El Gobierno ha aprobado este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario un real decreto de medidas de apoyo a la solvencia empresarial que incluye la prórroga de la suspensión del deber de pedir el concurso de acreedores, que expiraba el próximo domingo.

En noviembre el Gobierno dio luz verde a un real decreto de medidas económicas que, entre otras cosas, ampliaba hasta este marzo la suspensión del deber de pedir el concurso de acreedores, es decir, la moratoria ya existente para que las empresas insolventes declaren concurso de acreedores.

Anteriormente, en abril, debido a la pandemia de coronavirus, el Gobierno ya había llevado dicha moratoria hasta el 31 de diciembre, para hacer frente al previsible incremento de procesos concursales en los juzgados de lo Mercantil. Ahora, el Gobierno extiende de nuevo la moratoria concursal con el fin de que las empresas viables en condiciones normales de mercado cuenten con instrumentos legales que les permitan mantener su actividad y el empleo.

De este modo, se amplían las moratorias relativas a la exención del deber del deudor de solicitar la declaración de concurso y la no admisión a trámite de las solicitudes de concurso que presenten los acreedores, así como el plazo para renegociar, tanto los acuerdos de refinanciación y acuerdos extrajudiciales de pago como los propios convenios concursales

Asimismo, se amplían hasta el 31 de diciembre las medidas procesales que agilizan los procesos, como la tramitación preferente y el fomento de la subasta extrajudicial.

En la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha explicado que esta extensión permitirá «restablecer los equilibrios patrimoniales de empresas o abordar su reestructuración sin desencadenar procesos innecesarios de destrucción de valor».

Todo ello, mientras se «moderniza y agiliza el régimen concursal», con la transposición de la directiva de la UE sobre reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas.

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recordado que se trabaja ya en la modificación de la ley concursal, proyecto que prevén presentar «en breve» siempre con el objetivo de «evitar la quiebra de empresas».

Pago deudas tributarias

Por otro lado, el Gobierno ha ampliado de tres a cuatro meses el periodo para poder retrasar el pago de deudas tributarias sin intereses de demora en el marco de las nuevas medidas aprobadas este viernes para apoyar a las empresas y autónomos más afectados por la pandemia. En diciembre pasado, el Gobierno permitió a autónomos y pymes aplazar sus deudas tributarias de hasta 30.000 euros durante seis meses, los tres primeros sin intereses, que correspondan a las declaraciones del primer trimestre de 2021.

Esta medida, similar a la adoptada en los primeros momentos de la pandemia permite a que quienes se acojan a ella que en lugar de pagar sus impuestos en abril podrán retrasarlo a octubre con el objetivo de evitar tensiones de tesorería. Ahora «se aumenta a cuatro meses el periodo para poder retrasar este pago de deudas tributarias sin intereses de demora», recoge la nota de prensa del Ministerio de Asuntos Económicos.