Mujeres al Timón
Arranca 2024, un año en el que el panorama económico viene sembrado de dudas y con la incertidumbre internacional como amenaza al mercado. En clave nacional, son diversos los cambios que traerá este nuevo ejercicio y que debemos tener en cuenta, desde la entrada en vigor de la reforma del PVPC de la luz, la retirada de las principales ventajas fiscales por la guerra de Ucrania o la revisión del SMI.
En un entorno dominado por la inestabilidad, las previsiones económicas españolas resultan, a priori, más halagüeñas que la de nuestros vecinos europeos. Según los expertos de CaixaBank Research, la economía nacional crecerá de forma moderada un 1,4% durante este nuevo año, si bien dicho crecimiento se verá lastrado por una eurozona que tan solo lo hará un 0,7%.
Repasamos algunas de las principales novedades económicas y fiscales que las empresas deben a tener en cuenta de cara al 2024.
El IVA de alimentos, gas y transporte, aún rebajado
El año 2024 comienza con la subida de las pensiones y con el IVA todavía rebajado para algunos alimentos, la luz y el gas. En el caso de los alimentos básicos, se mantendrán con un IVA al 0 % para alimentos básicos y del 5 % para pastas y aceites durante el primer semestre.
En el caso de los suministros de gas natural el IVA se situará en el 10 % durante los tres primeros meses; la tarifa individual de Último Recurso (TUR) del gas subirá, de media, un 8,19 % a partir de este 1 de enero, cuando el carburante de los transportistas profesionales dejarán de tener la bonificación de la que gozaban hasta ahora, de 5 céntimos por litro de gasóleo.
Sí se han prorrogado las subvenciones al transporte público, de modo que habrá una reducción del 30 % en metro y autobuses urbanos siempre que las comunidades y ayuntamientos completen la reducción para llegar al 50 %. Los servicios de cercanías y media distancia ferroviarios de titularidad estatal serán gratuitos para los viajeros frecuentes, y a mitad de precio los de media distancia a alta velocidad
La reforma del PVPC de la luz
La nueva metodología de cálculo de la tarifa regulada de la electricidad, conocida como Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), ha comenzado su andadura con la llegada del año y tiene como objetivo aportar más estabilidad a las facturas de los cerca de 8,6 millones de consumidores acogidos a ella. La reforma acota la tarifa a hogares y micropymes, si bien las comunidades de vecinos que cumplan con los requisitos de tensión y potencia podrán seguir beneficiándose de ella.
La reconfiguración de esta tarifa regulada, que aspira a reforzar la protección de los pequeños consumidores frente a la volatilidad de los mercados energéticos, incorporará parcialmente las señales de precio a largo plazo. En concreto, a partir del pasado lunes, el 75 % del PVPC estará determinado por el precio diario, mientras que el 25 %, por el mercado de futuros. La señal a plazo se incrementará en 2025, cuando supondrá un 40 %, en tanto que en 2026 llegará al 55 %.
Según la patronal eléctrica Aelec, podrán acogerse a esta tarifa regulada tanto personas físicas como microempresas que tengan contratada una potencia igual o inferior a 10 kilovatios (kW), cuando certifiquen su condición con una declaración responsable.
900.000 estudiantes en prácticas pasan a cotizar
Otra de las novedades que traerá 2024 es que alrededor de 400.000 universitarios y 458.000 alumnos de Formación Profesional que realizarán prácticas de empresa en 2024 deberán cotizar por primera vez a la Seguridad Social. La medida, que entró en vigor el 1 de enero, consistirá en realizar un alta y una baja por estudiante, y será el Gobierno quien bonifique el 100% de dicha alta durante el periodo de formación del alumnado.
Sin embargo, esta nueva norma levanta muchas dudas dentro y fuera del sector educativo. En el caso de las universidades, los rectores advirtieron a final de año que esta nueva carga puede conducir al «colapso» de sus servicios administrativos ante la negativa de empresas e instituciones de asumir el nuevo procedimiento.
Para la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue), hay unas 400.000 prácticas curriculares cada año y la medida plantea muchas cuestiones «técnicas».
