un déficit de 24.000 millones de euros de inversión pública». 

Falta de inversión en infraestructuras

De hecho, ha constatado que este deterioro se ve reflejado en la prestación de servicios públicos como es el caso del las infraestructuras que «no se están reponiendo».

A favor está el incremento de los ingresos que desde el IEE prevén que crecerán en torno a los 37.000 millones de euros como consecuencia del incremento de los ingresos por cotizaciones sociales que «eleva el coste laboral, desincentivando nuevas contrataciones impactando en las pymes y en sectores intensivos en empleo», ha puntualizado Fernández de Mesa.

A pesar de que el déficit público se reducirá hasta el 2,8% existen una serie de riesgos que pueden elevar el gasto como el incremento del pago por intereses de la deuda, el crecimiento del gasto en seguridad y defensa en un 2%; el plan puesto en marcha para dar respuesta a los aranceles estadounidenses; y determinados desembolsos para hacer frente a situaciones como la DANA ocurrida en Valencia.

En esta línea, Fernández de Mesa también ha calificado de «falta de transparencia» el hecho de no tener un documento que refleje las diferentes partidas presupuestarias.

Respecto a la deuda pública, el informe refleja que esta se va a situar en el 101,6% del PIB con un crecimiento del 2,7% con respecto a 2024.  En este sentido, Fernández de Mesa ha reconocido que «la tendencia de la deuda tendrá un aumento significativo en las próximas décadas. Si no se hace nada en el largo plazo, -ha avisado- la deuda aumentaría ligeramente hasta alcanzar el 107% del PIB en 2041″.

En definitiva, Fernández de Mesa considera «preocupante la falta de inversión privada y pública en España. Con este ‘no’ presupuesto no se asegura una corrección de la deuda al largo plazo».

A su juicio, «esta prorroga supone un auténtico despilfarro de los recursos públicos y debe mejorar la calidad de la inversión pública».

Juan José Rubio, catedrático en la Universidad de Castilla-La Mancha ha coincidido con Fernández de Mesa que «España se enfrenta a una situación anómala desde el punto de vista presupuestario y esto va a tener repercusiones en el sector privado de la economía española».

Rubio ha previsto que todo apunta a que no se van a poder aprobar unos presupuestos para 2025, lo supone una violación del artículo 134 de la Constitución española, «una norma que se puso en marcha para resolver problemas de desajustes temporales que se puedan producir por la celebración de elecciones a final de año».

Situación normalizada

También ha reprochado que «el hecho de no aprobar de manera sistemática los presupuestos supone un coste reputacional para el Gobierno». «La situación -ha recalcado- que debería ser excepcional se ha convertido en normal y refleja la dificultades de los gobiernos para aprobarlos y se puede convertir en una manera de actuar normalizada».

Entre los sectores que se pueden afectar de manera negativa por la prórroga continuada de los presupuestos se encuentran el sector inmobiliario, la ingeniería civil y las infraestructuras que «son esenciales para la economía española».

Rubio también señala que la falta de presupuestos «limita el crecimiento y la competitividad de la economía española».

El corredor mediterráneo en peligro

En concreto, el catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha ha mantenido que «la prórroga presupuestaria implica mantener las prioridades de años anteriores (desde 2023) y ata las manos al Gobierno para hacer frente a gastos imprevistos».

Ha añadido también que «tiene implicaciones económicas que van a afectar a proyectos de infraestructuras como puede ser el corredor mediterráneo, clave para la competitividad de la economía española». De hecho, ha apuntado que puede incluso paralizarse afectando negativamente tanto a la economía regional como nacional.

Además de esta gran obra, también podrían verse afectadas la modernización de redes de carreteras en áreas rurales. Tampoco se ha olvidado de mencionar las inversiones que se están llevando a cabo para renovar infraestructuras dañadas dañadas por la DANA.

La llegada de inversión extranjera también podría verse afectada, ha reconocido Rubio, ya que «empresas internacionales podrían reconsiderar su implantación en España si dependen de licitaciones públicas».

Las arcas de los gobiernos autonómicos y locales también están amenazados por la falta de presupuestos ya que -ha explicado Rubio- «retrasaos presupuestarios limitan la posibilidad de gestionar los servicios en las comunidades autónomas y agrava las disparidades entre ellas».

Rubio se ha mostrado muy preocupado también por esta falta de PGE ya que revela la existencia de una crisis institucional «que puede cuestionar el funcionamiento de nuestro sistema democrático y demuestra, además, que tenemos un gobierno débil».

Uso indebido del Decreto Ley

Ha avisado también que «esta prórroga puede incrementar las fricciones entre el poder ejecutivo y el legislativo». Ha avisado que se hace un abuso indebido del decreto ley «para ir gestionando el día a día, utilizándolo como un elemento de presupuestación». En definitiva, ha corroborado,  «el panorama parlamentario español es cada vez más disperso y cada vez es más difícil tomar decisiones lo que puede comprometer la economía de este país».

A su juicio, ha resumido que «la falta de presupuestos  incapacita la actuación del gobierno, genera incertidumbre económica y complica la gestión de las administraciones autonómicas y locales». A todo ello se suma que la falta de actualización de las partidas presupuestarias impide una respuesta efectiva a las situaciones inesperadas que se puedan producir.

Por ello, Rubio ha aconsejado alinear «los presupuestos nacionales con las necesidades europeas como los gastos defensa, la sostenibilidad o la transición energética, entre otras».

Ha indicado también que el Tribunal Constitucional podría jugar un papel importante para solucionar esta situación ya que «la falta de presupuestos no implica la caída del Gobierno». Como sí ocurre en otros países de la Unión Europea como es el caso de Alemania y Francia, donde si no hay presupuesto se deberían convocar elecciones generales y en otros países como Suecia lleva aparejado la destitución del gobierno.

¿Cómo habría que hacerlo? Habría que elevar un expediente preconstitucional y lo podrían llevar a cabo los partidos políticos.

¿Y para 2026?

Sobre los presupuestos para 2026, Juan José Rubio ha confirmado que  «vamos con retraso en la preparación de los de 2026. No cumplimos las fases derivadas de dicho proceso«. La planificación y preparación del presupuesto por parte del ejecutivo tiene que llevarse a cabo en el segundo y tercer trimestre antes de su entrada en vigor, después debe discutirse por parte de las Cortes Generales y su aplicación corresponde al Gobierno central.

Rubio ha sugerido que «los efectos económicos de las prorrogas presupuestarias se multiplican en la medida en que las prorrogan se acumulan en el tiempo».  Por ello, «no podemos valorar como aceptable una prorroga continua de los presupuestos  ya que van alejándose cada vez más del presupuesto que se aprobó en su día como una cámara diferente a la que hoy esta en vigor».

¿Y cuándo se acaben los Fondos de la Unión Europea?

Para Rubio, «una vez que desaparezcan los fondos Next Generation tenemos un problema de brecha en inversión pública». Entre 2019 y 2024 han faltado 62.000 millones de euros para evitar el deterioro del capital público.

«Si tenemos un déficit de inversión de  7.000 millones de euros con apoyo de Fondos UE, habría dificultades del Gobierno para atender necesidades sobrevenidas», ha concluido el catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha.

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