Cada 3 de febrero se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Abogado. En la Comunitat Valenciana al cierre de diciembre de 2021, había 14.181 letrados, aunque el numero de colegiados, es decir, ejercientes y no ejercientes, en los 8 colegios que integra la Comunitat ascendía a 21.871.

Economía 3 quiere acercarse a esta figura y conocer de primera mano cómo ayuda a la sociedad en su conjunto, y a la empresa en particular, a llevar a cabo sus desafíos y proyectos. Hablamos con dos firmas valencianas con fuerte arraigo; ellas son: Niñerola Abogados y SCG International Law. Además contamos con la opinión de Pedro Antonio Gil Palencia sobre el modelo 720.

Asimismo, para tener una visión holística de la profesión y del estado en el que se encuentra actualmente la justicia en la Comunitat, hablamos con Ángela Coquillat, presidenta del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, el órgano que aglutina los ocho colegios de abogados de la Comunitat Valenciana. Además Coquillat es la vicepresidenta del ICAV.

– ¿Cuál es situación actual de la justicia, qué aspectos ha puesto más evidencia la pandemia?

– Como sabéis la pandemia suspendió plazos y términos de toda la actividad judicial; quedó prácticamente paralizada, salvo causas con presos, materias que afectaban a derechos fundamentales… pero hablamos de unas 20.000 actuaciones suspendidas. Este hecho, con una justicia que hubiera ido «en tiempo», a lo mejor se hubiera revertido más fácilmente; el problema es que nuestra justicia ya estaba en la «UVI» y la pandemia vino a ralentizar todo mucho más. No obstante, durante ese tiempo, nosotros seguimos asistiendo a los detenidos en los juzgados de guardia, en las comisarías y en los calabozos, y los abogados laboralistas trabajaron mucho con el tema de los ERTE. Pero actualmente, tenemos que reconocer que los retrasos que se acumulan son muy importantes; por ejemplo, juicios de lo social, del plano laboral, ya hay señalamientos para finales del año 2023.

– ¿Por qué tenemos una justicia así de lenta?

– Por falta de medios materiales y personales, a lo que se añade un aumento de la judicialización importante. Todo se judicializa, cualquiera que tenga un problema acude a la justicia desechando medios alternativos como son la mediación o el arbitraje.

– ¿Cómo podemos revertir la situación?

– Remontarla va a ser muy difícil, si no se amplían los medios; porque los juzgados acumulan mucho retraso. También hay mucha rotación de jueces, no tanto en València capital, sino sobre todo, en otros municipios; y eso tampoco ayuda a acelerar los procesos.

– También sigue habiendo mucho papel…

– Por supuesto, ese es otro de los hándicap: no tenemos expedientes electrónicos en la justicia, ni siquiera están digitalizados; es el propio abogado el que por sus medios puede escanearse los tres tomos, por ejemplo, de un expediente.

– ¿Y hay procesos en marcha para cambiar este hecho?

– El proyecto de digitalización de la justicia existe; pero desde luego, hace falta mucha inversión y recursos. Es decir, no se hará de un día para otro. Todo es muy lento. Además el sistema de notificación que tenemos tampoco está unificado. En algunos casos se nos notifica aún por carta certificada. Son muchos los juzgados que no están incluidos en la plataforma que utilizamos: los juzgados de vigilancia penitenciaria, los de menores, la fiscalía, la abogacía del Estado o de la Generalitat… Y luego, hay que tener en cuenta que cada comunidad tiene su propia plataforma,…

Por lo tanto, digitalizar toda la justicia con un único sistema de notificaciones, en todo el territorio español es una prioridad para normalizar la marcha de la misma.

– ¿Está habiendo muchas suspensiones de la actividad actualmente por causa de la COVID?

– Sí las está habiendo, porque puede estar confinado el juez, el testigo, el abogado… y en nuestro caso, estamos atentos de que se respete esa baja médica y laboral, y haya otro señalamiento lo más pronto posible, porque si has llevado el asunto durante cuatro años no tiene sentido buscar un sustituto por esos 7 días de confinamiento.

– ¿Y desde los Colegios cómo se ido dando respuestas a estas nuevas situaciones y a las que acarreó la pandemia?

– Estando muy pendientes de nuestros colegiados. Por ejemplo en el ICAV, aceleramos mucho nuestra apuesta por las nuevas  tecnologías. Hicimos una inversión muy importante para digitalizar procesos. Había que evitar que cada vez que un compañero necesitara un certificado tuviera que desplazarse. Apostamos por la formación vía streaming  (ahora mantenemos el formato híbrido) y estuvimos mandando un recopilatorio con los cambios legislativos diarios que salían. Además establecimos una app para que los compañeros en los juzgados puedan reportar cualquier situación anómala, como forma de poderles dar amparo. En general, los Colegios estuvimos ahí y pudimos mantener todos los servicios que damos a la abogacía.

«Solo puede ser justa la justicia si es capaz de resolver a tiempo»

– En general, ¿cuál es el clamor de la abogacía?

–  Piden celeridad, no puede ser que en un asunto se dicte un señalamiento para un testigo y hasta cuatro meses después no se dicte para otro… Los asuntos se alargan eternamente y eso no es bueno para nadie. Y tampoco para nosotros, porque no nos engañemos, los abogados cobramos cuando el asunto está resuelto.

Se ha de invertir en la justicia como se invierte en otras necesidades y habría que reivindicarlo así. El problema es que el ciudadano no participa de la justicia hasta que no está inmerso en un procedimiento. Hay clientes que nos dicen: «Nunca me hubiera imaginado que este procedimiento iba a alargarse durante cinco años». Y así es. Ahí es cuando se dan cuenta de las deficiencias y de que no es una justicia justa, porque la justicia justa es la que resuelve a tiempo.

Yo muchas veces a mis clientes les intento hacer ver que es mejor intentar negociar (en penal es verdad que no tiene cabida la mediación, salvo en menores), pero siempre antes de interponer un procedimiento es mejor intentarlo por otras vías.

-¿Por qué sigue sin extenderse la mediación?

– Falta cultura mediadora, pero los ciudadanos tienen que saber que la mediación es más rápida; más barata y completamente confidencial –no vas a aparecer en ninguna base de datos como sí puede ocurrir ante un litigio–.

Además una cuestión muy importante, es que cuando tú demandas en un procedimiento civil, demandas por una cuestión concreta que tiene cabida en la ley, pero ahí, detrás del conflicto, hay un fondo, al que un juez no va a llegar; se va a limitar solo a resolver el asunto concreto. Pero en cambio la mediación, sí que analiza todo el proceso, el trasfondo que puede haber detrás y da una solución completa.

Por eso, entiendo como fundamental que en la mediación haya una participación de la abogacía; porque los mediadores de otras profesiones no conocen en profundidad el derecho y pueden finalizar la mediación con un acuerdo que sea contrario a derecho. Y por otro lado, veo también necesario que participen en la mediación los abogados de las partes, como ocurre en el sistema americano.

Si creáramos una cultura de la mediación, habría muchos asuntos que se podrían resolver por esa vía y descongestionarían en gran medida los juzgados.