Calviño avisa que el apoyo público a los ERTE no puede servir para despedir

La vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha avisado de que el «importante» apoyo público a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) vinculados a la pandemia del coronavirus, con exoneraciones a las empresas, «no puede servir para abordar procesos de despido más adelante».

En rueda de prensa tras la reunión de la Mesa de Diálogo Social en la que ha participado Calviño y varios ministros económicos además de patronal y sindicato para analizar las reformas y planes que serán financiados con los fondos europeos de reconstrucción, la vicepresidenta económica ha confiado en que «cuanto antes haya un nuevo acuerdo» sobre la extensión de los ERTE más allá del 31 de enero.

El Gobierno y los agentes sociales han decidido darse más tiempo para negociar la prórroga del nuevo esquema de ayudas de los ERTE después de que el Ministerio de Trabajo haya puesto encima de la mesa una nueva propuesta.

Entre las reclamaciones de la patronal está la de modificar la cláusula de salvaguarda del empleo, para que las empresas puedan despedir a trabajadores devolviendo solo las ayudas recibidas por esos empleados y no por la totalidad de la plantilla.

Hasta el 31 de mayo

Sin embargo, Calviño ha puntualizado que «nadie duda de que el apoyo público tan importante hecho por la sociedad para financiar cotizaciones y prestaciones a trabajadores no puede servir para abordar procesos de despido más adelante».

De momento, Gobierno y agentes sociales coinciden en prorrogar la protección durante cuatro meses más, hasta el 31 de mayo, para los 755.613 trabajadores que hay en ERTE.

Fuentes del diálogo social han asegurado que se van a mantener los esquemas de exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, aunque es posible que se modifiquen algunos sectores o actividades protegidos por ellos.

La vicepresidenta económica ha confiado en que el nuevo acuerdo dé confianza, estabilidad y seguridad jurídica tanto a empresas como a los trabajadores para poder abordar «estas semanas duras» que vienen.

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