Mujeres al Timón
Entre 2013 y 2018, los contribuyentes españoles vieron incrementada la carga fiscal sobre los carburantes debido a la imposición del tramo autonómico del impuesto especial sobre hidrocarburos (IEH). Este gravamen, introducido como parte de una serie de medidas para aumentar la recaudación fiscal de las comunidades autónomas, fue objeto de controversia desde su implementación hasta su derogación el 1 de enero de 2019.
El tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos permitía a las comunidades autónomas establecer un recargo adicional sobre los carburantes, cuyo fin era principalmente financiar el gasto sanitario. La tasa adicional variaba significativamente entre las distintas regiones, generando disparidades notables en el precio de los combustibles a lo largo del país.
Más de cinco años después de su derogación, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha declarado ilegal el tramo autonómico de este impuesto especial.
Europa, en contra de la normativa nacional
En su sentencia, el tribunal con sede en Luxemburgo dictamina que la legislación comunitaria «se opone a una normativa nacional que autoriza a regiones o comunidades autónomas a establecer tipos del impuesto especial diferenciados para un mismo producto y un mismo uso en función del territorio en que se consuma fuera de los casos previstos a tal efecto».
El caso fue elevado a la Justicia europea por el Tribunal Supremo y enfrenta a la compañía DISA con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) a causa de unas solicitudes de devolución de ingresos tributarios que dicha sociedad soportó correspondientes al tramo autonómico del IEH.
DISA argumentó que el tipo impositivo autonómico del IEH contraviene la directiva europea aplicable, y sostiene que el establecimiento de tipos diferenciados por razón del territorio no está dentro de las excepciones que contempla la norma europea, por lo que ha reclamado a Hacienda la devolución de los ingresos indebidos.
El impacto en el bolsillo de los consumidores
Para los consumidores, este impuesto significó un incremento directo en el precio de los combustibles. En promedio, el coste adicional oscilaba entre los 2,4 y 4,8 céntimos por litro de gasolina y gasóleo.
Según datos del Ministerio de Hacienda, la recaudación anual por este concepto alcanzó los 2.000 millones de euros, una cifra considerable que, aunque aportaba a las arcas autonómicas, también representaba un gasto adicional para los ciudadanos y las empresas.
El impacto fue especialmente significativo para los sectores más dependientes del transporte, como el agrícola, el logístico y el turístico. Estos sectores no solo enfrentaron aumentos en sus costes operativos, sino también dificultades para repercutir estos costes adicionales a los consumidores finales debido a la competencia y las condiciones del mercado.
Desigualdad entre territorios y «turismo de carburante»
La implementación del tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos no estuvo exenta de problemas. En primer lugar, la disparidad en los tipos impositivos entre las comunidades autónomas generó desigualdades territoriales. Por ejemplo, los consumidores en regiones con mayores recargos vieron afectada su competitividad frente a aquellos en comunidades con menores o sin recargos.
Esta situación promovió prácticas como el «turismo de carburante», donde los conductores cruzaban fronteras autonómicas para repostar en áreas con impuestos más bajos, afectando así la recaudación local.
Además, el sector del transporte fue particularmente vocal acerca de las dificultades adicionales que este impuesto suponía. Las asociaciones de transportistas argumentaron que el incremento de los costes operativos afectaba la viabilidad económica de las pequeñas y medianas empresas del sector, muchas de las cuales operaban con márgenes de beneficio muy ajustados.
Una solución a medias
La derogación del tramo autonómico a partir del 1 de enero de 2019 fue recibida con alivio por los contribuyentes. Sin embargo, esta medida también planteó desafíos para las comunidades autónomas que dependían de estos ingresos para financiar servicios esenciales, especialmente en el ámbito sanitario.
La eliminación del impuesto requirió la búsqueda de fuentes alternativas de financiación y ajustes presupuestarios en las administraciones regionales.
Desde un punto de vista económico, la eliminación del impuesto permitió una reducción inmediata en los precios de los carburantes, beneficiando tanto a los consumidores como a las empresas. Sin embargo, a largo plazo, la cuestión de cómo equilibrar la financiación autonómica sin recurrir a impuestos adicionales sigue siendo un tema de debate en la política fiscal española.
