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Aguado muestra cómo las políticas europeas sacrifican al sector agrario español

Los que lo conocen saben que el presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), Cristóbal Aguado, no tiene «pelos en la lengua». Ha asegurado que 2022 ha sido un año «negro» para la agricultura y ganadería valenciana con más de 800 millones de pérdidas acumuladas, un 25% más que el año anterior; pero el problema es que las expectativas no son mucho mejores para este 2023, «si no se revierte la situación»; ha advertido sobre todo a los partidos políticos de cara a sus programas electorales.

Admite que la nueva PAC, cuyo plan estratégico ha sido elaborado por España y aprobado por la UE es el «enemigo número 1» de la agricultura valenciana.

«El problema es que los que han hecho los 1.000 folios de normativa no pisan el campo», ha señalado el dirigente. A su juicio «introduce una burocracia –como la obligatoriedad del cuaderno de explotación digital en el que agricultor debe dar cuenta de todos sus trabajos e insumos o los ecoregímenes–, que convierte a los agricultores en oficinistas en lugar de productores». «Esta ingente carga burocrática no la va a poder soportar el agricultor, por lo que se requiere que la Administración dé la cara y ponga en marcha las oficinas de extensión agraria que en la Comunitat se  desmantelaron y recursos técnicos que asesoren a los agricultores».

Sin la misma vara de medir

A más a más, explica Aguado que en los acuerdos comerciales, la nueva PAC sigue sin establecer reciprocidad a las importaciones de países terceros o «cláusulas espejo» para asegurar la capacidad de competir en igualdad de condiciones y garantizar la seguridad fitosanitaria. «Los cítricos de Sudáfrica son de los que más alertas han generado en la UE, con interceptaciones de mancha negra. La única nota positiva fue el establecimiento del tratamiento en frío a los cargamentos de naranjas, pero se excluyó a las mandarinas y los pomelos pese a entrañar el mismo riesgo». 

«Europa cede constantemente y sacrifica a su sector agrario, vendiendo nuestros intereses a países terceros», ha insistido el dirigente agrario, que cree que los estudios de impacto que se demandan para los acuerdos se «adulteran y se hacen a demanda para un fin».

Además, en la línea del Pacto Verde Europeo, la Política Agraria Común fija una reducción del 50% de los productos fitosanitarios y plantea además nuevos recortes e incluso la prohibición de todos los fitosanitarios en ‘zonas sensibles’ que supondrían más del 30% de la agricultura española y más del 80% de la agricultura valenciana. «Parace que su interés sea que abandonemos los campos».

Para Aguado la PAC no es ninguna panacea, «de unos 105.000 titulares de explotaciones agrarias en la Comunitat, solo unos 40.000 reciben ayudas de la PAC, la mayoría de ellos una ayuda testimonial; y solo unos 4.000 de los beneficiarios se dedican al cultivo del arroz», ha aclarado el presidente de AVA-Asaja en la CV.

Otros construyen regadíos con dinero europeo

«Con la política hídrica España no puede ir en contra de lo que hacen otros países –ha dicho– cuando Marruecos está incrementando sus campos de regadío, como una forma de afianzar a la población y generar riqueza; al igual que Egipto o Turquía, financiados en gran medida por la propia UE». «Tambié Israel está ganando terreno al desierto, y Perú, México, Chile o EE.UU. son otros ejemplos». Por ello, pide Aguado diálogo y analizar de manera exahustiva la cantidad de agua se vierte al mar; para solicitar que se construyan las infraestructuras necesarias para que la producción en España sea sostenible y rentale.

De lo contrario, advierte que en 2 años se perderán otras 30.000 hectáreas más de cultivo. «La agricultura no puede basarse en principios filosóficos sin ningún tipo de base científica seria», ha lamentado Aguado. «Si cae la producción, los precios se incrementan y se llega a situaciones dramáticas», ha recordado.

En este punto ha hecho referencia a las pérdidas por la continua supresión de productos fitosanitarios y a la resistencia que presentan las plagas y enfermedades a los pocos que se permiten. «Los fitosanitarios de última generación son carísimos y los pocos autorizados en ocasiones no se pueden aplicar; como ejemplo diré que más de la mitad de la poca cosecha de caqui se ha desperdiciado por no poder tratar las plagas». Los daños en el conjunto de la agricultura valenciana por este problema representaron en 2022 150 millones.

«Es tan exigente esta Política Agraria que choca frontalmente con la estructura agraria valenciana». Ante ello, AVA-Asaja pedirá a las administraciones locales compromisos claros y alcalzables. Compromisos, a los que la organización agraria hará seguimiento. «Queremos que nuestros agricultores se impliquen en los consejos agrarios y también en las organizaciones políticas, y si un partido político no comparte los propósitos de los agricultores lo diremos alto y claro».

Venta a pérdidas

Sobre la Ley de la cadena alimentaria, reformada en diciembre de 2021, asegura que no está evitando la venta a pérdidas.

«La mayoría de los agricultores y ganaderos están sufriendo una escalada de los costes de producción y carecen de la capacidad real para repercutirlos, quedando desprotegidos ante la posición de dominio de otros eslabones», ha subrayado.

Si bien, valora que todos los compradores tendrán la obligación a partir del 30 de junio de 2023 de registrar digitalmente todos los contratos alimentarios, «lo que aportará mayor información y transparencia».

La realidad es que en Italia, según Aguado, el precio que se pagaba en el campo por los cítricos el año pasado casi duplicaba al que se pagaba en nuestro país «hablamos del mismo eslabón, pero la producción en Italia está más estructurada y las recomendaciones y consignas de las organizaciones agrarias se siguen al pie de la letra».

La subida de costes supuso unas perdidas para la agricultura valenciana de 300 millones en 2022, de los 800 globales. Muchos cultivos no cubrieron costes de producción. Los que más se encarecieron: los fertilizantes (+62%); la energía (+49%) –afectando fundamentalmente a las entidades de riego–; los piensos (+34%); los fitosanitarios (+20%) y el gasóleo agrícola (+70%).

Por otro lado las pérdidas por las adversidades climáticas en 2022 se elevaron a 285 millones: heladas, falta de horas de sol en primavera, lluvias persistentes y torrenciales, pedrisco, sequía, calor en invierno, etc. provocaron desplomes de cosechas.

Y por último la excesiva e incontrolada fauna salvaje, sobre todo el jabalí, incrementó sus daños un 15% y ya supone 40 millones en pérdidas; mientras que los robos de cosechas de alto valor, instalaciones de riego y materiales metálicos añadieron 25 millones de pérdidas en el sector agrario valenciano.

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