Las tres medidas para el pacto de rentas que recomiendan los economistas

Los expertos ven urgente un consenso entre los agentes sociales y el Gobierno, que culmine con un pacto de rentas centrado en incrementar la protección a los ciudadanos en riesgo de exclusión. De igual forma piden la concesión de transferencias directas no condicionadas para los sectores productivos más golpeados por el aumento de precios. Así lo han expresado durante el coloquio «Estrés económico y social, y posicionamiento sobre pacto de rentas», organizado por el Consejo General de Economistas (CGE) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

El panorama es de sobra conocido. El precio de los combustibles y las materias primas se hayan en históricos y la inflación alcanza ya en nuestro país el 10,2%, la más alta en 37 años, como consecuencia de la incertidumbre económica provocada por la guerra de Ucrania. Si queremos evitar un enquistamiento de la situación, afirman los economistas, es necesario «un acuerdo para repartir equitativamente los costes que esta crisis supone, evitando el inicio de una espiral de precios y salarios que tendería a enquistar la inflación».

Gobierno, patronal y sindicatos coinciden en el diagnóstico, por no son capaces de lograr un consenso de mínimos sobre cómo plantear dicho pacto de rentas. Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE); Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), y Jordi Alberich, vicepresidente coordinador del Instituto de Estudios Estratégicos, debaten acerca de las posibles formas de abordar la situación.

¿Por qué un pacto de rentas?

Para Jordi Alberich, la clave pasa por conseguir domar la inflación y, a su vez, transmitir a la sociedad que «todos los perceptores de rentas, de uno u otro tipo, compartimos de manera equitativa el coste de la inflación». El pacto de rentas ha de constituirse, afirma, como «el eje central de la lucha contra el alza de precios», ahora que sabemos que la inflación ha venido para quedarse.

La situación ante la que nos encontramos supone un antes y un después. Por tanto, afirma Valentín Pich, es necesaria la formulación de un nuevo pacto social de gran alcance «a la manera de lo que fueron los Pactos la Moncloa, con la participación del mundo político, económico y social».

El objetivo es una mayor simetría entre los agentes económicos. Ante la espiral de precios y el empobrecimiento de buena parte de la sociedad, no vale «tratar de pasarle la pelota al vecino, subiendo nuestros precios o salarios», afirma Ángel de la Fuente. Si optamos por lo segundo, explica el director ejecutivo, seguiremos siendo más pobres, pero pondremos en marcha una espiral inflacionista que agravará el problema.

¿Qué medidas debería incluir el pacto?

A la dificultad para alcanzar un consenso entre intereses muy dispares, se añade la necesidad de que este sea lo más amplio y robusto posible. Entre las medidas que los economistas consideran que deberían articular el pacto:

• Los agentes sociales y el gobierno deberían consensuar de manera urgente un pacto de rentas amplio que incluya a empleados públicos y pensionistas al nivel que corresponda.
• También habría de incrementarse aún más la protección a los ciudadanos en riesgo de exclusión y a los sectores productivos más golpeados por el alza de precios mediante ayudas directas en forma de transferencias no condicionadas.
• Debería deflactarse la escala de gravamen del IRPF, ajustando al alza los intervalos de renta a los que se aplica cada tipo, con el fin compensar la pérdida de poder de compra real de las rentas.

Alberich destaca la conveniencia de alcanzar un acuerdo para moderar los ingresos de los trabajadores, empleados públicos y pensionistas, así como las rentas del capital y los márgenes empresariales; y propone «definir políticas públicas orientadas a los ciudadanos en riesgo de exclusión y los sectores productivos más golpeados por el alza de precios; y deflactar los tipos del IRPF, para ajustarlos al poder de compra real».

Según Valentín Pich, debería contemplarse la deflactación de la escala de gravamen del IRPF, «que, si bien podría tener una incidencia en el aumento de precios, no deja de ser un mal menor en comparación con la enorme pérdida de poder adquisitivo que están sufriendo los contribuyentes, especialmente los de rentas bajas y medias».

¿Nuevos impuestos?

En cuanto a los nuevos impuestos a las compañías energéticas y a las entidades financieras anunciados este martes por el presidente del Gobierno, el Consejo General de Economistas y Fedea han advertido, a la espera de una mayor concreción, que la introducción de impuestos ad hoc que graven de forma diferenciada a determinados sectores no suele ser recomendable.

De lo contrario, se introduce un elemento de inseguridad jurídica que desincentiva la inversión y la actividad económica. Por otra parte, los impuestos a las eléctricas deberían ser diseñados con cuidado pues ya existen otros mecanismos para detraer posibles rentas extraordinarias del sector y, como advierte la Comisión Europea, un exceso de celo en esta línea tenderá a desincentivar la inversión en nueva capacidad renovable.

En cuanto al gravamen a las entidades financieras, los expertos recuerdan que, durante seis años de tipos en negativo, el sector ha operado con márgenes muy estrechos. Esto se suma al hecho de que la banca ya soporta un tipo nominal más alto en el impuesto de sociedades, por lo que esta medida «podría tener efectos negativos para un mercado ya bastante presionado, y desincentivar la inversión».