Mujeres al Timón
El Gobierno español aprobó el pasado mes de octubre un nuevo impuesto para gravar la actividad de las grandes empresas tecnológicas, la conocida como ‘tasa Google‘. Un impuesto que entra en vigor este próximo sábado 16 de enero y con el que el Ejecutivo espera ingresar este año 968 millones de euros. Propuesto inicialmente en 2018, el objetivo que persigue es «avanzar hacia la fiscalidad del siglo XXI», según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Como reza el texto de la Ley 4/2020 por la que se aprueba este impuesto, «las actuales normas relativas al impuesto sobre sociedades no resultan ya apropiadas para gravar los beneficios generados por la digitalización de la economía».
De este modo, el impuesto sobre determinados servicios digitales es un tributo de naturaleza indirecta que grava las prestaciones de determinados servicios digitales en que exista intervención de usuarios españoles. En concreto, gravará con un 3% los ingresos de las grandes multinacionales tecnológicas -aquellas que facturan más de 750 millones de euros en el mundo o más de 3 millones en España, como son Google, Facebook o Amazon– obtienen de los servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario.
Servicios exentos del impuesto
No estarán sujetos al impuesto servicios como:
- Las ventas de bienes o servicios contratados en línea a través del sitio web del proveedor de esos bienes o servicios, en las que el proveedor no actúa como intermediario.
- Las entregas de bienes o prestaciones de servicios que tengan lugar entre usuarios, en el marco de un servicio de intermediación en línea.
- Las prestaciones de servicios de intermediación en línea, cuando la única o principal finalidad sea suministrar contenidos digitales a los usuarios o prestarles servicios de comunicación o servicios de pago.
- Las prestaciones de servicios financieros regulados por entidades financieras reguladas.
- Las prestaciones de servicios de transmisión de datos, cuando se realicen por entidades financieras reguladas.
- Las prestaciones de servicios digitales cuando sean realizadas entre entidades que formen parte de un grupo con una participación, directa o indirecta, del 100%.
¿Cuáles son las sanciones a quien no pague?
Para aquellos que incumplan con el pago del impuesto sobre determinados servicios digitales, la norma prevé sanciones del 0,5% del importe neto de la cifra de negocios del año natural anterior, con un mínimo de 15.000 euros y un máximo de 400.000 euros por cada año natural en el que se haya producido el incumplimiento.
¿Cómo afectará al consumidor?
Según recoge la norma, la tasa Google no afectará a los consumidores de servicios digitales. Sin embargo, alerta la patronal tecnológica Ametic que los principales perjudicados por el tributo serán las pequeñas y medianas empresas (pymes) y consumidores ya que el coste del impuesto será transferido a las compañías usuarias de los servicios gravados, que trasladarán una parte al precio final que paga el consumidor.
Estima que las empresas españolas usuarias de los servicios digitales verán reducidos sus beneficios entre 450 millones y 562 millones de euros, sumando el incremento del coste de uso de plataformas y marketing online y la disminución de las ventas por el traslado de parte del precio al cliente final. «Este efecto en el beneficio de las empresas españolas tendrá una repercusión económica negativa de hasta 662 millones de euros sobre el PIB nacional», indican.
Por su parte, expertos como Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas, o Santiago Carbó, catedrático de la Universidad de Granada e investigador del IVIE, coinciden en señalar que es poco probable que el coste del impuesto sobre determinados servicios digitales se acabe trasladando al consumidor o el usuario, ya que además de tratarse de cantidades asumibles por grandes empresas, el tributo afecta a un sector en el que hay una gran competencia.
Recaudación en duda
El Gobierno de España espera ingresar este año 968 millones de euros por la tasa Google, en cambio, los expertos dudan de que logre la recaudación prevista y también descartan que vaya a suponer un lastre para la economía española. Raymond Torres no cree que se alcance debido tanto a la crisis económica por la pandemia del coronavirus como a que el tributo necesitará cierto tiempo para consolidar su capacidad de recaudación.
Tampoco Santiago Carbó cree que se vaya a lograr la recaudación prevista que, en cualquier caso, será «marginal» para el volumen de negocio de las tecnológicas, que, además, «está creciendo como nunca» por la pandemia. «No se anticipa un impacto muy negativo», añade Torres.
A pesar del escaso impacto, a estas empresas «les molesta» que se les grave porque, una vez que son observadas, la presión fiscal «solo puede aumentar», considera Carbó, un aspecto en el que Torres aboga por un proceso gradual que acerque la tributación de estos sectores a la «normal» del resto de empresas.
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