La Consellera de Economía Sostenible ha presentado este lunes una propuesta para que Feria Valencia y la Institución Ferial Alicantina (IFA) adquieran una forma jurídica similar a la de las cámaras de comercio o los colegios profesionales y se configuren como corporaciones de interés público privadas, bajo la «tutela y el control públicos» de la Generalitat.

La financiación de ambas instituciones sería privada, como ahora, y podrían recibir subvenciones públicas, siempre que no superen el 50% de sus ingresos. La fórmula permite así la búsqueda de operadores económicos internacionales que puedan colaborar en desarrollo de la actividad ferial, ha explicado el subsecretario de la Conselleria Natxo Costa.

La solución ideada por Economía plantea llevar al pleno del Consell un Decreto-Ley por vía «urgente» para la reconversión jurídica de las instituciones feriales valencianas, con voluntad de que se tramite como proyecto de ley ante Les Corts Valencianes.

El decreto-ley entraría en vigor de manera inmediata y en el plazo máximo de un mes desde su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV), el parlamento valenciano tendría tres opciones: primera, convalidarlo; segunda, rechazarlo (en este último caso solo habría estado en vigor un mes); y tercera aceptarla como proyecto de ley y tramitarla para su debate y modificaciones oportunas en la cámara y así acabar convirtiéndose en ley.

La propuesta, presentada ante los empresarios, así como a la Conselleria de Hacienda, y remitida al Ayuntamiento de Valencia y a las Cámaras de Comercio, pretende «reconocer de facto y por ley lo que en la práctica ya venía pasando» y viene a resolver la «incorrecta» definición de la naturaleza jurídica de las ferias, ajustándose «perfectamente» a la normativa en materia de ferias, ha subrayado Costa.

En su opinión, constituye además una «oportunidad histórica para definir la colaboración entre las cámaras y las ferias en materia de internacionalización» y asegura que es una solución «tan buena» que «la copiarán en pocos años» y otras ferias se convertirán en ‘corporaciones de interés público’.

Natxo Costa cree que la propuesta «gustará» a los posibles socios interesados en la gestión de las ferias valencianas puesto que «la relación es con una entidad privada sometida a tutela» pública. En este sentido, ha apuntado que aunque no estén sometidos a la Ley de Contratos Públicos del Sector Público, sí se plantea que la búsqueda de socios se haga «siguiendo los mecanismos» que plantea la norma, por diálogo competitivo, al igual que hacen instituciones como las cámaras de comercio.

En todo caso, las soluciones para la gestión de los recintos, que puede ser uno, los dos o por separado, pueden ser «diferentes» y Costa espera que los operadores aporten iniciativas en este sentido.

Impacto «cero» en la plantilla

En cuanto al impacto en la plantilla, el subsecretario de Economía ha asegurado que será «cero», puesto que a pesar de cambiar la naturaleza jurídica, las entidades continuarán existiendo. «Estarían en patrimonio público los terrenos de Feria Valencia e IFA pero la entidad no estaría en el sector público», de modo que sus trabajadores seguirán rigiéndose por el derecho laboral, no serán del sector público, ha precisado.

«Otra cosa es que a partir de ahora, por la situación provocada por la pandemia de la Covid-19 o por la evolución del mercado ferial, en el futuro haya que hacer alguna acción no prevista a fecha de hoy», ha puntualizado.

Tras analizar otros modelos feriales como los de Madrid o Barcelona (consorcios), Galicia (fundaciones), Andalucía (empresas municipales) o Bilbao (S.A.), Economía ha resuelto que ninguna se ajusta a la realidad de las ferias valencianas. Así, opta por la fórmula de la corporación de derecho público, sin ánimo de lucro, bajo una tutela de Generalitat que comprende el ejercicio de potestades administrativas de aprobación, fiscalización y resolución de recursos, suspensión y disolución.

Por su parte, el patronato, órgano supremo de gobierno y representación de la institución ferial, estará compuesto por un número no inferior a 30 ni superior a 60 vocales: un tercio representantes de las empresas expositoras; representantes de organizaciones empresariales territoriales y sectoriales; de cámaras de comercio; y de las administraciones públicas que no podrán superar un tercio de los miembros.

En el caso de Feria Valencia, cuyas cuentas sufren el impacto de la falta de actividad como consecuencia de la pandemia y de la cuenta acreedora creada por la Generalitat en el proceso de subrogación de la deuda que arrastra el recinto ferial desde sus obras de ampliación –y que asciende a 474 millones de euros–, Natxo Costa cree que aunque el 31 de marzo se deben presentar las cuentas a auditoría, esta sabrá valorar que sus problemas económicos «están en vías de solución» y no se decretará la disolución de Feria Valencia.

Desde su punto de vista, la auditoría podrá incluir en «hechos posteriores» todos los «avances en marcha»: la mutación demanial de las instalaciones de Feria Valencia del Ayuntamiento a la Generalitat para resolver el problema patrimonial, los hasta 10 millones de euros en ayudas que la Generalitat tramita para paliar las pérdidas provocadas por la Covid y ahora la propuesta nueva forma jurídica en el marco del proceso de reestructuración de las ferias.

Hacienda, «un poco fuera de juego»

El conseller de Economía Sostenible, Rafa Climent y el subsecretario de Economía, Natxo Costa, han trasladado la propuesta al conseller de Hacienda, Vicent Soler, y a la secretaria autonómica de Hacienda, Maria José Mira, respectivamente.

Según Natxo Costa, en Hacienda han acogido la solución plantada por Economía con «sorpresa y dudas». «Se han quedado un poco fuera de juego», ha comentado. No obstante, defiende que la propuesta «responde a las inquietudes que pudieran tener» y da a las ferias valencianas «flexibilidad» para competir en igualdad de condiciones con otros recintos internacionales.

Desde el departamento de Vicent Soler han precisado que el contenido de propuesta les ha sido remitido «esta misma mañana», por lo que no han querido valorarla hasta poder «estudiar su contenido en profundidad«.

En todo caso, han recordado que entre los objetivos sigue estando la reestructuración de Feria Valencia para hacerla sostenible en el medio y largo plazo: es decir, definir su forma jurídica, subrogar la deuda, analizar su modelo de negocio a futuro y evaluar sus necesidades de infraestructuras y de personal para desarrollar ese negocio.

También «optimizar los usos de las infraestructuras». Es decir, «mantener la parte que sea necesaria para el desarrollo de la actividad ferial, analizar nuevas actividades que puedan desarrollarse también (como la celebración de eventos) y evaluar nuevos usos complementarios con la actividad ferial siempre que sean de carácter público».

En este sentido, desde Hacienda señalan que «el modelo que plantea Economía debe cumplir con estos grandes objetivos, que insistimos, no son objetivos fijados por Hacienda, sino por el conjunto del Consell».