La incertidumbre que generó el ciberataque al SEPE en los desempleados fue máxima al no cobrarse las prestaciones de febrero. Desde CCOO PV, Ana García, Secretaria de Formación y Ocupación del sindicato en la Comunitat, trata de tranquilizar a los parados y apunta que una vez se restaure el sistema operativo del Servicio Público de Empleo Estatal, «las prestaciones y las renovaciones del paro se realizarán automáticamente». La gran pregunta que se hacen los afectados es cuándo cobrarán las ayudas al desempleo.

Una incógnita sin resolver, ya que no hay una fecha clara de cara al pago tanto de las prestaciones de febrero y las futuras de marzo que tendrían lugar el 10 de abril. Un parón en los pagos que tendrá paralizada las prestaciones hasta que se solucione el boicot informático, generando así una incertidumbre más que no ayuda en tiempos de pandemia. Por el momento, también se desconoce el número total de afectados: «Hasta que no se restaure el sistema informático no podremos saber el número concreto de afectados por el ciberataque» añadió García. Tampoco se ha dado una ayuda a corto plazo que sustituya las prestaciones sin pago.

¿Qué solución habrá para el retraso de las prestaciones?

A partir del ciberataque, según el Ministerio de Trabajo y el Centro Criptológico Nacional, se han contratado expertos informáticos para devolver la normalidad lo antes posible. También se está buscando reforzar y mejorar la seguridad de cara a posibles ataques en un futuro. Además, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya tranquilizó a los inscritos en el SEPE cuando se produjo el ciberataque: «No hay riesgo respecto al pago de las prestaciones ni de filtración de datos».

Sin embargo, como nos ha explicado Santiago Álvarez, portavoz de CSIF en el SEPE de la provincia de Valencia, se prevé que los pagos atrasados se puedan cobrar en los próximos días, aunque no está totalmente seguro: “En teoría, las prestaciones a los demandantes las recibirán a principios del mes de abril, pero tenemos dudas de que el sistema se pueda restaurar tal y como se encontraba antes, lo que haría imposible el cumplimiento de los pagos”.

El SEPE es, y más en tiempos de covid, una institución muy importante de la que dependen 100.000 prestaciones diarias, de las cuales 700.000 mensuales pertenecen a los ERTE que se han producido a partir de la pandemia. La Comunitat Valenciana registra 90.329 personas afectadas por las regulaciones temporales de empleo, colocándose la cuarta comunidad con más casos desde que empezó la pandemia. Según el último informe de datos de los registros del SEPE, los parados en la Comunitat ascendieron en enero a 456.158 personas, mientras que el número total de demandantes de ayuda por desempleo creció hasta los 925.894. En el mes de enero y según el mismo informe, en la Comunitat se repartieron 248 millones de euros en prestaciones por desempleo para todos los demandantes de esas ayudas.

¿Qué consecuencias va a tener en la institución?

En estos momentos, tal y como se indica al entrar en la web de Empleo, solo se encuentra disponible la presolicitud de prestación individual y la posibilidad de concertar una cita previa en cuanto a solicitud de ayudas. Por el contrario, en materia de información, la web funciona ya al completo. Además, después de una semana de inactividad, las oficinas están abiertas de cara al público.

El CSIF ha dotado al SEPE de un plan extraordinario para acabar cuanto antes con los problemas y el retraso que ha causado el ciberataque, en el que exigirá una reestructuración y aumento de la plantilla en 3000 empleados más para soportar la carga de trabajo, poder así doblar turnos para abordar el problema y una modernización completa de los equipos y sistemas informáticos, los cuales, ha explicado Santiago Álvarez, portavoz de CSIF en el SEPE de la provincia de Valencia, tienen más de 30 años de uso.

Huelga prevista para final de marzo

Aparte del bloqueo informático, la Federación de Atención a la Ciudadanía de Uso (FAC-USO) ha anunciado dos días de huelga en el SEPE. Los días 29 y 30 de marzo, de 7:00 a 22:00, se llevará a cabo una protesta mediante la inactividad laboral para reclamar mejoras que los empleados llevan pidiendo desde el 4 de febrero de este año. Las principales medidas que se exigen son: Actualización de los programas informáticos, además del material de oficina; establecimiento de directrices comunes de gestión para todas las direcciones provinciales del organismo, el reconocimiento del derecho de la plantilla en materia de traslados y concursos y el fin de la precariedad que atañe al personal interino.

Álvarez, pese a estar de acuerdo con las medidas que propone FAC-USO, no cree que este sea el momento correcto para demandarlo: “Es una irresponsabilidad por parte de los trabajadores acatar esta huelga tal y como está la situación. Tienen libertad para protestar y manifestar sus desacuerdos, pero ahora mismo no es lo idóneo”. Añade que perjudicará más a los desempleados: “La huelga va a ser más dañina para los usuarios de las prestaciones por desempleo que el posible beneficio que nos puedan dar”.