Dos cruces al Mérito en el Servicio de la Economía abordan el futuro de España

Existe un consenso generalizado entre los principales economistas de nuestro país acerca de que los altos niveles de desempleo y la escasa productividad de las empresas son, entre otros, los dos principales problemas que arrastra la economía española. Sumado a estos, otro de los retos que deberá acometer el futuro Gobierno será acometer importantes cambios en materia tributaria, en mitad de un contexto caracterizado por las dudas sobre la formación del futuro Ejecutivo y con un panorama económico menos vigoroso.

El Consejo General de Economistas de España (CGE) ha celebrado hoy una sesión titulada “Asignaturas pendientes para fortalecer la economía española”. De izda. a dcha.: Matilde Mas, Valentín Pich, Amelia Pérez y Vicente Salas.

Acerca de cómo reducir el déficit y la deuda pública, cómo corregir los problemas endémicos o el futuro de la política industrial española han debatido dos de los más reputados economistas de nuestro país. Matilde Mas y Vicente Salas –ambos galardonados con la Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la Economía–, han dado las claves sobre las «Asignaturas pendientes para fortalecer la economía española», en una sesión organizada por el Consejo General de Economistas de España (CGE).

Entre las principales conclusiones de los expertos, separar los gastos que contribuyen al crecimiento del capital público y la economía –infraestructuras físicas, TIC, I+D+i, formación, capital humano, salud…–, que se deben mantener e incluso aumentar, de los gastos por actos administrativos y de gestión, que habrían de recortarse aprovechando las oportunidades que ofrecen las tecnologías, con lo que, además, se agilizarían los trámites facilitando así la vida a los ciudadanos. Todo ello, acompañado de políticas de transferencias, eficientes y evaluables, a los colectivos más vulnerables.

El paro, el problema español

Para la directora de Proyectos Internacionales del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), son dos los factores que han llevado a nuestro país a presentar unos niveles de desempleo proporcionalmente mayor al resto de sus compañeros europeos. Por una parte, existen problemas en la entrada en el mercado de trabajo, con un acceso demasiado tardío y con una salida demasiado temprana. En resumidas cuentas, afirma la economista, «estamos desaprovechando el capital humano».

Matilde Mas, directora de Proyectos Internacionales del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas –IVIE–, vocal del Consejo Asesor de Asuntos Económicos de la Vicepresidencia Primera del Gobierno y Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, catedrática de Fundamentos de Análisis Económico y profesora emérita de la Universidad de Valencia.

¿Cómo solucionarlo? Las propuestas de Salas pasan por mejorar la capacidad de transacción de capital humano -facilitando la entrada y salida del mercado laboral-a y mejorar la formación permanente de los trabajadores para «evitar que una persona a los 55 deje de ser un trabajador eficiente».

«Otro dato singular que tenemos en España son las diferencia en los niveles de desempleo entre las distintas partes del territorio. Estamos lejos de tener un mercado laboral único en nuestro país. Debemos repensar por qué ocurre esto, centrándonos en que es un problema de formación. Tenemos que lograr una mayor empleabilidad y hemos de ser capaces de combinar una formación que evite el desaprovechamiento del capital humano», ha asegurado Vicente Salas, catedrático de Organización de Empresas.

Apostar por la «flexiseguridad»

Para Vicente Salas, «el objetivo debe ser aumentar la población en edad de trabajar que trabaja en la economía de mercado, entre las más bajas de los países de la UE. Ello incluye reducir el número de personas que quieren trabajar y no lo hacen (desempleo). Crear condiciones para un mercado laboral único que contribuya a reducir la disparidad de participación y paro entre CCAA, aprovechando todos los medios técnicos (registro único nacional de parados) e institucionales (diseño de prestaciones para fomentar movilidad, políticas de conciliación)».

Vicente Salas, Catedrático de Organización de Empresas, profesor emérito de la Universidad de Zaragoza, ex miembro del Consejo de Gobierno y de la Comisión Ejecutiva del Banco de España y doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

Otra de las propuestas para combatir el paro aportadas por economista del IVIE pasa por la «flexiseguridad». Para la economista, la reforma laboral de 2021 ha permitido generar empleo y reducir la temporalidad, pero es necesario trabajar en mejorar las políticas activas de empleo y los sistemas públicos de colocación, unificando las ofertas del SEPE nacional y los Servicios de Empleo Autonómicos y potenciando el uso de las TIC. También es necesario luchar contra la economía sumergida y el dinero negro, reducir las jornadas de trabajo y horas extra, o favorecer la movilidad territorial, e impulsar la formación y la recualificación profesional teniendo en cuenta las necesidades del tejido productivo.

Ambos han coincidido en que habría mejorar las políticas activas de empleo y los sistemas públicos de colocación, unificando las ofertas de los servicios de empleo autonómicos y nacional; impulsar la formación teniendo en cuenta las necesidades del tejido productivo; potenciar cadenas de suministro más sólidas y fuentes de abastecimiento y mercados de exportación más diversificados, así como fomentar la investigación y la base industrial en elementos críticos incluidos en los programa ligados al Next Generation EU.

La productividad, asignatura pendiente

España tiene un problema serio de productividad que solo se justifica parcialmente por su especialización productiva y por el reducido tamaño de las empresas, asegura Matilde Mas. Y continúa asegurando que «no es un problema de bajo esfuerzo inversor, sino de composición de la inversión, muy sesgada a favor de los activos inmobiliarios en detrimento de las TIC y la I+D+i. La digitalización implica cambios sustantivos. En especial, obliga a una mayor inversión en intangibles –como calidad gerencial y formación de los trabajadores por parte de la empresa– si se quiere sacar todo su potencial. El desacoplamiento entre oferta y demanda de trabajo cualificado es un factor limitativo, que podría mejorar con un diálogo más fluido entre universidad y empresa. También lo son las barreras a la financiación de las start-ups».

Por su parte, Vicente Salas afirma que «el avance hacia la convergencia real con los países del centro y norte de Europa requiere más personas trabajando a la vez que aumenta la productividad media de los que trabajan. Para aumentar la productividad hace falta aumentar el capital tangible e intangible, público y privado, es decir hace falta más inversión. La productividad se determina en los centros productivos, y tiene que ver no con la cantidad sino con la calidad de los recursos tangibles (máquinas) e intangibles (conocimiento, capacidad organizativa y de gestión). Para aumentar la productividad de la economía hay que hacer más productivas a las empresas y organizaciones dentro y fuera del mercado».

Y concluye: «el mercado debe ofrecer acceso a recursos generales de calidad (formación, competencias de los trabajadores), pero las empresas deben convertir esos recursos generales en específicos, haciéndolas así más competitivas. Reducir las empresas zombis, desplazar recursos de empresas menos productivas a más productivas. Reforzar la competencia, favorecer a los consumidores, no dar protección a las empresas establecidas. Benchmarking en modelos de gestión con combinaciones de tecnología y organización en línea con los de los países más productivos».

¿Cómo reducir el déficit público?

Para Matilde Mas, el déficit público no es solo un problema de «ingresar más o gastar menos», sino de hacer ambas cosas de forma más eficiente. Y ello implica una revisión en profundidad del sistema fiscal español, que está pendiente desde hace años. La Unión Monetaria marca unas normas que, tras el paréntesis que supuso la pandemia, volverán a la restricción de no superar el 3% para el déficit anual y el 60% para la deuda sobre el PIB.

Para conseguirlo, la Comisión Europea (CE) recomienda a España una política fiscal prudente limitando el aumento del gasto público primario y financiado con fondos nacionales al 2,6% como máximo en 2024. «Revisar la concesión de ayudas para que sean temporales y selectivas, de forma que lleguen a quien de verdad las necesite, y aprovechar los Fondos Next Generation para impulsar las inversiones son dos vías fundamentales para lograr el objetivo», asegura la economista.

Según el doctor honoris causa de la UAB, «la alta inflación en 2022, por encima de los costes de la deuda, ha contribuido a reducir la ratio Deuda Pública sobre PIB, pero la determinación de los bancos centrales a controlar la inflación significa que el coste nominal de la deuda y el crecimiento nominal del PIB tenderán a igualarse en promedio. Por ello, para reducir la ratio de deuda será necesario actuar sobre el déficit primario, es decir sobre los impuestos y sobre el gasto público. Como norma general, hay que tender a homogeneizar los tipos impositivos de los impuestos indirectos e introducir impuestos medioambientales, en línea con los objetivos de sostenibilidad. Hay que acompañar con políticas de transferencias a colectivos más vulnerables con las subidas para vencer resistencias sociales».

Por el lado de los gastos, concluye, es necesario «separar entre gastos que contribuyen al crecimiento del capital público y al crecimiento de la economía (infraestructuras físicas, educación y capital humano, salud), que se deben mantener e incluso aumentar (reforzando a la vez los mecanismos de evaluación de impacto), de los gastos por actos administrativos y de gestión de las relaciones de las personas con la administración, que se deben recortar aprovechando las oportunidades que ofrecen las tecnologías y los canales de comunicación digitales».